Programa de gobierno elecciones nacionales 2014

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Programa de gobierno elecciones nacionales 2014

POLÍTICA ECONÓMICA GENERAL
1. El país necesita una política económica sensible a las necesidadesprioritarias de la sociedad, que responda al propósito sostenido deerradicar la pobreza en sus diferentes grados y sentar las bases deuna sociedad próspera con justicia social.
2. Propugnamos sacar al país del estancamiento del desarrollo de susfuerzas productivas en los diferentes ámbitos, así como superar lasformas injustas en que se distribuye la riqueza nacional.
3. Bolivia requiere superar la condición de país simple productor dematerias primas y en condiciones de mano de obra barata, asícomo el que su territorio sea considerado simple tránsito demercancías de países vecinos.
4. Se debe privilegiar la producción agrícola, agropecuaria, industrialy de servicios en función de los intereses nacionales y el logro delbienestar de los más amplios sectores sociales de la población.
5. Ello exige un rol activo del Estado en la planificación y regulacióngeneral de la economía, así como en cuanto a su control; demanera que con la más amplia participación posible del puebloboliviano se cuente con un contexto favorable para materializar eldesarrollo del conjunto de fuerzas productivas, en función demetas y plazos concretos que respondan a estrategias de desarrollonacional, bienestar y progreso social.
6. El conjunto de labores económicas de exploración, explotación,prospección, refinación, industrialización y comercialización derecursos naturales renovables y no renovables deben contarnecesariamente con una constante presencia del Estado.
7. El Estado debe priorizar el desarrollo de las fuerzas productivas quepermita facilitar la producción de bienes y servicios que respondan al más alto nivel de satisfacción de la demanda interna.
8. En cuanto a productos agrícolas y agropecuarios el país deberecuperar y mejorar su capacidad de respuesta a la seguridadalimentaria de la población.
9. En el ámbito de la producción industrial debe incentivarse lainnovación tecnológica que permita contar con productos encalidad y precios aceptables para la población y con miras a suexportación exitosa.
10. El Estado debe perfeccionar constantemente sus mecanismos decontrol del flujo de las exportaciones de nuestras materias primasy recursos naturales y económicos. incluyendo el flujo de capitalesal exterior; así como de las importaciones priorizando aquellas queresponda a estrategias de desarrollo nacional y bienestar de lapoblación.
11. El país requiere de una minuciosa revisión de la deuda externamultilateral y bilateral, a fin de establecer si las condiciones en quese materializaron se ajustaron a la legislación constitucional,representaron evidente beneficio para la nación, así como, sifueron o no adecuadamente administrados por los gobiernos deturno.
12. En el conjunto de empresas existentes en el país debe alentar lare-inversión constante en la actividad productiva y de servicios. Deigual forma en el conjunto de emprendimientos relacionados conlas grandes inversiones en infraestructura, deben orientarse porlas prioridades de desarrollo económico, lo que implica el más altonivel de beneficios económicos para el país y la mayor repercusiónposible en cuanto al bienestar de la población.
13. Hoy Bolivia sufre nuevas y constantes arremetidas por parte deuna conjugación de intereses transnacionales y geopolíticos,particularmente del Brasil, que intentan priorizar e imponer obrascamineras e hidroeléctricas que responden a necesidadesforáneas, a costa del medioambiente boliviano, el desconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y quellegan a comprometer los recursos estatales y medioambientales,en provecho inmediato de otras economías y no precisamente dela economía nacional.
14. Parte de esas arremetidas constituye la actual orientación del PlanIniciativa de Infraestructura de la Región Sudamericana (IRSA),cuyo contenido debe revisarse en aras de no vulnerar tratadossobre derechos humanos que precautelan la soberanía de lospueblos, los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente, de tal forma que se evite que los intereses de empresastransnacionales se sobrepongan a los derechos propios de lasnaciones sudamericanas.
15. Ello exige construir un gran consenso nacional sobre las prioridadesdel país de manera que pueda primar una política de integración,de comercio exterior y de inversión conjunta con los paísesvecinos; donde se precautele nuestro medio ambiente, se respetenlos derechos de los pueblo indígenas y que el pueblo bolivianotenga la certeza de que el uso de recursos estatales tendrá unaefectiva repercusión favorable para el desarrollo nacional y elbienestar general de la población.
16. Todo este conjunto de políticas económicas requiere, a su vez,impulsar y perseverar en una nueva forma de administración delos intereses y recursos del país, de manera que en base al principiode soberanía nacional, la utilización de los mismos, respondan enlo fundamental a las necesidades de desarrollo de la economíanacional y a la creación de mejores condiciones de vida de lapoblación boliviana.
17. Planteamos privilegiar el incremento de la producción nacional enlos diferentes ámbitos de la economía, de manera que se logrenlas condiciones materiales necesarias para implementar de manerasostenible políticas sociales en materia de creación de empleo,superación de las condiciones precarias de trabajo, erradicaciónde las peores formas de trabajo; acceso al derecho a la salud y alderecho a la seguridad social; y en general, dotación de viviendas de interés social, el desarrollo socio cultural de la población y ellogro de nuevos niveles de desarrollo científico y su aplicación enla solución de problemas concretos de los diferentes ámbitos dela vida económica y social del país.
18. La riqueza social que el estado capta del conjunto de lasactividades económicas del país, en grado significativo debereorientarse hacia la satisfacción de necesidades sociales queresponda a la generación de empleo, de acceso pleno a losservicios básicos, a una educación de calidad y a servicios de saludde calidad y calidez para el conjunto de la población.
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
19. Nacionalización de las transnacionales hidrocarburíferas y mineras que vulneran los intereses nacionales, incumplen sus obligacioneslegales en lo económico, social, medioambiental, de prospeccióny exploración con el país y cuyo accionar y daño causado a lanación no justifican indemnización alguna.
20. Toda nacionalización de ninguna manera debe desconocer elderecho a la estabilidad laboral, las conquistas salariales y socialesde los y las trabajadoras de las empresas involucradas.
21. Reversión de concesiones mineras o contratos de arrendamientodel sector cooperativista minero, cuando no cumplan con susobligaciones de contar con planes de inversiones y de explotaciónresponsable, con sus obligaciones legales en lo económico o socialpara con el país y con sus trabajadores, o causen dañosmedioambientales no subsanados.
22. El Estado se hará cargo de las áreas de explotación de lasconcesiones o contratos de arrendamiento revertidos, eincorporará como a sus trabajadores a quienes prestaban serviciospara la cooperativa revertida; los mismos que gozarán de todos losderechos como cualquier trabajador por cuenta ajena.
23. Control estricto del Estado sobre los volúmenes producidos por las diferentes formas de producción minera, su exportación e industrialización; a través de los mecanismos del sistema aduanero y que tiene la responsabilidad del comercio exterior del país.
24. Reversión de las tierras ociosas, de latifundios improductivos, y restitución del derecho del campesinado a la dotación de tierra para la producción agrícola, agropecuaria o forestal. De igual forma reversión de aquellas tierras existentes en la franja de seguridad de las fronteras y que se encuentren en manos de personas extranjeras.
25. La provisión de agua para consumo humano, al ser un derecho fundamental, obliga al Estado a crear y fortalecer las condiciones para que cada persona, familia, población del área urbana y rural puedan acceder a una dotación permanente de dicho elemento líquido, en condiciones de sanidad adecuadas.
26. Todas las entidades públicas locales y asociaciones de usuarios que administran servicios de agua para la población, deben responder al fin social esencial de asegurar que exista una dotación de agua en la cantidad y calidad adecuadas, de manera que nunca se orienten por objetivos de mercantilización 27. El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer la administración de tales entidades públicas locales y asociaciones sociales de usuarios, tanto a través de un eficaz marco normativo, de subsidios financieros para los planes de desarrollo y ampliación de los servicios en favor de quienes aún no cuentan con los mismos.
28. Las aguas de cuencas y depósitos hídricos renovables y no renovables (ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, etc.) constituyen recursos estratégicos del país en razón a que deben estar al servicio de la subsistencia de su población y el desarrollo económico social que se requiere, en un medio ambiente saludable.
29. El uso de agua para fines industriales implica la obligación de la conservación del medio ambiente, el desarrollo de planes de nuevas captaciones hídricas que permitan contar con reservas adecuadas y el tratamiento de las aguas utilizadas, bajo normas técnicas que permitan su reutilización sin riesgo de daños para la salud humana y el medio ambiente.
POLÍTICA SOCIAL
Democracia, participación y control social
30. Bolivia debe asumir que el trabajo de las personas por cuenta ajena o por cuenta propia constituye la forma más legítima de ingresos personales y de generación de riqueza social; en consecuencia el Estado y la economía nacional fruto de tal esfuerzo deben estar, a su vez, al servicio de la acción creadora de bienes y servicios de la población, de la materialización del conjunto de sus derechos y en el presente caso, de los vinculados a lo económico, social y cultural.
31. Corresponde priorizar, en consecuencia, un fuerte rol activo de la población en el control de la gestión pública de los diferentes niveles del Estado, así como, precisar los pasos necesarios y urgentes para viabilizar sus derechos sociales en general y a breve plazo.
32. El marco institucional general en el que debe tener lugar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, la materialización y progreso del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales de la población, es sin dudar un país democrático, que cuente con instituciones fuertes, respetables y que demuestran constantemente su compromiso de servicio a favor de la población.
33. Como parte de esa institucionalidad democrática del país, se debe privilegiar la participación de la población en la priorización de la inversión de recursos públicos, en la concreción de políticas públicas y el control para que se haga un uso honesto y adecuado de la riqueza nacional y social.
34. Tal participación constante de la población en diversos niveles de la gestión pública, a tiempo de posibilitar el conocer y encarar alternativas de solución a sus legítimas preocupaciones, reivindicaciones y aspiraciones sectoriales, locales o regionales; ameritan renovados esfuerzos por armonizar las mismas con los intereses generales que hacen al bienestar de la población, tanto para mantener los más altos niveles de unidad del pueblo boliviano y la materialización de los objetivos propios que hacen al desarrollo económico, social y político del país.
35. En esa lógica, el ultra individualismo, propio de sistemas sociales injustos y de privilegios, debe ser superado por fuertes lazos de compromiso social de las personas; donde los derechos y la identidad de cada individuo esté en armonía con sus derechos colectivos y la correspondiente identidad social que resultan de su existencia al interior de diversas colectividades sociales como su familia, su trabajo, sus actividades sociales, culturales y deportivas, y los lugares en que habita y conoce en el interior del país.
36. Las diversas formas de organización de la población, en función de la ocupación laboral, el lugar donde cada persona vive y sus actividades sociales; traducidas en organizaciones sindicales, agrarias, comunitarias, indígenas, cívicas, académicas y estudiantiles entre otras; constituye la forma más natural y legítima en que la sociedad boliviana se halla organizada para ejercer el control social.
37. Para la facilitación del control social en las diversas instancias gubernamentales, nacionales, departamentales y municipales, así como respecto a las empresas estatales y entidades privadas que administren recursos públicos, cada máxima autoridad ejecutiva, debe presentar su rendición de cuentas y gestión en base a la entrega de información previa, la recepción de las observaciones de la sociedad civil, el procesamiento de tales observaciones y la respuesta y solución oportuna y pública a tales observaciones.
38. Cada repartición pública del gobierno central, departamental, municipal, universidades públicas, empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales; debe habilitar reparticiones especializadas con capacidad de transparentar tanto la administración de sus presupuestos como el logro de sus objetivos institucionales.
39. En materia de respeto de derechos humanos, las organizaciones de control social, en cada departamento y además con alcance nacional, deben recibir informes periódicos del Defensor/a del Pueblo y de sus representantes departamentales a objeto de conocer el grado de respeto, promoción y garantía social.
40. Tal informe debe abarcar además los logros en cuanto a la restitución de los derechos vulnerados, cómo las víctimas de tales vulneraciones materializaron su derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna y; los avances del país en relación a la erradicación de toda forma de discriminación social y violencia, en particular por razones de género.
41. La negativa en la entrega de la información solicitada por las organizaciones de control social, al significar afectación del derecho fundamental de petición colectiva, así como, un incumplimiento del mandato constitucional de facilitar información oportuna, veraz y adecuada; obliga al gobierno a que dentro los procedimientos propios de la administrativos pública se precisen las sanciones por ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieren.
42. Los ministerios de estado, las secretarías departamentales e instancias similares en los ámbitos de los gobiernos autónomos, deben promover el trabajo sostenido y efectivo de mesas de análisis y recolección de puntos de vista a propósito de la aprobación de políticas públicas, sus planes y programas, de manera que la socialización de sus proyectos posibiliten rescatar los aportes de la población y ameriten las adecuaciones necesarias en función de una correcta apreciación de las repercusiones sociales que puedan tener.
43. Los organismos legislativos de los diferentes niveles del Estado, tienen la obligación de concretar los reglamentos correspondientes que permitan materializar la iniciativa legislativa ciudadana, así como, hacer de las audiencias públicas una forma sostenida de intercambio de puntos de vista con los diferentes sectores de la población, en relación a las normas que se tratan en cada cámara o cuerpo legislativo.
44. En el ámbito municipal, corresponde reivindicar el derecho de las juntas vecinales, comunidades campesinas, pueblos originarios, respecto a ser partícipes de la planificación de la inversión pública en obras y servicios relacionados con sus respectivas áreas y territorios donde habita la población que representan.
Salarios equitativos, satisfactorios y socialmente justos
45. Corresponde reivindicar desde el gobierno la importancia del salario, como una determinante clave para mejorar las condiciones de vida de las personas que trabajan por cuenta ajena, de manera que el Estado asuma su obligación de tomar en cuenta el costo real de los artículos de primera necesidad y de las otras necesidades económicas y sociales básicas de las familias, y en consecuencia se aprueben anualmente políticas salariales que cumplan con el mandato constitucional de salarios satisfactorios, equitativos y socialmente justos.
46. Es impostergable aplicar una estadística honesta de precios a cargo del INE, de manera que el país conozca con certeza el verdadero nivel de inflación sobre los precios de artículos alimenticios y de aquellos productos que son de consumo indispensable en la vida cotidiana de las familias; y en consecuencia la determinación del salario mínimo nacional, el incremento a la masa salarial y al haber básico de cada trabajadora o trabador sea una evidente conservación y mejora del poder adquisitivo de los salarios.
47. La vulneración de derechos salariales no pueden seguir siendo un acto impune o de tardía solución. El Estado debe promover su tipificación expresa como infracción a ley social y en consecuencia asegurar mecanismos administrativos y judiciales ágiles para el cumplimiento más inmediato posible en cuanto al pago de salarios devengados o los reintegros en caso de pagos realizados por debajo de los parámetros salariales mínimos.
48. Se debe restituir el Consejo Nacional del Salario, como el organismo estatal técnico que oriente la política salarial general y sectorial en el país, así como, la creación de inspectorías exclusivas para el control del correcto pago de salarios. De igual forma se debe reivindicar y fortalecer la dirección de promoción sindical que coadyuve en la capacitación y el rol de los sindicatos para la defensa de los derechos de sus afiliados y afiliadas.
Salud de calidad, con calidez y amplio acceso al seguro social de corto plazo
49. Resulta impostergable asegurar que el Estado vuelque simultáneamente su mirada hacia los derechos a la salud y a la seguridad social; en particularidad tomando en cuenta su importante complementariedad e interdependencia, particularmente en relación a los seguros sociales de corto plazo.
En consecuencia debe fortalecer tanto las entidades responsables del subsistema de salud pública, como las entidades gestoras del seguro social de corto plazo, a cargo de las cajas de salud.
50. En relación a las demandas generales de prevención el subsistema de salud pública debe lograr mejores niveles de eficiencia en la prevención de enfermedades epidémicas y endémicas, así como en una mayor cobertura hacia la población particularmente de zonas alejadas de los centros urbanos.
51. El derecho fundamental a la seguridad social de corto plazo debe romper el mito de que solo es factible para la población relacionada con el trabajo asalariado y, expandirse de manera decisiva hacia la población vinculada con el trabajo por cuenta propia; de manera que ésta también pueda acceder a los servicios de medicina general, medicina especializada, análisis de laboratorio y estudios especializados, medicación, cirugías menores, cirugías mayores, internación hospitalaria, subsidio de incapacidad temporal por enfermedad común o riesgo laboral y subsidios materno infantil; de manera que las familias dejen de afligirse, sabiendo que el seguro cubrirá el costo de los mismos.
52. El Estado, para materializar el propósito precedentemente señalado y en cumplimiento del mandato constitucional de asumir el derecho a la salud como su función suprema y primera responsabilidad financiera, así como, en razón a la obligación financiera resultante del tripartismo que sustentan el derecho a la seguridad social, debe reconocer el derecho de las familias que trabajan por cuenta propia de utilizar su crédito fiscal para obtener aportes estatales destinados a la cobertura de su afiliación a la seguridad social de corto plazo.
53. De igual forma, el Estado, en aplicación de los valores en los que se sustenta como son el de justicia social, equidad, distribución y redistribución de bienes públicos, debe consignar una alícuota en el impuesto a la telefonía móvil, de manera que junto a una reorientación de los impuestos recaudados por transacciones financieras en moneda extranjera, permitan financiar el seguro social para las familias del área rural, cuya actividad económica no posibilita el uso de crédito fiscal alguno ni trabajan por cuenta ajena.
54. Se debe honrar la obligación legal establecida en el Código Niño, Niña y Adolescente, de manera que el gobierno empiece a consignar en sus presupuestos los recursos necesarios destinados a subrogarse el aporte patronal a la seguridad social de corto plazo, a favor de la población adolescente que en razón a circunstancias de la vida trabajan por cuenta ajena para subsistir y/o ayudar a sus familias.
55. Urge resolver la ineficiente administración financiera existente en los Seguros de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y el Bono Juana Azurduy. En el caso del SSPAM, en base al sistema informático de pago de la Renta Dignidad, se debe automatizar la entrega de certificados anuales monetizables de dicho seguro, de manera que la reafiliación de toda persona adulta mayor en el ente gestor respectivo sea también automático, estos cuenten con los aportes económicos oportunamente y se ponga fin a la mora y procesos judiciales a las municipalidades.
56. En ambos subsistemas, salud pública y seguridad social se debe fortalecer la medicina tradicional, a través de su sistematización, validación y socialización que asegure su valor práctico y conocimiento asimilable en la currícula académica de formación de profesionales de salud. De igual forma se debe propender al contar con evidentes profesionales plurilingües en el área de la salud, capaces de comunicarse con la población en su idioma nativo y, mediante el dominio de idiomas extranjeros, acceder a nuevos conocimientos, técnicas y tecnológicas médicas para beneficio de nuestra población. Se debe trabajar también en deconstruiractitudes tecnocráticas y fomentar la calidez en el trato cotidiano del personal de salud hacia los y las pacientes.
57. Corresponde identificar las necesidades de especialidades médicas en función de la realidad de nuestra población, cuyo cerca del 20% requieren al presente de atención geriátrica y gerontológico de calidad, entre otros; así como, en el desarrollo de la infraestructura y equipamientos médicos tanto del subsistema de salud pública como de la seguridad social de corto plazo.
58. El Estado como garante del conjunto de derechos inherentes a la salud, entre ellos a la salud sexual y reproductiva, debe comprometer esfuerzos para hacer que, tanto el sub sistema público de salud como de seguridad social, refuercen su atención a favor de la población joven y de las mujeres.
59. En cumplimiento de la función suprema y primera responsabilidad financiera a favor del derecho a la salud, como dispone la propia Constitución, el Estado debe definirse a favor de un progresivo y sostenido crecimiento de los recursos que destina a la salud en el Presupuesto General del Estado, de manera que se incremente la infraestructura hospitalaria, se amplíe el número de ítems y se asegure la oportuna dotación de insumos y medicamentos de calidad.
Educación de calidad
60. Se debe propender a una educación de calidad, procurando un número racional de alumnos por docente, asegurar la infraestructura física y provisión, oportuna y sostenida de materiales didácticos, alentar la actualización periódica de contenidos y la renovación de recursos didácticos; de manera que se garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para toda persona estudiante del campo y las ciudades.
61. Es urgente el acceso a una conexión gratuita a la red de Internet para los docentes, y promover por este medio la facilitación de sus responsabilidades administrativas y el acceso a nuevas alternativas didácticas y de contenidos actualizados, a bibliotecas virtuales, así como a materiales multimedia en relación a laboratorios virtuales de física, química y contenidos temáticos transversales como derechos humanos, ejercicio de la ciudadanía y prevención de violencia.
62. Se debe facilitar incentivos en relación a la capacitación constante de las y los profesores de educación primaria y secundaria; para el desarrollo de su experticia en el manejo de nuevas tecnologías informáticas, en la innovación didáctica y un creciente dominio de su materia y de temáticas transversales; así como, en relación a facilitar el que puedan adquirir bibliografía periódicamente o programas informáticos especializados relacionados con su materia.
63. Urge generalizar, en todo el país, el acceso de los estudiantes de secundaria a las nuevas tecnologías del conocimiento, de manera que cada núcleo escolar cuente con conexión a Internet y cada estudiante cuente con su computadora como instrumento de búsqueda de información, procesamiento de datos y construcción de conocimientos; de afirmación y desarrollo del manejo óptimo de varios idiomas (lengua originaria, castellano e idiomas extranjeros) así como, de interacción con sus pares y con comunidades educativas de otras regiones del país.
64. Respecto a los y las adolescentes trabajadoras, es imperativo generar incentivos que alienten la continuidad de sus estudios por lo menos hasta el bachillerato. Se debe valorar su rol social desde el momento en que se trata de personas que trabajan, que desde muy temprana edad han asumido incluso responsabilidades familiares, y en consecuencia deben ser merecedores de una consideración y atención especiales por parte de sus compañeros de estudio, el personal docente y administrativo.
65. En relación a la educación no escolarizada es necesario contar con programas sostenidos para erradicar el analfabetismo, así como disminuir el analfabetismo digital; fomentar a las entidades que trabajan y aportan en cuanto a la educación alternativa, a la educación técnica y toda otra forma de capacitación y estudio vinculada a la edad, actividad laboral, lugar que habitan, la ciudadanía y los derechos humanos.
66. Corresponde reivindicar la educación como la más alta función del Estado, en consecuencia propender a presupuestos adecuados para satisfacer las necesidades y desafíos de una educación de calidad, inclusiva, científica, acorde a las nuevas tecnologías de información y conocimiento, así como, perseverar en la condición de personal del estado del magisterio nacional, no permitiendo margen alguno para que se declare profesión libre.
67. Es necesario transversalizar la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con énfasis en la educación humanística desde una perspectiva de los derechos humanos que aliente verdaderos procesos liberadores de toda forma de opresión, explotación e injusticia social, fomente la solidaridad y el respeto mutuo. Con énfasis en la enseñanza técnica - tecnológica basada en los adelantos científicos más recientes y aplicables a nuestra realidad, y con miras a fortalecer los requerimientos reales de oficios, profesiones y especialidades que el país y las políticas de desarrollo impulsados por el Estado así lo demanden.
68. Recuperar la institucionalidad de las diferentes reparticiones que tienen a su cargo la conducción de la educación pública en el país, en particular a través de la institucionalización de los cargos de responsabilidad en base a los méritos y conocimientos de los y las postulantes.
Educación universitaria al servicio del país y su pueblo
69. En el ámbito de la educación superior, se debe contribuir a que la autonomía universitaria se reencuentre con su verdadero sentido de servicio social y desarrollo constante de la ciencia y tecnología.
En relación a lo primero facilitando la transparentación de su gestión hacia la sociedad y el control social, de manera que periódicamente se valoren sus logros, se identifiquen sus deficiencias y limitaciones, así como las metas más pertinentes en relación a las expectativas de la sociedad.
70. El Sistema Universitario debe orientar el estudio, diagnóstico y solución integral de problemas regionales y nacionales, así como de la problemática social de los trabajadores y pueblo. Debe ser partícipe activo del debate nacional y local sobre las políticas públicas y desarrollo legislativo; y vincularse a la lucha revolucionaria y las legítimas reivindicaciones de los diversos sectores del pueblo.
71. Debe contribuir a la producción científica teórica y al desarrollo de tecnologías apropiadas, de manera que los diversos sectores productivos encuentren en ella un referente de innovación tecnológica. Los procesos de enseñanza – aprendizaje deben posibilitar una sólida formación académica a la par de cultivar experiencia práctica laboral en sus estudiantes y que los profesionales que se formen en la universidad no sean tecnócratas sino intelectuales críticos y con profundo compromiso social para con su pueblo.
72. Las casas superiores de estudio deben contar con las condiciones materiales necesarias e incentivos reales para que sus profesionales incursionen y perseveren en la investigación científica, técnica y tecnológica.
73. Sus procesos de enseñanza-aprendizaje deben fomentar el debate académico en todas las áreas del saber humano, y con mayor razón en las profesiones vinculadas a las ciencias sociales, económicas y políticas, como uno de sus medios didácticos permanentes. Debe tener la capacidad de cultivar la sensibilidad social de sus estudiantes, de enaltecer en la pácticael compromiso social de sus estudiantes y docentes, así como destacar la importancia de la experiencia adquirida y el sentido práctico de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana.
74. Dentro el esfuerzo constante para lograr y mantener una educación universitaria de calidad, su acreditación periódica no solo debe tener lugar en relación a sus pares de otros países, sino también en función de resultados concretos en cuanto a su eficacia y aporte a la solución de problemas sociales, económicos y tecnológicos del país o su región y en función del uso eficiente de los recursos de los que dispone.
75. Como parte de ello debe perseverar en su fortalecimiento institucional, no permitir que se constituyan “feudos” que respondan a intereses grupales o personales, debe generalizar la institucionalización de sus docentes mediante concursos de méritos y exámenes de competencia, así como, a través exámenes de oposición transparentes. Respetar y fortalecer sus instancias deliberativas en cada estamento de la comunidad universitaria, sus asambleas generales, sus consejos de carrera, de facultad y universitaria; sus correspondientes conferencias y congresos universitarios; así como, la elección democrática de sus autoridades a través del voto estamental.
76. El Estado, por su parte y como respaldo decidido al ejercicio profesional en sus diferentes reparticiones, no debe deprimir las remuneraciones salariales, al mismo tiempo que las entidades públicas de diferentes ámbitos deben retomar y perseverar en su institucionalización reconociendo los méritos y conocimientos de los y las profesionales; así como, crear espacios laborales y programas de promoción del empleo a favor de los y las profesionales que se gradúan en las universidades de cada región.
Sanción y erradicación de la discriminación y la violencia de género
77. Debe tomarse conciencia que la discriminación y la violencia contra la mujer resultan un problema social que exige del Estado soluciones integrales. La obligación que éste tiene para sancionar y erradicar tal discriminación y violencia, exige políticas que contribuyan a cambiar la mentalidad feudal y patriarcal en la sociedad, en las reparticiones gubernamentales, en empresas, en las entidades educativas de diferente nivel, etc.
78. Es evidente también que la discriminación y violencia de género, resulta acentuada en sumo grado cuando tiene lugar en situación de explotación y opresión económica al interior de la sociedad; de manera que tal contexto de injusticias sociales de clase también deben ser encaradas de manera real.
79. En ese propósito las políticas públicas deben comprometer al sistema educativo y a los medios de comunicación en la formación sostenida de una conciencia ciudadana de equidad de género y una cultura de no violencia en las jóvenes generaciones y la población en general; de manera que seamos seres críticos ante el abuso de poder, ante las conductas promotoras de la violencia cual una mercancía más de la sociedad actual.
80. Tales políticas públicas también deben comprometer recursos del Estado y el funcionamiento de reparticiones especializadas que permitan atender de manera eficaz y con sensibilidad social los casos de discriminación y violencia de género, en particular la creación del Instituto de la Mujer, con rango de un ministerio de estado.
81. Corresponde un saneamiento legislativo mediante el cual se saque de la vida jurídica del país las disposiciones que entrañan discriminación por razón de género, como el Art. 3° de la Ley General del Trabajo que de manera absurda limita a un porcentaje la presencia de personal femenino en las empresas.
82. Urge, de igual forma, un saneamiento legislativo en materia penal que ponga fin a la dispersión normativa y enfatice en los delitos que causan mayor preocupación en la ciudadanía respecto a su eficacia y oportuno acceso a la justicia. Resulta imperioso poner fin a la politización de la justicia como garantía de imparcialidad y efectividad de su labor; al mismo tiempo que se debe encarar de manera decidida la superación de sus limitaciones en cuanto al número de jueces en relación a la población existente en cada jurisdicción territorial tanto urbana como rural, los procedimientos que resultan dilatorios para superar la retardación de justicia. Se debe considerar la implementación del desarrollo de los procesos mediante medios informáticos vía Internet, en todo cuanto sea aplicable. De igual forma se debe respaldar, de manera seria, alternativas de solución de conflictos a través de instancias eficaces de conciliación y arbitraje, y el esperado adecuado desempeño de la justicia comunitaria en el marco de los derechos constitucionalmente reconocidos.
Jubilación digna y socialmente justa
83. Urge reivindicar el cálculo del promedio para la jubilación en base a las últimas veinticuatro boletas de pago, replantear la fórmula de cálculo de la Compensación de Cotizaciones al viejo sistema, cambiar el referente económico de su mantenimiento de valor hacia el índice de precios al consumidor (IPC), así como, modificar las escalas de aplicación de la renta solidaria a favor de un mayor número de personas con bajos salarios.
84. Se debe poner fin al trato diferenciado en el porcentaje de la renta de jubilación, de manera que desaparezca aquella discriminación que en razón a la ocupación de las personas limita a la mayoría a un máximo de 70% sobre su promedio de ingresos en los dos últimos años de su vida activa.
85. Posibilitar el acceso al seguro social de corto plazo, a favor de las personas que, contando con su certificado de compensación de cotizaciones, no pueden encontrar trabajo para seguir aportando y se encuentran a escasos años de la edad mínima para contar con su respectivo pago en calidad de pensión o renta.
86. Identificar las dificultades que impiden que los y las trabajadoras por cuenta propia, principalmente del área rural, no encuentren motivación o condiciones para aportar al presente al Sistema Integral de Pensiones; de manera que se trabajen alternativas de inclusión para que accedan al derecho de una jubilación cuando no se encuentren en condiciones de proseguir con una vida activa en sus labores agrícolas, pecuarias o similares.
Protección efectiva de la libertad sindical y los derechos laborales
87. Como parte de las políticas sociales de respeto a los derechos sindicales, debe abrogarse el D.S. 1958 de 16 de marzo de 1950 y el art 118 de la L.G.T., así como se debe incrementar la multa por atentados al fuero sindical y las infracciones a leyes sociales a quince salarios mínimos nacionales, conforme recomienda la O.I.T.
88. Corresponde derogar el conjunto de artículos del Decreto Reglamentario de la L.G.T. que limitan y retrasan de manera inconstitucional la formalización de las personerías jurídicas de las organizaciones sindicales.
89. Urge también, contar con un procedimiento administrativo propio del Ministerio del Trabajo que dé agilidad a la restitución de derechos laborales vulnerados, a la materialización de las demanda por infracción a ley social y la pronta sanción y consiguiente reposición efectiva de los derechos sindicales y laborales vulnerados.
90. Es imperioso reivindicar el carácter universal de la L.G.T. y abrogar el Art. 1º del Decreto Reglamentario de 1943, de manera que se habilite la protección de la normativa laboral a favor de amplios sectores de trabajadores del Estado.
91. La creciente dispersión normativa en materia laboral, a su vez, exige una sistematización oficial que rescatando el principio de la norma más favorable permita dotar al país de una L.G.T. socialmente justa, eficaz, progresista e incluyente; respetuosa de las conquistas sociales en materia de jornada laboral general y jornadas sectoriales, eficaz en la pronta tutela de las remuneraciones, progresista en cuanto a asegurar condiciones racionales y seguras de empleo, eficiente en relación a la materialización de las indemnizaciones al concluir las relaciones laboral y; precisa en cuanto a los derechos inherentes a la seguridad social de corto plazo y a la seguridad industrial.
92. Se debe poner fin a las injusticias que al presente agobian a las personas que fueron víctimas de la violencia política en el país y que, demandan les sea restituido el derecho a obtener la reparación por los daños sufridos, en apego al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura y la propia C.P.E.
Acceso al derecho a contar con techo y un hábitat armónico y sostenible
93. El gobierno debe destinar y fortalecer fondos estatales para programas sostenidos y planes masivos de construcción de viviendas de interés social, que cuenten con los respectivos servicios básicos, una armónica distribución urbana, así como, para el mejoramiento de viviendas ya existentes o la dotación de los servicios básicos de las que carezcan; de manera que toda familia, que tenga tal necesidad, pueda ejercer efectivamente su derecho a un hábitat y vivienda adecuada.
ACCIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
94. Impulsar la lucha de las fuerzas sociales y políticas de América latina y el mundo en pos de alcanzar sociedades socialistas de nuevo tipo.
95. Solidaridad con las luchas de pueblos hermanos, de sindicatos y organizaciones sociales del continente y el mundo, en pos de la materialización y respeto de sus derechos fundamentales; con aquellos que resisten la regresión de derechos a consecuencia de planes de ajuste económico, que sufren regímenes dictatoriales con la consiguiente restricción de sus libertades; o son víctimas de conflictos armados o amenazas a la paz en sus regiones, sufren segregación social, violencia de género u otras expresiones de injusticia social.
La Paz, mayo de 2013