Tesis Política: contra toda forma de explotación

18.Abr.08    Boletines
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TESIS POLÍTICA
CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN

PROPUESTA DE LA COORDINADORA POR LA AUTODETERMINACIÓN SOCIAL
(LA PAZ) AL ENCUENTRO NACIONAL

Índice

I Antecedentes históricos
1.1 El Estado nacionalista de 1952
1.2 El Estado neoliberal y el acentuamiento de la crisis de dependencia
1.3 Octubre del 2003

II Hacia una nueva reestructuración del viejo estado liberal
2.1 El proyecto demo-liberal del MAS
2.2 Una breve mirada a la política económica del MAS
2.3 ¿Por qué la lucha de los sectores oprimidos y explotados no puede llegar a su liberación completa y definitiva?
2.4 El gobierno del MAS: una alternativa reformista a la revolución

III El proyecto de Estado de los organismos corporativos empresariales
3.1 Características del estado corporativo fascista
3.2 Los “estatutos autonómicos”
3.3 Expansión del gran latifundio y expropiación o reversión de la pequeña propiedad
3.4 Se toma atribuciones propias de un estado nacional
3.5 Control absoluto de los recursos naturales por el gobierno departamental
3.6 El desmoronamiento de la institucionalidad “democrática”
3.7 Emergencia del estado corporativo fascista en un momento marcado por el advenimiento de una crisis financiera capitalista

IV La situación actual y el movimiento popular

V Una salida popular a la crisis estatal burguesa: recuperar la agenda de octubre


TESIS POLÍTICA
CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN

PROPUESTA DE LA COORDINADORA POR LA AUTODETERMINACIÓN SOCIAL
(LA PAZ) AL ENCUENTRO NACIONAL

Índice

I Antecedentes históricos
1.1 El Estado nacionalista de 1952
1.2 El Estado neoliberal y el acentuamiento de la crisis de dependencia
1.3 Octubre del 2003

II Hacia una nueva reestructuración del viejo estado liberal
2.1 El proyecto demo-liberal del MAS
2.2 Una breve mirada a la política económica del MAS
2.3 ¿Por qué la lucha de los sectores oprimidos y explotados no puede llegar a su liberación completa y definitiva?
2.4 El gobierno del MAS: una alternativa reformista a la revolución

III El proyecto de Estado de los organismos corporativos empresariales
3.1 Características del estado corporativo fascista
3.2 Los “estatutos autonómicos”
3.3 Expansión del gran latifundio y expropiación o reversión de la pequeña propiedad
3.4 Se toma atribuciones propias de un estado nacional
3.5 Control absoluto de los recursos naturales por el gobierno departamental
3.6 El desmoronamiento de la institucionalidad “democrática”
3.7 Emergencia del estado corporativo fascista en un momento marcado por el advenimiento de una crisis financiera capitalista

IV La situación actual y el movimiento popular

V Una salida popular a la crisis estatal burguesa: recuperar la agenda de octubre

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Históricamente Bolivia ha constituido el eslabón débil de la cadena del sistema capitalista en Sudamérica; en referencia al país se decía en las décadas pasadas (cuando existía una poderosa COB y un proletariado minero altamente politizado) que constituía en Latinoamérica el único país donde las condiciones objetivas y subjetivas –para una revolución radical de las estructuras de dominio impuestas sobre el pueblo- están al orden del día. ¿Es posible aun sostener esta tesis?

La profunda crisis estatal que vive hoy Bolivia constituye sin duda una respuesta contundente a la pregunta planteada, es sin duda un síntoma revelador no sólo del fracaso del proyecto neoliberal impulsado en el país desde 1985, sino del propio proyecto estatal liberal del 52.

I Antecedentes históricos

1.1 El Estado nacionalista de 1952

Los propósitos emancipadores de la revolución del 52 se derrumbaron a partir del momento mismo que la dirección movimientista del proletariado minero, que protagonizó junto al movimiento obrero fabril una de las revoluciones obreras más heroicas de la historia de las luchas sociales en Latinoamérica, cede el aparato estatal a una pequeña burguesía intelectual cuyo único interés era constituirse un día en burguesía nacional.

El Estado “nacionalista” emergente en Abril del 52 si bien ideológicamente era guiado por la lógica liberal burguesa, en la práctica la clase dirigente la constituían las capas intelectuales de la pequeña burguesía movimientista que habían tomado para sí la tarea de edificar un Estado Nacional, que buscaba entre otras cosas, consolidarse ella misma como burguesía, liquidar los restos del latifundio imperantes (Reforma Agraria), ensanchar las bases sociales del Estado (Sufragio Universal), ampliar el mercado interno e incluir a los campesinos en el mismo; en fin desarrollar la industria nacional y la agro industria a cuyo objetivo se destinaron porcentajes altos de los excedentes generados por la minería nacionalizada.

Sin embargo, los ideales de construir un Estado nacional independiente, en el que la toma de decisiones corresponda al interior del estado poco a poco fueron dejados de lado por la sumisión al imperialismo yanqui y la toma de decisiones en la embajada de la metrópoli imperialista. La emergente burguesía nacional así demostró su incapacidad para oponerse al poder imperial externo y termino por someterse anulando de un plumazo todas sus supuestas intenciones de construir un estado nacional independiente.

1.2 El Estado neoliberal y el acentuamiento de la crisis de dependencia

El Decreto Supremo 21060 promulgado por el gobierno de Víctor Paz Estensoro en 1985 marca el inicio del proceso de reestructuración del Estado nacionalista. Con este decreto emerge una forma estatal que sigue al servicio de los mismos intereses de clase, sin embargo, los centros neurálgicos del poder ahora obedecen a algunas capas de esta clase social (principalmente la burguesía financiera y compradora); se trata de un estado que ya no participa del desarrollo del aparato productivo y más bien se somete “al libre juego de la oferta y demanda” que pregona el mundo neoliberal globalizado.

Supuestamente el neoliberalismo, -el decreto supremo 21060 así lo dice- estaba llamado en nuestro país a generar un “desarrollo nacional liberador”, debía generar tal cantidad de excedentes y empleo que superaría los 500000. Sin embargo, la realidad que vivió el país tras 20 años de imposición neoliberal ha sido desastroso para los sectores populares; se ha acentuado la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas manos, se ha acentuado el saqueo de nuestros recursos naturales, el debilitamiento del estado se evidencio aún más desde el momento que los centros neurálgicos generadores de excedente tenían como su eje a las transnacionales, la falta de recursos estatales para hacer frente a necesidades básicas de la población aún son evidentes, el desempleo y la miseria han crecido a niveles alarmantes.

A este decreto funesto se sumaron otros igual de catastróficos para nuestro pueblo bajo la administración gonista, los mismos que trataban de respaldar el rumbo neoliberal del estado. Como apuntamos más arriba a partir de 1985 se ha producido la reestructuración del aparato estatal burgués a favor del capital transnacional y de las capas de la burguesía mas estrechamente ligadas al mismo como la burguesía financiera, la burguesía comercial importadora, los terratenientes. Es producto de esta ofensiva que surgen los decretos de capitalización, participación popular y reforma educativa, los mismos tienen un origen común en los organismos financieros internacionales, que intervienen directamente en la toma de decisiones y dictan las medidas que se deben aplicar en todos los países semicoloniales en función del “nuevo orden mundial neoliberal” . El gonismo no solo que compartía los ideales neoliberales, sino que ejecutó como buen lacayo al milimetro todas las medidas dictadas por el FMI y el Banco Mundial.

El proceso de capitalización significó la privatización de las empresas estatales estratégicas que la revolución del 52 nacionalizó (: ENFE, ENDE, YPFB, LAB, Corporaciones de Desarrollo, etc.) en beneficio de las corporaciones multinacionales; en este proceso la raquítica empresa privada nacional ni siquiera fue tomada en cuenta, a pesar de ello los empresarios privados siempre manifestaron su apoyo al proceso neoliberal siendo que –paradójicamente- no solo era el pueblo explotado el gran perdedor de estas medidas, sino algunos sectores de la propia burguesía nacional: los industriales que pese a ello apoyaron siempre el modelo neoliberal.

La capitalización ha tenido funestas consecuencias para el país, no solo por la falta de transparencia de las privatizaciones que se refleja en el poco rédito que ha recibido el estado por las transferencias de las empresas del estado a las corporaciones multinacionales, sino por la corrupción que estaba detrás de este proceso; prácticamente estas empresas fueron regaladas. No solo se trato de un proceso costoso y nepótico sino que la capitalización le ha costado al Estado boliviano 369 millones de dólares que favorecieron al entorno empresarial y político de Sánchez de Lozada. Al momento de la capitalización la rentabilidad de la más importante empresa estatal YPFB era del 20%. Hasta 1998 la empresa capitalizada no ha sobrepasado del 1.2% de rentabilidad. La capitalización no ha generado ni el crecimiento del PIB prometido (8% hasta 1997) ni los empleos (500000). Al contrario el año 1999 la economía creció el 0.9% (semanario Nueva Economía, Abril 2000) y según el CEDLA, el desempleo abierto en el año 2000 estaba cerca del 25%1.

En el fondo, no existió ninguna “capitalización”, es decir reforzamiento de las empresas privatizadas con capitales provenientes de las multinacionales, sino meras promesas de inversión que no se cumplieron debido a que el estado boliviano no tenía ninguna posibilidad de control de las empresas capitalizadas; se demostró este extremo en el caso del LAB, ENFE y ni que decir de YPFB.

Otra característica que define la reestructuración del Estado burgués emergente el 52 se evidencia en el proceso de descentralización que implica la reorganización del Estado neoliberal actualmente. La ofensiva neoliberal impuso a través de un decreto supremo (el 21060) una nueva forma estatal, sin embargo, a diferencia del estado nacionalista que reemplazaba al estado de la oligarquía minero feudal, desde 1985 se trata de una reestructuración estatal desde arriba y en beneficio de las elites más estrechamente ligadas al capital transnacional; esta reestructuración implicó un achicamiento del estado que renunció a generar actividades productivas por una reducción de sus funciones a mero cobrador de impuestos y represor del pueblo; es decir que ahora el “nuevo” Estado burgués no sólo se deshace de sus funciones productivas sino que deja en manos de los gobiernos municipales, funciones esenciales que antes le competían por entero al Estado, como la atención de salud, educación y vivienda.

Las consecuencias de esta imposición neoliberal para el pueblo incluidas sus clases medias han sido nefastas; la clase obrera minera “relocalizada” de sus fuentes de trabajo se asentó mayormente en el Chapare, El Alto, Cochabamba y otras ciudades; el campesinado parcelario también fue golpeado por el ingreso indiscriminado de productos de los países vecinos de ahí su lucha por una nueva reforma agraria y un reparto de tierras y territorio. La pequeña burguesía también sufrió por esta política por el incremento de los índices de desempleo, la apertura de mercados sólo por los países semi coloniales ha conducido a la quiebra de la pequeña y mediana empresa, la destrucción de la industria nacional por la invasión de productos extranjeros ha sido una de las consecuencias más duras.

1.3 Octubre del 2003

Octubre del 2003 no es sólo un momento histórico, la cúspide máxima, consecuencia de la profunda crisis estatal burguesa que acrecentó el neoliberalismo, sino que es el preludio de una situación sin salida en el que se halla actualmente el viejo estado republicano; el proceso de desmoronamiento de la institucionalidad demo liberal boliviana hoy parece confirmar esa situación; objetivamente se trata de un proceso cuya explicación última sólo se puede hallar en las condiciones socio económicas imperantes en el país.

En nuestro criterio, pensar el país como si fuera una isla aislada de un contexto y una coyuntura internacional dominada por la presencia del capital financiero o suponer que para su comprensión es necesario partir de nuestra propia idiosincrasia, nuestra realidad inmaculada indígena ajena a una realidad dominante en un mundo marcado por la impronta de la ley del valor y las relaciones de producción y cambio capitalistas no es más que hacer un estéril ejercicio intelectual.

Nuestro punto de partida para comprender la rebelión popular indígena de octubre y la propia crisis estatal burguesa es indesligable de la coyuntura internacional marcada por la contradicción imperialismo naciones oprimidas; hay un hilo conductor en estos enfrentamientos desde el 2000, de contenido claramente antiimperialista, la lucha es principalmente contra el capital financiero internacional. La guerra del agua fue la lucha contra una empresa transnacional y contra la privatización del agua potable. En el enfrentamiento de febrero del 2003, el impuestazo fue una medida impuesta por el FMI… Octubre no fue la excepción, el problema del gas tiene que ver con la entrega de los recursos hidrocarburíferos a la voracidad imperialista. Es un momento de quiebre, pero además una manifestación de la situación revolucionaria en desarrollo como lo plantea Mao. Octubre no se explica al margen de las luchas de clase y la rebelión de los pueblos contra el imperialismo yanqui. Octubre se asienta en el enfrentamiento de los intereses de clase y el deseo de liberación de los pueblos del yugo imperialista, es una infamia negar este hecho, pretender que octubre se refiere solamente a un proceso re reivindicación cultural y racial, significa castrar el filo revolucionario de la lucha, reducirla simplemente a una reivindicación política contra la exclusión, para encaminarla por el camino oportunista de la Asamblea Constituyente2.

El proceso que culminó en octubre se da en una coyuntura interna marcado por la crisis del capitalismo boliviano, crisis del estado burgués que se explica a partir de la crisis de una economía reducida por el sistema capitalista al papel de productor de materias primas, una economía primaria, incapaz de satisfacer necesidades básicas de la población, cuyo proceso de pauperización alcanza niveles alarmantes al extremo de que el viejo estado liberal emergente el 52 ni siquiera tuvo la capacidad de incorporar a la ciudadanía a vastos sectores de la población indígena. A ello se suman las ya destacadas políticas neoliberales que en los últimos 25 años entrego el control y explotación de los recursos naturales no renovables (gas, petróleo minerales, tierra, etc.) a empresas transnacionales y a una feudal burguesía afincada en la propiedad latifundista aliada a los intereses imperialistas; se trata de una fracción de la clase dominante incapaz de lograr por sí sola un mínimo desarrollo industrial, la misma que vive sólo esperando el favor estatal, así lo demuestran las miles de hectáreas de tierras que en el oriente del país se regalaron las elites cruceñas, las subvenciones que reciben los productores agro industriales, basta mencionar el diesel o su poca capacidad de tributar, en fin se trata de unas elites que paradójicamente para los obreros, fueron las más beneficiadas con la revolución del 52, acostumbradas a mamar del estado centralista contra el que hoy se rebelan.

El cuadro que tenemos es pues el de un capitalismo primario sustentado en una economía exportadora de materias primas incapaz de satisfacer necesidades básicas de una población carente de empleo, salud y educación, además discriminada racial y culturalmente; un capitalismo altamente ineficiente y rapiñero, que ni siquiera ha creado infraestructuras básicas y sólo ha generado bajísimos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas en el país3.

II Hacia una nueva reestructuración del viejo estado liberal

Durante el transcurso de estos casi dos años de gobierno masista dos proyectos de Estado se han enfrentando en las instancias de decisión del Estado y la sociedad boliviana; desde el ejecutivo (incluido las prefecturas) pasando por el parlamento y la asamblea constituyente hasta llegar a las calles; estas dos visiones de país, buscan actualmente la hegemonía en la sociedad y el Estado.

2.1 El proyecto demo-liberal del MAS

De un lado está el gobierno del MAS; básicamente constituye la expresión política de los intereses de la pequeña propiedad urbana y rural; se trata de algunas capas de clase media del campo y la ciudad que participan de la democracia liberal (: campesinos cocaleros, colonizadores, artesanos, pequeños comerciantes, microempresarios además de algunos pueblos indígenas del oriente y occidente del país; la clase obrera está al margen de este proyecto, incluso las vastas masas de campesinos pobres del altiplano y los valles como los sin tierra o la mayoría de las comunidades indígenas cuyas bases sociales se sienten ajenas al accionar de sus dirigentes y por supuesto desconocen los beneficios de la llamada “revolución cultural y democrática” masista); cuyo objetivo es lograr algunas reformas del estado burgués vía Asamblea Constituyente, instancia en la que pretenden una mayor inclusión indígena en la ciudadanía y el mercado; impulsar la democracia “participativa” (exigencia que conlleva una mayor participación en la vida política parlamentaria), superar la crisis estatal burguesa vía autonomías indígenas, aceptando el desafío de la oligarquía feudal burguesa del oriente que plantea las autonomías departamentales, superar la colonización interna imperante bajo el estado boliviano mediante la inclusión indígena en el aparato estatal (en el Ejecutivo, el Parlamento y las Fuerzas Armadas) es decir, en el estado nación boliviano.

Decimos que se trata de un proyecto demo-liberal, no sólo porque no busca transformaciones estructurales del Estado Boliviano y persiste en el reforzamiento del viejo orden reaccionario parlamentario imperante hasta hoy4, sino porque respeta los principios liberales, en este marco impulsa el “capitalismo andino” cuyo eje es la propiedad privada (tanto nacional como transnacional) sobre los medios de producción; proporciona seguridad jurídica a las inversiones transnacionales y mantiene inalterable el modelo neoliberal en la economía; el masismo lejos de atacar los viejos privilegios patronales los socapa.

2.2 Una breve mirada a la política económica del MAS

La política económica del régimen lejos de romper con el neoliberal D.S. 21060 se mantiene en el mismo y desarrolla políticas que mantienen al país en el clásico modelo del Estado rentista que ni siquiera se asemeja a las políticas del capitalismo de Estado que impulso en los años 80 la UDP por ejemplo, mientras éste gobierno reforzó la idea del Estado productor, basta mencionar las corporaciones de desarrollo que producían leche y derivados o fábricas de vidrio, fósforos para citar sólo algunos ejemplos; el MAS desarrolla una política económica en apariencia cercana a una economía social de mercado y se dedica a pagar “bonos”; su propuesta de pagar la renta dignidad a los ancianos, el bono Juancito Pinto se inscriben en este propósito, sin embargo, hasta ahora ha hecho muy poco para reactivar el aparato productivo destrozado por las políticas neoliberales de los últimos 25 años, los créditos a los pequeños comerciantes hasta ahora tiene escaso efecto.

A pesar del buen momento que esta viviendo la macroeconomía del país producto del incremento de las exportaciones de minerales, hidrocarburos y otros productos no tradicionales como los producidos por la agro industria del oriente, el aumento de la alícuota por concepto de impuestos que pagan las transnacionales que exportan gas natural o el buen precio de los minerales en el mercado internacional el pueblo no ha mejorado su situación; las comunidades norte potosinas siguen en las mismas condiciones de indigencia y miseria que en el pasado, la supuesta “revolución cultural y democrática” no ha pasado por esa empobrecida región indígena; lo mismo se puede decir de El Alto esa heroica ciudad, eje de la resistencia popular contra el neoliberalismo sigue debatiéndose en medio de la miseria y el desempleo; pese a sus características de ciudad industrial donde miles de pequeñas micro empresas tratan de remediar la falta de empleo el gobierno del MAS no ha hecho nada para favorecer al aparato productivo alteño, de la misma manera la minería, pese a la nacionalización de Huanuni el gobierno no ha hecho nada para incorporar a este proceso al grueso de las minas medianas y chicas donde impera una super explotación laboral; pese a la demanda actual de minerales la minería no ha logrado ocupar la enorme masa de desocupados que deambula en las regiones productoras de minerales; si a ello sumamos el constante alza del costo de vida no sólo producto de la especulación empresarial del oriente, sino por factores emergentes de fenómenos naturales se tiene un cuadro francamente desolador; en suma el cambio masista es un cambio donde en esencia nada cambia para las grandes masas populares.

2.3 ¿Por qué la lucha de los sectores oprimidos y explotados no puede llegar a su liberación completa y definitiva?

Por la incapacidad del movimiento obrero y popular de dotarse de una dirección con una línea ideológica y política revolucionaria; octubre del 2003 demostró que no basta la acción espontánea de los “movimientos sociales” acaudillados por un caudillo o por dirigentes vecinales y sindicales sin un norte claro; es necesario dotarse de estructuras políticas, cuadros con profundos conocimientos de la realidad concreta y con una ideología revolucionaria, sometidos al control de las bases; ante dicha carencia emergió el viejo oportunismo de siempre, el reformismo aunque con disfraz indígena esta vez, pero igual de nefasto y lo demostró con creces hasta el momento, al actuar como bombero del proceso revolucionario abierto en octubre del 2003 y coadyuvar, con su sometimiento a las imposiciones de la oligarquía cruceña, a la reestructuración del aparato estatal burgués.

2.4 El gobierno del MAS: una alternativa reformista a la revolución

En el fondo, el gobierno del MAS expresa todas las limitaciones y características propias del viejo populismo latinoamericano; el mismo que en nuestro país dado el alto porcentaje de población indígena sufre una variante al revestirse de un elemento tradicionalista que idealiza la ancestral comunidad indígena y sus valores; para ser más precisos el populismo indígena del MAS representa una protesta contra el capitalismo desde el punto de vista de la pequeña propiedad campesina (cocalera y del altiplano) arruinada por las políticas neoliberales de los últimos veinte años. Ideológicamente se basa en una combinación de principios demo liberales con características indígenas y anti feudales; el mismo que expresa una reacción conservadora pequeño burguesa campesina contra el neoliberalismo burgués.

El gobierno del MAS como todo populismo, constituye una alternativa reformista que controla masas indígenas y populares; se trata de un proyecto demo-liberal que legítima su presencia en la administración del aparato estatal burgués a través de los comicios, pero que bajo ningún concepto podría aceptar – por ejemplo - el descabezamiento violento de la reacción fascista, mucho menos reimpulsar el proceso revolucionario abierto en octubre del 2003 por las masas campesinas del altiplano, los trabajadores alteños y los universitarios anti-imperialistas de la UPEA (posición que no sólo se puede atribuir a sectores conservadores del gobierno encabezados por Álvaro García o la fracción encabezada por el ministro Quintana, sino al propio Evo Morales) , por que, en el fondo es el producto de un pacto social donde la pequeña propiedad campesina y urbana tiene hegemonía y sueña con ser algún día gran propiedad, en los marcos institucionales y legales burgueses imperantes.

III El proyecto de Estado de los organismos corporativos empresariales

El otro proyecto hegemónico (actualmente lo es) es el de las corporaciones empresariales del Oriente y sus fantoches los prefectos de la llamada “media luna”, este proyecto a diferencia del precedente es un proyecto que expresa la exacerbación al extremo de las peores cualidades del viejo Estado liberal boliviano emergente de Abril de 1952, el mismo que mantuvo, pese a todas las transformaciones democráticas que sufrió la sociedad, tras la revolución (entre las cuales se puede mencionar: el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria liberal de 1953) su carácter excluyente, opresivo y colonial (que se revela hacia adentro en su siempre vigente racismo cultural y biológico) y su carácter de aparato represivo al servicio de los intereses empresariales e imperialistas; características que el actual proyecto autonomista de la “media luna” no sólo mantiene, sino los exalta al extremo y nos retrotrae, vale decir, nos devuelve hacia algunas características propias de una forma estatal que la revolución nacionalista de 1952 precisamente creyó haber sepultado para siempre: el viejo estado de la oligarquía minero feudal o hacia algunos elementos propios del estado fascista del 71-78 o del estado neoliberal emergente del 21060.

Decimos que nos devuelve más atrás del estado nacionalista de 1952, no sólo porque tras el velo de las “autonomías departamentales”, retoma las viejas exclusiones oligárquicas como la defensa a ultranza de la vieja propiedad terrateniente y la gran propiedad imperialista, sino porque desata violencia reaccionaria y odio racial contra los pueblos indígenas, un racismo enfermizo que históricamente incubo el inconsciente de las clases dominantes y algunas capas medias citadinas de este país y que ahora sale a relucir con fuerza inusitada; lejos de constituir un progreso hacia una sociedad más “democrática”, como dicen los apologistas de este engendro reaccionario que es el proyecto estatal autonomista cruceño (modelo paradigmático que las clases dominantes cruceñas quieren imponer al país, pese a su discurso excesivamente regional), este proyecto constituye un retroceso hacia un estado excluyente, autoritario y fascista, se vislumbra este proceso no sólo porque violenta todas las garantías constitucionales que otorga el régimen demo liberal, sino porque desarrolla sistemáticamente violencia reaccionaria contra los propios militantes masistas del oriente del país y el pueblo indígena (tras sus verdaderos intereses de clase uniformiza un discurso regional al que deben someterse absolutamente todos los habitantes de la región oriental y sur del país, alienta la intolerancia racial, apalea y reprime campesinos y personas de origen colla todos los días, amenaza de muerte a personas que no están de acuerdo con su discurso “regional-nacionalista”, prohíbe el ingreso de campesinos e indígenas a las plazas públicas, hace circular “listas negras” de supuestos traidores a la región y amenaza de muerte a dirigentes populares, quema sus viviendas, llevan a acabo acciones terroristas, etc. etc.); este proceder se conoce históricamente como fascismo, sin embargo, la campaña mediática de la reacción no se cansa de explicar este proceder como “democrático”; en última instancia, la reacción apunta en el futuro mediato no sólo hacia un control absoluto de algunas regiones del país a través de las “autonomías departamentales”, sino su extensión hacia todo el país.

El sustento social (y militar habría que decir) del emergente Estado “autonómico” dirigido por las corporaciones empresariales de la llamada “media luna” lo constituyen algunas capas de la clase media citadina (jóvenes universitarios, principalmente de universidades privadas y algunas públicas, docentes universitarios, burócratas de prefecturas y alcaldías); ideológica y políticamente este proyecto es la expresión de los sectores más reaccionarios de la sociedad (los terratenientes, los ganaderos y la burguesía agro industrial del oriente, una raquítica burguesía productora de artículos de consumo básico como: aceite, arroz, soya, azúcar y carne), muy ligados a los monopolios imperialistas del gas.

El sostén político de movilización del proyecto estatal impulsado por estas corporaciones empresariales del oriente es la “autonomía departamental”, dicha autonomía constituye el eje alrededor del cual gira el proyecto de reestructuración del viejo Estado boliviano; el verdadero trasfondo de toda esta movilización “autonomista” es la defensa de la propiedad latifundista de la tierra y sus recursos; la reacción busca mantener inalterable dicha propiedad y amplificar al extremo la opresión de los pueblos indígenas, los campesinos pobres y del movimiento popular en las ciudades.

3.1 Características del Estado corporativo fascista

Las “autonomías departamentales” constituyen la punta de lanza del proyecto reestructurador burgués terrateniente, el objetivo fundamental - dicen sus ideólogos - es supuestamente descentralizar el poder, en el fondo, lo que buscan los estrategas de la reacción fascista es lo contrario; impulsar una mayor concentración del poder (económico y por ende político) en manos de los terratenientes y los grupos corporativos empresariales dominantes en las regiones del oriente y sur del país; los pueblos de aquellas regiones (ciudades Estado parecerá mejor llamarlas en la “nueva” perspectiva) ya han venido experimentando cotidianamente el significado del nuevo Estado “autonómico” a través del accionar de las hordas fascistas, dicho accionar sintomáticamente ha venido dando pautas de lo que harán en el futuro, donde el movimiento popular atomizado bajo esta perspectiva francamente estará obligado a innovar formas de resistencia que hoy parecen aún lejanas; al respecto vale la pena preguntarse: ¿Por qué, una vez consoliden las autonomías departamentales las elites dominantes cruceñas dejarían de impulsar la práctica política represiva, excluyente y racista que sistemáticamente han venido promoviendo hasta ahora sobre sus opositores indígenas?, ¿Por qué habrían de retroceder hacia una práctica democrática basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y los campesinos pobres sobre la tierra o el respeto a pensar diferente o ser diferente racial y culturalmente?, y lo que es lo fundamental ¿Por qué habrían de “retroceder” hacia una real democratización de la propiedad de la tierra expropiando aquellos gigantescos latifundios improductivos que existen en el oriente del país?. La lógica dice que los intereses de clase se imponen e implementaran ahora con el apoyo de la “ley” (de la nueva legalidad e institucionalidad fascista implicada en sus estatutos autonómicos que aprobaran seguramente el 4 de mayo) lo que han venido sistemáticamente haciendo estos meses.

Es necesario destacar que la oposición de derecha parlamentaria (: PODEMOS; MNR, MIR, UN) ya no tiene la batuta hace rato, son simples peones de la emergente derecha fascista de los empresarios agroindustriales, ganaderos y terratenientes aliados a los prefectos de derecha y los comités cívicos.

El reestructurado Estado de la feudal burguesía se sustenta en una organización corporativista de la sociedad, esta estructura corporativa persigue mantener el statu quo sobre temas fundamentales como la propiedad de la tierra y los recursos naturales no renovables, incluido claro está los intereses imperialistas sobre el gas y el petróleo, para este fin generan un modelo corporativo de organización que se apoya en el desarrollo de una poderosa campaña mediática y se multiplica por todas las regiones del país, al extremo que incluso en Potosí se dejan escuchar voces que alientan a la población para adoptar en el futuro dicho modelo, dado el fuerte peso específico que tienen en ese departamento las derechistas “cooperativas” mineras.

Actualmente el modelo corporativo cruceño se repite en toda la media luna, generando allí donde no tiene presencia organizaciones paralelas a las existentes en todas las actividades productivas o de servicios; basta mencionar que en Santa Cruz hoy existen no sólo una Central Obrera Departamental, sino existe también una organización paralela que tiene hegemonía además y obedece a los intereses políticos de los círculos corporativos ligados al Comité Cívico y los empresarios; este proceso de corporativización de la sociedad se ha estado dando a pasos agigantados no sólo en Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Tarija o Sucre (aunque sólo a nivel de las ciudades capitales), sino con menor intensidad en Cochabamba, donde la reacción ya recibió una fuerte advertencia del movimiento popular en enero del pasado año; algunas instancias del viejo Estado como las Prefecturas coadyuvan con recursos económicos a este proceso corporativo que sigue el modelo del Comité Cívico de Santa Cruz, alentado y financiado además de las transnacionales por los terratenientes, la CAO, CAINCO, CADEX, ANAPO, CONFEAGRO, FEGASACRUZ, etc. etc.; en base al mismo se conforman Comités Cívicos Departamentales y provinciales y sus grupos de choque (la base es el modelo de la llamada “juventud cruceñista”); el modelo es el mismo, un par de delegados de distintos sectores empresariales y de clase media: profesionales, productores agrarios grandes y pequeños, industriales, comerciantes, estudiantes, universitarios, chóferes e incluso obreros y campesinos indígenas tienen sus delegados en este sistema corporativo organizado por los empresarios; la hegemonía corresponde desde luego a los círculos empresariales y latifundistas de donde emanan las decisiones.

3.2 Los “estatutos autonómicos”

Lo primero digno de destacarse, en ningún artículo de este “estatuto autonómico” se declara su sometimiento a la carta magna del estado boliviano, esta ausencia expresa de facto el derrumbamiento de la institucionalidad demo-liberal burguesa boliviana. El eje alrededor del cual gira toda la perorata “autonomista” de las oligarquías es el control absoluto sobre la distribución de la tierra y los recursos naturales. Si hacemos un somero análisis de algunos artículos de los “estatutos” tendremos de manera precisa las características del proyecto de “estado autonómico” que impulsa la reacción fascista en el país.

3.3 Expansión del gran latifundio y expropiación o reversión de la pequeña propiedad

El artículo 102 del estatuto autonómico delega como instancia máxima de decisión respecto del derecho propietario, la distribución o redistribución de las tierras en el departamento de Santa Cruz a “una ley departamental aprobada por la asamblea legislativa departamental”, ignorando y excluyendo por completo las competencias del INRA. El artículo 109 va más allá y concede el poder absoluto para firmar los títulos de propiedad sobre la tierra al “gobernador” del “nuevo” estadillo autonómico.

El artículo 105 amenaza de facto con la expropiación o la reversión a los pequeños propietarios de Santa Cruz, por constituir el “minifundio improductivo” un peligro, no se menciona la extensión de tierra que consideran minifundio, es decir, el “estatuto” paradójicamente en vez de combatir al latifundio busca con el pretexto de anular el minifundio concentrar aún más la tierra en manos de los grandes latifundios existentes en toda la región; el artículo de manera textual dice: “El gobierno departamental a través del instituto departamental de tierras (IDT), aplicará procesos de reagrupamiento, distribución y redistribución de tierras para evitar la aparición de fenómenos de minifundio improductivo, en los casos que corresponda, con la autorización del consejo agrario departamental (CAD), en coordinación con los gobiernos municipales autónomos”.

Por supuesto que este “CAD” estará bajo control absoluto de los grandes propietarios de tierras que definirán en última instancia la “redistribución”; en el fondo se trata de la desaparición de la pequeña propiedad y de las tierras comunitarias de origen.

3.4 Se toma atribuciones propias de un Estado nacional

Lo hace al conceder en el artículo 3 la “ciudadanía cruceña” en desmedro de la ciudadanía boliviana y proclama además su propio régimen de justicia independiente del sistema judicial nacional; en el art. 147 declara: “el Fiscal de Distrito de Santa Cruz será designado por dos tercios de votos de los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental”, es decir coloca su asamblea legislativa al margen de la legislación nacional y le dota de atribuciones y competencias propias del poder legislativo boliviano. Crea su propio régimen electoral independiente de la corte nacional electoral y su propio organismo policial (Art. 69 y 254) de su estatuto.

3.5 Control absoluto de los recursos naturales por el gobierno departamental

El llamado gobierno departamental a la cabeza del “gobernador” asume decisiones absolutas sobre los recursos naturales; el artículo 86 de dicho estatuto declara que “los recursos naturales renovables, su disposición y gestión ambiental están a cargo del gobierno departamental”.

El artículo 90 de su estatuto declara que el gobierno departamental se encarga de la administración de manera directa o delegada de las áreas protegidas existentes en el departamento; actitud que contrapone la actual constitución política del estado boliviano que destaca que los recursos naturales son de dominio originario del estado boliviano.

De la misma manera asume “departamentalmente” el control absoluto de las políticas de industrialización, de hidrocarburos y proyectos de desarrollo; controla la migración interna y externa y fomenta el racismo al excluir del reconocimiento de indígenas a los migrantes aymara-quechuas.

El MAS contribuye con su sumisión al poder burgués terrateniente a fortificar este engendro reaccionario que tiende a fraccionar y someter el país a los designios de estas fracciones ultra conservadoras; el proyecto de estatuto que la reacción fascista busca imponer, de aprobarse significa no otra cosa que la cancelación de las garantías demo-liberales y la reestructuración del viejo estado boliviano con características mucho más excluyentes y racistas bajo una careta “democrática”; las características que el mismo asuma a partir de este momento están delineadas no sólo por la “letra muerta” de estos estatutos, sino fundamentalmente por el accionar, por la práctica política de la reacción en los departamentos donde se apruebe la vigencia de las llamadas “autonomías departamentales”. El movimiento popular e indígena en la “nueva” perspectiva se hallarán sin duda ante una ofensiva sin precedentes, que terminará con su atomización y su sometimiento a un control vertical impuesto bajo un discurso “democratizante” de un régimen corporativo fascista de corte empresarial, sólo comparable a las peores épocas de la dictadura militar fascista.

La idea de una COB unitaria o de unas CODes o Confederaciones nacionales de maestros, campesinos o mineros independientes de las elites gobernantes serán imposibles bajo el reestructurado estado burgués terrateniente edificado en torno de las “autonomías departamentales”; la creación de organismos paralelos organizados desde las corporaciones empresariales vía los comités cívicos es lo que se viene en todas las ciudades; allí lo que sigue es que el movimiento obrero, popular e indígena perderán su independencia de clase, sus dirigentes cooptados ideológica y políticamente por el “chauvinismo regional” de los organismos corporativos empresariales y “cívicos”.

El movimiento obrero, popular y originario no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la imposición de las llamadas “autonomías departamentales”, porque la misma significará no ya 20 años de sometimiento a la partidocracia neoliberal, sino 20 o 30 años de represión, exclusión y sometimiento a los designios fascistas e imperialistas de origen yanqui.

3.6 El desmoronamiento de la institucionalidad “democrática”

Por los elementos destacados, desde hace aproximadamente más de un año estamos asistiendo al resquebrajamiento de la institucionalidad demo liberal instituida desde 1982 en el país con la emergencia de la UDP. Los elementos sintomáticos que confirman este aserto se pueden resumir en lo siguiente:

• El aparato del estado esta fracturado. El ejecutivo; el MAS controla algunas parcelas del gobierno central, mientras las prefecturas que apoyan el proyecto estatal de las fracciones burguesas de la llamada “media luna” toman decisiones políticas contrarias a aquellas emanadas del gobierno central; existe una especie de poder dual emanado del gobierno masista y otro emergente de los comités cívicos que sirven a los intereses corporativos empresariales del oriente.

• Los aparatos ideológicos del Estado burgués (radio, TV, prensa y otras instituciones como la iglesia, universidades privadas, etc. etc.) están totalmente al servicio de los grandes terratenientes y bombardean cotidianamente al pueblo tratando de uniformizar y manipular su conciencia para colocarlo al servicio de las decisiones de las elites empresariales de la llamada “media luna”.

• Las corporaciones empresariales han desatado una ofensiva en todos los terrenos tendiente a fracturar todos los poderes del estado. La corte superior de “justicia” de las capitales departamentales de la “media luna” están totalmente subordinadas a las decisiones políticas emanadas de las elites empresariales del oriente y los comités cívicos departamentales, ejemplos de ello sobran; en Sucre se elige autoridades de facto (el Prefecto) afines a los intereses empresariales al margen de la “ley” imperante y en Santa Cruz, la “justicia” beneficia abiertamente a terratenientes en juicios sobre la propiedad de la tierra y socapa a los grupos de choque fascista.

• Las cortes departamentales electorales, que constituyen un otro poder del estado, en su mayoría han caído bajo la influencia de las clases dominantes de la “media luna”, una prueba concluyente es Santa Cruz, allí la corte departamental electoral desconoce a la corte nacional, toma partido y somete sus decisiones de manera absoluta a los directrices emanadas del comité cívico y convoca a un referéndum departamental para aprobar unos estatutos ilegales que violentan la carta magna en vigencia y la institucionalidad imperante en el país.

• El poder legislativo no existe como instancia de decisión. El congreso nacional es una instancia del aparato estatal sin ningún peso específico, es un ente parasitario que esta totalmente subordinado a los designios empresariales o del ejecutivo.

• La asamblea constituyente convocada supuestamente para hacer algunas reformas a la carta magna esta prácticamente disuelta por el boicot de los sectores más ultra conservadores de la sociedad: los terratenientes y las fracciones burguesas más directamente ligadas al imperialismo yanqui; pese a todo presenta un texto con escasa relevancia para los intereses populares y, sin embargo, es fuertemente cuestionada por las corporaciones empresariales del oriente

3.7 Emergencia del Estado corporativo fascista en un momento marcado por el advenimiento de una crisis financiera capitalista

No se puede comprender el actual desmoronamiento de la institucionalidad boliviana al margen del contexto internacional y en particular de las políticas agresivas del imperialismo yanqui en el mundo actual; un momento marcado, no sólo por el aumento de la agresividad del imperio yanqui producto de su inocultable crisis financiera que amenaza no sólo con hundirlo al nivel de una potencia de segundo o tercer orden en el marco de las pugnas inter imperialistas, sino porque la misma puede arrastrar al sistema financiero mundial, con todas las consecuencias que ello implica para países semi coloniales como el nuestro.

Pese a su crisis el imperio yanqui mantiene un fuerte poderío militar y tratará por todos los medios posibles de mantener su vigencia; la tesis divide para gobernar tiene mucho sentido en el caso de algunos países gobernados por grupos y fracciones de clase considerados enemigos del imperio yanqui, Yugoslavia despedazada al nivel de pequeños estadillos es un ejemplo evidente de ello, el actual embajador yanqui en el país tuvo mucho que ver con esa historia, tal historia podría intentar repetirse en el país, tendencias similares existen en Ecuador y Venezuela impulsadas por el imperio yanqui.

No podemos dejar de mencionar que la crisis imperialista trató de ser superada mediante la invasión de Irak (la misma se explica no sólo por el hecho de que el país árabe había convertido sus reservas en euros, sino por el control de un país estratégico que posee enormes reservas de petróleo). Hasta el momento la invasión es un fracaso completo por el enorme costo en vidas y recursos económicos, los yanquis al momento tienen casi 4000 muertos y pese al enorme costo del pueblo iraquí que ya entrego casi 100000 vidas, para el genocida de la casa blanca la decisión de invadir Irak ha sido una medida “noble”, esos muertos iraquíes para este criminal son sólo un número.

IV La situación actual y el movimiento popular

Un proceso como el que estamos viviendo actualmente en el país en décadas pasadas se conocía como reformismo; históricamente estos procesos han servido sólo para abrirle el paso a la emergencia de una contrarrevolución fascista; el caso de Salvador Allende en Chile es paradigmático o el de Juan José Torres en nuestro país en 1971. En Bolivia la historia parece repetirse una vez más aunque con algunas características peculiares.

Por todos los elementos destacados el momento actual avizora un desenlace totalmente adverso para el movimiento popular e indígena del país, el proyecto de constitución del MAS, lejos de significar una solución a la situación de exclusión y miseria en que se debate la mayoría del pueblo boliviano lo único que pretende es tratar de amortiguar los irracionales antagonismos de clase imperantes en el país, sin tocar en lo más mínimo las causas de donde emerge la polarización actual que reside en la intocable propiedad privada transnacional y terrateniente; recalcamos, la crisis del estado boliviano pretende ser superada por las viejas clases dominantes neoliberales a partir de una reestructuración del estado burgués vía la imposición de “autonomías departamentales”; supuestamente el objetivo es lograr una mayor “democratización” y “descentralización del poder” a través de las “autonomías”, sin embargo, tal como sustentamos líneas arriba, lejos de democratizar la distribución de los ingresos y mejorar las condiciones de vida del pueblo las llamadas “autonomías departamentales” sólo concentraran aún más el poder en manos de las corporaciones empresariales neoliberales que gobernaron el país desde 1985.

Una prueba concluyente es el llamado “estatuto autonómico” que en menos de una semana “elaboraron” de manera ilegal los amigos “notables” del prefecto de Santa Cruz, si hablamos en términos de los marcos legales establecidos, el mismo que pretenden imponer a todo el pueblo cruceño a través de un “referéndum” igual de ilegal, pues, el único facultado para convocar a un referéndum de estas características es el congreso nacional; este camino siguen obsecuentemente no sólo las elites regionales de los otros departamentos de la llamada “media luna”, sino que ahora surgen algunos “nuevos” adeptos del “autonomismo” de este lado del país, como el Prefecto o el Alcalde de La Paz; dicho “estatuto” no sólo que violenta y subvierte la unidad del estado boliviano, sino que rompe por completo todo vínculo de sujeción a la carta magna imperante; revela sin tapujos el proceso de desmoronamiento del viejo estado unitario republicano, además de significar, en el fondo, el principio del fin de los principios demo liberales imperantes bajo el estado boliviano, los mismos que trata de reforzar el MAS en su proyecto de constitución.

Sin embargo, en la actual coyuntura más allá de la preocupación de los medios y los políticos del sistema por el referéndum por la aprobación o no del proyecto de constitución del MAS o la imposición de los llamados “estatutos autonómicos” que busca imponer la reacción fascista, la preocupación central del pueblo es el alza del costo de vida y la falta de empleo, sin embargo, la mayoría de los dirigentes de organizaciones populares ni lo mencionan, están cegados por las supuestas “ventajas” que tiene para los pueblos indígenas el proyecto constitucional aprobado en Oruro; por ver el árbol no ven el bosque. Basta mencionar un sólo elemento fundamental, base del proyecto de reestructuración del viejo estado republicano; el proyecto de constitución del MAS le da vía libre legal a las “autonomías departamentales” e incluso acepta concensuar su proyecto de constitución con un ilegal y ridículo “estatuto autonómico” surgido de la noche a la mañana.

V Una salida popular a la crisis estatal burguesa: recuperar la agenda de octubre

Así como las corporaciones empresariales no respetan “su” propia constitución, así como violentan constantemente las reglas del juego de “su” “democracia de ricos”, de la misma manera el pueblo no tiene porque respetar la “letra muerta” de una carta constitucional sometida siempre al interés coyuntural de los dueños del Estado desde la emergencia de la república; esta es una razón de peso que explica el actual desmoronamiento de la vieja institucionalidad demo liberal que empezó con la asamblea constituyente, siguió con la corte nacional electoral y prosigue con el congreso; ahora no se trata sólo de un cambio de guardia del palacio de gobierno como algunos viejos fracasados políticos creen (Carlos Mesa y otros liberales como Rene Joaquino, fichas además de la embajada yanqui); la crisis estatal no hallará respuesta con convocatorias electorales, ante el fracaso de la experiencia reformista no necesariamente sigue un dominio absoluto de la derecha corporativa fascista, es posible esperar un resurgir del movimiento popular e indígena liberado de la tutela masista. El actual proceso demuestra con creces que cambios estructurales en la estructura del Estado son imposibles “democrática y pacíficamente” como rezan las premisas de la “revolución democrática y cultural” del masismo. El MAS si deseaba hacer algún cambio en beneficio de las clases populares, no tenía porque perder el tiempo insulsamente en Sucre discutiendo sobre un texto constitucional que nadie cumple, simplemente tenía que hacer cumplir la “ley” fundamental del Estado existente. ¿No prohíbe esta “ley” en uno de sus artículos el latifundio?

La única salida popular y revolucionaria a la crisis estatal burguesa es recuperar la agenda de octubre (nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos, expulsión de las transnacionales y no salida del gas por Chile, tierra y territorio para los campesinos pobres y las comunidades originarias); puesto que esta de moda la creación de la noche a la mañana de “estatutos autonómicos”, el pueblo también debe organizarse a partir de su propia visión de la vida y de organización de la sociedad e imponerse la elaboración de estatutos revolucionarios que normen la vida en las comunidades urbanas como campesinas a partir de la consolidación de un Poder Popular Originario que impulse una verdadera refundación del país, sobre nuevos cimientos.

El movimiento popular de ninguna manera puede aceptar sumisamente su inclusión en las nuevas reglas del juego “democrático” que busca imponer el reestructurado “estado autonomista”; la creación de una Asamblea del pueblo que redacte esas normas de vida es el punto de partida, de la misma manera tampoco se puede aceptar el constante aumento del costo de vida; hoy no sólo es necesario convocar a la organización de comités de lucha contra la especulación, sino que estos deben constituir gérmenes de comités de auto defensa ante el avasallamiento fascista que es lo que se viene en los próximos meses.

Por lo tanto, la coyuntura actual de crisis estatal plantea de facto una disyuntiva radical; no sólo en las regiones de la “media luna” sino en todo el país, o el sometimiento a las nuevas reglas del juego que busca imponer el reestructurado “estado corporativo fascista” a través de las autonomías departamentales o la preparación de la condiciones orgánicas y estructurales necesarias para enfrentar a este engendro reaccionario en el terreno que las circunstancias lo planteen, incluido claro está la forma superior de lucha.

Por la construcción del poder popular!!!
Por la construcción de la Asamblea Popular Originaria!!!
Dotarnos de una dirección y organización político popular revolucionaria!!!
Hacia la conformación de comités populares de auto defensa!!!
Por la construcción de un nuevo proyecto de Estado popular y revolucionario!!!

¡TODO CON EL PUEBLO, NADA CON LA OLIGARQUÍA!
¡TODO POR LA PATRIA, NADA CON EL IMPERIALISMO!

¡PATRIA O MUERTE!

La Paz – Bolivia, abril del 2008