Amparo constitucional elecciones 2014

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ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL POR VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES

amparo const


SEÑORES TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.
INTERPONEN ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL POR VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES.———————————————OTROSIES.- SU CONTENIDO————
I. ACCIONANTES (Legitimación activa)
 Autoridades de Suyus
II. ACCIONADOS (Legitimación pasiva)
 DRA. WILMA VELASCO AGUILAR, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a quien se le podrá notificar en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
 DR. WILFREDO OVANDO ROJAS, Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Domi-cilio donde puede ser notificado, en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona Sopo-cachi de la ciudad de La Paz.
 ING. IRINEO VALENTIN ZUNA RAMIREZ, Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Do-micilio donde puede ser notificado, en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona So-pocachi de la ciudad de La Paz.
 LIC. RAMIRO PAREDES ZARATE, Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Domicilio donde puede ser notificado, en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
 DR. MARCO DANIEL AYALA SORIA, Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Domicilio donde puede ser notificado, en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
 DRA. FANNY ROSARIO RIVAS ROJAS, Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Domicilio donde puede ser notificada, en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
 LIC. DINA AGUSTINA CHUQUIMIA ALVARADO, Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Domicilio donde puede ser notificada, en la avenida Sánchez Lima esquina Pedro Salazar zona Sopocachi de la ciudad de La Paz.
 LUIS F. PEREIRA STAMBUK, Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, con domicilio en la calle Carrasco N° 1391 de la zona Miraflores de la ciudad de La Paz.
 RAMIRO TINUCO SALAZAR, Presidente del Tribunal departamental Electoral de Chuqui-saca, a quien se le podrá notificar en la calle La Paz N° 585 de la ciudad de Chuquisaca.

 ZENAIDA NAVARRO RAMOS, Vicepresidenta del Tribunal departamental Electoral de Chuquisaca, a quien se le podrá notificar en la calle La Paz N° 585 de la ciudad de Chuquisaca.
 MARÍA ELIZABETH QUISPE FLORES, Vocal del Tribunal departamental Electoral de Chuquisaca, a quien se le podrá notificar en la calle La Paz N° 585 de la ciudad de Chuquisaca.
 NORMA CONCEPCIÓN ESPINOZA TRUJILLO, Vocal del Tribunal departamental Electoral de Chuquisaca, a quien se le podrá notificar en la calle La Paz N° 585 de la ciudad de Chuquisaca.
 ALDO CHUNGARA REYES, Vocal del Tribunal departamental Electoral de Chuquisaca, a quien se le podrá notificar en la calle La Paz N° 585 de la ciudad de Chuquisaca.
 CELIA ARIAS ANTONIO, Presidente del Tribunal departamental Electoral de Potosí, a quien se le podrá notificar en la avenida Pedro Domingo Murillo N° 207 – 209 ciudad Satélite de la ciudad de Potosí.
 GLADYS CRUZ ROCHA, Vocal del Tribunal departamental Electoral de Potosí, a quien se le podrá notificar en la avenida Pedro Domingo Murillo N° 207 – 209 ciudad Satélite de la ciudad de Potosí.
 LIDOSCHAKA ROCÍO RENCAL ZAMORA, Vocal del Tribunal departamental Electoral de Potosí, a quien se le podrá notificar en la avenida Pedro Domingo Murillo N° 207 – 209 ciudad Satélite de la ciudad de Potosí.
 RODOLFO JOSÉ VERA MOREIRA, Vocal del Tribunal departamental Electoral de Potosí, a quien se le podrá notificar en la avenida Pedro Domingo Murillo N° 207 – 209 ciudad Satélite de la ciudad de Potosí.
III. ABOGADOS PATROCINANTES
IV. RELACION DE HECHOS
En el presente caso los derechos políticos vulnerados son de los pueblos indígenas demandantes de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, quienes tienen toda la representación de sus comunidades conforme lo previsto por el artículo 52 del Código Procesal Constitucional.
Que en el presente caso, no existe un recurso efectivo y directo que permita a los pueblos indígenas demandantes, reclamar la restricción de sus derechos políticos vinculados a sus derechos colectivos, por lo tanto no se aplica lo previsto por el artículo 54 del Código Procesal Constitucional, por lo que se hace viable que la presente acción sea concedida, pues no existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados como es el presente caso.
Que de acuerdo al artículo 51 del Código Procesal Constitucional señala que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.
Durante muchos años los pueblos indígenas han sido olvidados y restringidos de sus derechos consti-tucionales, como en el año 2009 que Chuquisaca y Potosí no ha contado con diputados indígenas, ahora de igual manera para las elecciones generales de 2014, se está tratando de restringir el derecho que tienen las comunidades originarias y/o indígenas de ambos departamentos a ejercer sus derechos políticos de ser elegidos a través de las autoridades originarias, con la representación que les pertenece a cada una de estas naciones indígenas reconocidas por la Constitución Política del Estado, dentro de un Estado llamado Plurinacional.
El 16 de junio de 2010 se publico la Ley N° 18 denominada Ley del Órgano Electoral Plurinacional y el 30 de junio de 2010 se publico la Ley N° 26 denominada Ley del Régimen Electoral, la cual no consignaba en el artículo 57, ningún escaño de circunscripción especial tanto para Chuquisaca como para Potosí, pese a la existencia de estos pueblos indígenas desde hace muchos años.
De forma irresponsable el Ejecutivo publica la Ley N° 421 de fecha 7 de octubre de 2013 denominada Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos; ley que no señala si para tal efecto se ha consi-derado los datos últimos del Censo 2012, al realizar una modificación de los escaños pertenecientes a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Beni, pero de escaños departamentales no así especiales.
No obstante de que en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, los pueblos indígenas de Chuquisaca y Potosí como los Qara Qara, Yampara y Guaraní tienen una representación comprobada, estos han sido excluidos de participar a través de sus autoridades originarias en las próximas eleccio-nes generales, primero como omisión ya que los miembros del Tribunal Supremo Electoral, no han realizado conforme el artículo 104 de la Ley del Régimen Electoral, la actualización de las circuns-cripciones especiales de acuerdo a los datos del último censo y luego mediante acción, ya que los miembros del Tribunal Electoral Plurinacional dictaron la Resolución TSE – RSP N° 0146/2014 de fecha 28 de abril de 2014, convocan a elecciones de Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, senadoras y senadores, diputadas y diputados y de representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, para el domingo 12 de octubre de 2014, la cual considera solo siete circunscripciones especiales para diputadas y diputados indígena originario campesinos y no nueve como debería corresponder.
Es así que en resguardo de sus derechos políticos mediante nota, los representantes de estos pueblos indígenas excluidos, solicitaron una reunión con los ahora demandados, llevándose a cabo la misma el 19 de mayo de 2014 conforme consta del acta de audiencia con el CONAMAQ, donde los mismos se comprometieron al tratarse de un órgano colegiado a emitir una respuesta oficial una semana después de la reunión, sobre la explicación técnica para la delimitación de circunscripciones especiales, sin embargo hasta la fecha no ha emitido la autoridad demandada respuesta alguna, consolidándose con esta acción la restricción de los derechos de las comunidades indígenas de Chuquisaca y Potosí que han sido excluidas de este proceso electoral.
De igual manera el demandado responsable del INE; a contribuido a la vulneración de los derechos políticos de los pueblos indígenas excluidos del proceso electoral 2014, ya que según los co demanda-dos del TSE, no habría entregado los datos del Censo 2012, pero de manera contradictoria, según la nota de prensa periódico de circulación nacional “La Razón, el INE habría entregado los datos del censo 2012 el 17 de enero de 2014¸sin embargo ante tal desinformación de ambos demandados, no se tiene claro si el TSE consideró estos datos del último censo para realizar la distribución de circuns-cripciones especiales en los departamentos de Chuquisaca y Potosí; vulnerando de este modo los derechos políticos de los pueblos indígenas Qara Qara, Yampara y Guaraní.
Finalmente, para consolidar esta grave vulneración de los derechos políticos de los pueblos indígenas referidos, el TSE emite la Resolución TSE – RSP N° 0249/2014 de fecha 11 de junio de 2014, por la cual aprueba la codificación de asientos electorales para el proceso de la Elección de Presidenta o Presidente, vicepresidenta o Vicepresidente, senadoras y senadores, diputadas y diputados, y de representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al informe UGLE-TSE-J N° C31/2014 de la Unidad de Geografía Electoral; en la cual se ratifica la exclusión de la representación de los pueblos indígenas autoidentificados en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, como consta del documento de codificación de Asientos Electorales por Departamentos y del Exterior del País – Mapas de Circunscripciones Uninominales y Especiales indígenas. No se puede establecer en ninguna de las resoluciones emitidas por el TSE si se ha considerado los datos del censo 2012, y menos se ha dado la importancia a los reclamos y denuncias realizadas por estos pueblos indígenas sobre su exclusión en el proceso electoral 2014, con lo que con estas acciones ambos demandados han vulnerado los derechos políticos de este grupo vulnerable.
V. IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS VULNERADOS
Los demandados miembros del Tribunal Supremo Electoral, con su omisión y actos han vulnerado los derechos siguientes:
 DERECHOS POLÍTICOS
Contenido en el artículo 26 de la CPE que señala que:
I. “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
II. El derecho a la participación comprende:
1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.
2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.
3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.
4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios”.
Concordante con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala que:
“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebida, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) A participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegido en elecciones periódicos, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”
De acuerdo al Censo Poblacional y de Vivienda 2012, la población rural en Chuquisica que ha sido excluida es de 227.006 y en Potosí de 441.502 haciendo un total de 668.508 personas que no participaran a través de sus autoridades indígenas en el proceso electoral del año 2014. A partir de los datos del Censo 2012 la recomposición de circunscripciones especiales indígenas debería considerar en Chuquisaca, a los pueblos Guaraní, Yampara, Qhara Qhara, aymara, Ayllu Jalka y Afroboliviano; y en Potosí, Chichas, Aymara, Qhara Qhara, Coroma, Lipez, Quillacas, jacha Carangas, Killacas, ayllu Jila, Afroboliavo, Ayllu Kharacha y Ayllu Porco; pueblos autoridentificados que están considerados dentro del censo 2012 y que han sido excluidos por el TSE en el Mapa de Circunscripciones Uninominales y Especiales Indígenas elecciones 2014 de forma dolosa.
Que de acuerdo al artículo 104 de la Ley N° 26 de 30 de junio de 2010 denominada Ley de Régimen Electoral, señala que: “El Tribunal Supremo Electoral podrá modificar y/o actualizar los mapas de las circunscripciones uninominales y especiales, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley, cuando se actualicen los datos demográficos como resultado de nuevos censos o se modifique por Ley del Estado Plurinacional el número de circunscripciones uninominales o especiales”.
Obligación que no cumplió el TSE, excluyendo de forma premeditada a los pueblos indígenas de los departamentos de Chuquisaca y Potosí reconocidos en el Censo 2012.
Que el artículo 146 de la Constitución Política del Estado señala que: “IV. Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados”.
Se puede evidenciar de los datos del censo 2012, proporcionados por el INE a partir de carta enviada por el CONAMAQ en fecha 2 de mayo de 2014 al TSE, que existen minorías rurales en ambos depar-tamentos y que no han sido considerados para la distribución de nuevas circunscripciones indígenas o especiales por el TSE.
Ahora de forma contradictoria el Instituto Nacional de Estadística (INE), según consta de la nota de prensa de fecha 17 de enero de 2014 habría entregado al TSE los datos del censo 2012 pues la nota señala, “El director de Censos y encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan José Cortez, informó que este lunes se entrego oficialmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) todos los datos estadísticos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, lo que le permitirá continuar con su labor de delimitación de circunscripciones uninominales.
Con este último acto el INE está completando la entrega de toda la información de la que dispone del censo de Población y Vivienda 2012, que se ha dado por fases y esta es la última etapa en la que se está entregando la información cartográfica, afirmó Cortez”. Pero no existe fehacientemente información oficial de que el INE haya entregado tal información al TSE o que el TSE haya utilizado para la convocatoria a elecciones 2014 y en el Mapa de circunscripciones especiales indígenas estos datos del censo; con lo cual por acción y omisión ambos demandados han vulnerado los derechos políticos de los pueblos indígenas de los departamentos de Chuquisaca y Potosí al que representan los demandantes.
El Artículo 3 de la Ley N° 26 del Régimen Electoral señala respecto a la ciudadanía que: “El Estado Plurinacional garantiza a la ciudadanía, conformada por todas las bolivianas y todos los boli-vianos, el ejercicio integral, libre e igual de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, sin discriminación alguna.
Todas las personas tienen el derecho a participar libremente, de manera individual o colectiva, en la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o por medio de sus Representantes”.
Pese a que las autoridades están en la obligación de resguardar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos, en este caso de los pueblos indígenas de ambos departamentos que han sido excluidos de las elecciones 2014, de forma maliciosa el INE ha ocultado información sobre el censo 2012 al parecer o en todo caso el TSE pese a contar con esa información de forma premeditada a omitido incluir dentro de la distribución de circunscripciones especiales a los pueblos indígenas ahora demandantes, con lo cual la vulneración a sus derechos políticos están siendo restringida.
El artículo 61 de la Ley N° 26 del Régimen Electoral señala respecto de la elección de diputados o diputadas en circunscripciones especiales que: “Las Circunscripciones Especiales Indígena Origi-nario Campesinas, no trascenderán los límites departamentales y solo podrán abarcar áreas rurales. El Tribunal Supremo Electoral determinará estas circunscripciones con base en la información del último Censo Nacional, información actualizada sobre Radios Urbanos y los datos oficiales del INRA sobre Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Tituladas o Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC) y otra información oficial, a propuesta de los Tribunales Electorales Departamentales. No se tomará en cuenta la media poblacional de las circunscripciones uninominales”.
Esta es una atribución privativa del TSE, pero que no puede ser ejercida de forma arbitraria y antoja-diza, pues para que se modifique las circunscripciones especiales el TSE debe tomar en consideración los datos del último censo, es decir del 2012, situación que no ha acontecido en el caso de los pueblos indígenas de Chuquisaca y Potosí excluidos como elegibles del proceso electoral 2014, desconociendo de esta forma sus derechos políticos en equidad e igualdad como lo señala la Constitución Política del Estado.
El artículo 91 de la Ley N° 26 del Régimen Electoral señala respecto al fundamento de la democracia comunitaria que: “En el marco de la Democracia Intercultural, las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos políticos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, en una relación de complementariedad con otras formas de democracia. Las instituciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos forman parte del Estado Plurinacional, por lo que se reconocen sus autoridades y sus normas y procedimientos mediante los que ejercen su derecho al autogobierno”.
Pese a que contamos con una Constitución irradiante de principios, valores y derechos humanos; estos no son reconocidos por las autoridades y mucho peor son vulnerados de forma institucional a través de normas inconstitucionales, que reflejan el desconocimiento de los derechos en el caso particular de los pueblos indígenas, que tienen todo el derecho de participar en el poder a través de sus autoridades originarias y que sus estructuras políticas formen parte del aparato estatal.
El artículo 101 de la Ley N° 26 del Régimen Electoral señala respecto a la delimitación de circuns-cripciones que: “Además de las circunscripciones nacional, departamentales, regionales, provinciales y municipales, señaladas en el artículo 50 de esta Ley, el Tribunal Supremo Electoral, delimitará las Circunscripciones Uninominales para la elección de diputadas y diputados uninominales y las circunscripciones especiales para la elección de diputadas y diputados de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aplicando los criterios establecidos para este fin en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley”.
El artículo 104 de la Ley N° 26 del Régimen Electoral señala respecto a la modificación de circuns-cripciones que: “El Tribunal Supremo Electoral podrá modificar y/o actualizar los mapas de las circunscripciones uninominales y especiales, conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley, cuando se actualicen los datos demográficos como resultado de nuevos censos o se modifique por Ley del Estado Plurinacional el número de circunscripciones uninominales o especiales.
Es evidente que las disposiciones legales referidas, señalan como atribución del TSE modificar los mapas de las circunscripciones especiales, pero a partir de datos censales y no de forma discrecional, vulnerando los derechos de muchas personas que representan muchas otras tantas, como son estos pueblos indígenas.
De igual manera los miembros de los Tribunales departamentales de Chuquisaca y Potosí, omitieron dar su posición respecto a la no designación de circunscripciones especiales en sus departamentos, pese a que el artículo 37 y 38 numeral 7 de la Ley N° 018 Ley del Órgano Electoral Plurinacional, señala como una de sus atribuciones “Garantizar el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley del régimen electoral y la presente Ley”. Asimismo señala: “Delimitar las circunscripciones electorales en procesos de alcance departamental, regional y municipal, con sujeción al reglamento emitido por el tribunal Supremo Electoral”.
Pese a que se trata de elecciones generales, no es menos cierto que ambos tribunales departamentales, debieron garantizar nuestros derechos políticos como pueblos indígenas, a través de la información que cuentan, a fin de que no hayan omisiones que puedan generan vulneración de derechos como es el caso presente.
DERECHO CONEXO VULNERADO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:
- El artículo 30 parágrafos II numeral 5 de la Constitución Política del Estado señala que: “A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado”.
Concordante con la Ley Nº 3760 del 7 de noviembre de 2007, la cual eleva a rango de ley a la DNUDPI, la cual protege los derechos de los pueblos indígenas, en forma individual o colectiva: “Derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. El Estado está en el deber de reconocer dichas instituciones y que estas formen parte del aparato estatal”.
Sobre los derechos políticos la Corte Interamericana de Derechos Humanos a analizado el principio de efectividad de los derechos políticos, y refiere que este principio tiene anclaje en los artículos 1 y 2 de la CADH, que establecen no sólo obligaciones negativas o de abstención en cabeza de los estados partes, sino también positivas de garantizar el goce y ejercicio de los derechos y en su caso de adoptar medidas necesarias para hacerlos efectivos, aun en ciertas condiciones, frente al accionar de particula-res. Por ello, toda violación por acción o por omisión a un derecho político contemplado en la CADH se relaciona con la obligación general de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos (artículo 1) o de adoptar medidas efectivas entre ellas normativas del Pacto San José de Costa Rica (artículo 2).17.
En ese sentido la Corte ha reiterado que para ello no basta el reconocimiento formal de los derechos toda vez que los Estados, de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, tiene[n] la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación de ejer-cicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Dicha obligación de garanti-zar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, conside-rando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos secto-res o grupos sociales (Yatama, Corte IDH 2005b, 89, párr. 201).
Entre otros derechos políticos, el artículo 23 de la Convención protege el derecho a ser elegido, el cual supone que el titular de los derechos tenga la oportunidad real de ejercerlos, para lo cual debe adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para su pleno ejercicio (casos Yatama, Corte IDH 2005b, 89, párr. 195 y Castañeda, Corte IDH 2008b, 43, párr. 145).
En el caso Yatama la Corte reafirmó que: “es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva […]” (Corte IDH 2005b, 89, párr. 195). Recientemente en el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala señaló que “[…] el derecho a una participación política efectiva implica que los ciudadanos tienen no sólo el derecho sino también la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos” (Corte IDH 2010a, 28, párr. 107).
La Corte ha resaltado que los derechos políticos no sólo están previstos en el artículo 23 de la CADH como derechos, sino también como oportunidades, y de ello ha derivado la obligación de los estados de garantizar con medidas positivas “[…] que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos”.
La importancia medular de la vigencia de los derechos políticos hace que conforme lo establece el artículo 27 de la CADH, los mismos no son susceptibles de suspensión en ningún momento. Como lo indicó la Corte, al ponderar la importancia que tienen estos derechos señaló que: “[…] la Convención, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos”.
Análisis que ha realizado la CIDH, respecto a las múltiples vulneraciones sufridas por varios pueblos indígenas en países donde no se respectan los derechos políticos como en Bolivia.}
VI. MEDIDAS CAUTELARES
Las que el Tribunal crea conveniente establecer con la finalidad de proteger los derechos vulnerados de los pueblos indígenas accionantes.
VII. PRUEBAS
Al amparo del artículo 33.7 del Código Procesal Constitucional ofrezco en calidad de pruebas:
a) Carta de fecha 2 de mayo de 2014 (original).
b) Acta de audiencia con el CONAMAQ de fecha 19 de mayo de 2014 (original).
c) Mapa de circunscripciones uninominales y especiales Indígenas y Resolución TSE-RSP N° 0249/2014 de 11 de junio de 2014.
d) Resolución TSE-RSP N° 0146/2014 de 28 de abril de 2014 (original).
e) Nota de prensa de La Razón Digital/ANF/La Paz de 10 de marzo de 2014.
f) Cite: INE-DGE-DEIES N° 999/14 de fecha 26 de mayo de 2014 y anexos 1 y 2 de Datos del Censo Poblacional y de Vivienda 2012 INE.
g) Boleta Censal 2001
h) Boleta censal 2012
VIII. PETICIÓN
Por todo lo antes expuesto y fundamentado, conforme lo previsto por los artículos 37 y 57 del Código Procesal Constitucional, solicitamos se CONCEDA la Acción de Amparo Constitucional impetrado, en tal sentido se ordene al Tribunal Supremo Electoral, dictar resolución dejando en suspenso las elecciones de 2014 en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, mientras tanto no se tome en consideración los datos del Censo Nacional de Población y de Vivienda 2012 para establecer las circunscripciones especiales indígenas en los departamentos de Potosí y Chuquisaca, conforme a la autoidentificación plasmada en la pregunta 29 de la boleta censal 2012.
Asimismo ordenar al demandado Instituto Nacional de Estadísticas, a publicar y entregar los datos oficiales del censo 2012 al TSE o acreditar la publicación y entrega de los datos del Censo 2012 al Tribunal Supremo Electoral, respecto a la pregunta número 29 de la boleta censal que dice: Como boliviana o boliviano ¿Pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano?. Acciones que permitirán restituir nuestros derechos políticos restringidos por los demandados.
Otrosí 1°.- Solicita la aplicación del principio del “Iura Novit Curia”, al determinar la procedencia de la presente acción de amparo u otra de similar naturaleza por los derechos vulnerados.
Otrosí 2°.- Adjunta fotocopias legalizadas y originales de los siguientes documentos:
 Cinco fotocopia de cedula de identidad de los demandantes.
 Acta de Jatun Tantakuy de los Ayllus y Markas de la Nación Yampara de 12 de abril de 2013
 Acta del XIII Jacha Tantachawi 2014-2015
 Acta Jutun Cabildo Nacionalidad Quillakas Aranzago Urinzaya Potosí de fecha 20 de junio de 2013 y Acta de Consagración de 21 de junio de 2013
 Acta de cabildo de Reconstitución de fecha 18 de agosto de 2012
 Carta de fecha 2 de mayo de 2014 (original).
 Acta de audiencia con el CONAMAQ de fecha 19 de mayo de 2014 (original).
 Mapa de circunscripciones uninominales y especiales Indígenas y Resolución TSE-RSP N° 0249/2014 de 11 de junio de 2014.
 Resolución TSE-RSP N° 0146/2014 de 28 de abril de 2014 (original).
 Nota de prensa de La Razón Digital/ANF/La Paz de 10 de marzo de 2014.
 Cite: INE-DGE-DEIES N° 999/14 de fecha 26 de mayo de 2014 y anexos 1 y 2 de Datos del Censo Poblacional y de Vivienda 2012 INE.
 Boleta Censal 2001
 Boleta censal 2012
“POR LA JUSTICIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DEMOCRACIA…”