Glosas para la recuperación marítima boliviana

Glosas para la recuperación marítima boliviana

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Glosas para la recuperación marítima boliviana

La reciente concurrencia boliviana mediante una delegación gubernamental de alto nivel a la sede holandesa del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya -encabezada por el mismísimo Presidente-, llevando consigo un alegato formal respecto a la problemática marítima irresuelta con el estado vecino de Chile, ha despertado singulares debates que oscilan desde un optimismo desbordante -que linda con la ingenuidad-, hasta el remozado pesimismo -que observa los acontecimientos bajo un escéptico lente tradicionalmente fatalista- en todo cuanto atinge al tema. Nuestra posición dista notablemente respecto a las supraenunciadas –es incluso más optimista que las propias autoridades plurinacionales-, considerando la factibilidad objetiva de recuperación marítima, aunque por una vía completamente distinta de la que propone hoy el estado boliviano, como veremos de inmediato…

Si bien la posición estatal boliviana respecto a la demanda marítima constituye un avance jurídico en la medida que pretende llevar al estado chileno a un escenario de negociación con trascendencia mundial, donde la imagen del Mandatario ayuda bastante; no deja de ser una fragua coyuntural que tarde o temprano debe cualificarse y encarar la trama de fondo que rige dicha problemática. En efecto, como el tratamiento legal de tratados y actos jurídicos internacionales obedece a las reglas contractuales, el hecho de que Chile haya ofrecido formalmente a Bolivia solucionar el tema sin cumplir luego tales promesas en tres ocasiones, supone que hubo una oferta seria que reconoce la existencia de conflictos limítrofes entrambos; ergo; si bien el Tribunal de La Haya puede llevar a Chile a un escenario de negociación ante los ojos del mundo, siendo más fácil captar simpatías internacionales que pudieran incidir en sus resultados; es notable la ausencia de un alegato jurídico estructural respecto a la trama de fondo, es decir, la solución del injusto enclaustramiento boliviano y la restitución de su acceso marítimo.

Indudablemente, nos alivia tal carencia en tanto, desde las altas esferas gubernamentales creadas a propósito del tema, se oyeron voces que claman por abordar la cuestión a través de la inhabilitación del tratado de 1904 –chicanería ilustrada mediante-, campo estéril y suicida, ya que, como todos conocen, éste resulta considerablemente favorable a Chile y puede llevarnos a la ruina… Sin embargo, como inevitablemente llegaremos a tal trance, y debido a que se trata de un tema donde los bolivianos debemos actuar conjuntamente pues resulta vital para nuestra viabilidad como país, a continuación resumimos nuestra propuesta respecto al tema, que plantea una recuperación efectiva del mar…

La época en que se produjo la campaña bélica del Pacífico (1879) no existía un órgano de trascendencia mundial como la ONU, pero sí una regulación jurídica internacional basada en la doctrina, jurisprudencia, convenciones y tratados internacionales que, en el caso de Sudamérica, se vieron fortalecidos con aportes invalorables de Chile bajo sucesivas convenciones internacionales, que hoy adquieren trascendencia fundamental, dado que los conflictos jurídicos internacionales, por definición, deben ser tratados a la luz de la jurisdicción vigente en la época en que se produjeron, regla de oro que al parecer no fue debidamente considerada… Y de allí parte nuestro sustrato jurídico: en 1879 no se produjo formalmente una guerra, sino una invasión/ocupación/anexión/conquista chilena de territorios ajenos cuya alevosía no le otorga derecho alguno sobre aquellos, que deben ser –postliminio mediante- restituidos a sus legítimos titulares, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido a partir de tal agresión (primera diferencia con el tratado de 1904, pues aquel reconoce perpetuamente derechos de ocupación propietaria chilena sobre nuestros territorios).

A ello debe sumarse otra consideración de fondo: Chile rompe unilateralmente el Tratado de 1874 con Bolivia invocando la cláusula IV del mismo, que prohíbe a nuestro país crear impuestos a las empresas chilenas en la explotación de recursos que llevaban a cabo en territorio nacional; esos célebres 10 centavos por quintal extraído… El asunto es que no se trata de un impuesto, sino una tasa o regalía que debía cubrir la empresa, tal cual se había pactado, reconociendo la propiedad originaria de Bolivia sobre los yacimientos, vale decir, se trataba de un problema sujeto a la jurisdicción interna y no “cassus belli”… Por tanto, no procede como causal de rescisión del Tratado, que prevé arbitraje brasilero en caso de discrepancias de fondo respecto a su aplicación… Además, el otro argumento chileno para la legitimidad de su invasión también es nulo, pues alegar que la alianza defensiva con el Perú fue agresiva cuando subsistía la ocupación chilena de nuestros territorios desde que en 1842 se hallaron los inmensos depósitos de guano y salitre, situación que casi nos lleva a una guerra, ya que Bolivia, en 1863 autoriza al Ejecutivo a declarar la guerra a Chile una vez agotados todos los medios diplomáticos en la restitución de nuestros territorios ocupados. Por tanto, Chile no sólo violó las leyes de la guerra, sino que su actuación jurídica respecto al Tratado vigente con Bolivia (1874) es ilegal y, de tal forma, no ha procedido a extinguirlo, aspecto que indica, pues, que sigue vigente y delimita claramente al territorio boliviano hasta el paralelo 24º, hecho jurídico que prueba la inexistencia del tratado de 1904, ya que al estar vigente su antecesor, no ha nacido a la vida del derecho… Tales hechos deben sustanciarse en La Haya, conduciéndonos directamente a una victoria, si es que se obra inteligentemente…