El latifundio en Santa Cruz es ilegal, ilegitimo, su presencia pone en riesgo la unidad del país

01.Ago.12    Santa Cruz
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El latifundio en Santa Cruz es ilegal, ilegitimo, su presencia pone en riesgo la unidad del país

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El MNR impulsa la Reforma Agraria por la presión de las comunidades originarias que tomaron haciendas en los Valles y el Altiplano. Pero la Reforma Agraria fue utilizada para dar minifundios en la región andina, mientras que dio latifundios en el Oriente del país para cumplir con la meta del Plan Bohan de dar nacimiento a un sector agro-empresarial


El latifundio en Santa Cruz es ilegal, ilegitimo, su presencia pone en riesgo la unidad del país

La entrega de tierras, fue una política discriminadora de parte del Estado (nacionalista, militarista, neoliberal), mientras a los campesinos del Departamento de Santa Cruz les fueron entregadas 117.384 hectáreas, que representa el 0.5 % del total dotado, a los medianos propietarios (incluidos japonés, menonitas, algunos campesinos y empresarios) les fueron entregadas 3´572.971 de hectáreas, representando el 15.48 %. El latifundio, conformado por movimientistas, militares, allegados a los gobiernos neoliberales, empresarios y ganaderos, recibieron 19´389.832 de hectáreas, que representa el 84.01% de la tierra entregada.

El latifundio a nivel nacional creció en una magnitud impensable e indeseable, ya que detenta más de 50´663.169 de hectáreas, representando el 81.89 % del total dotado, es decir, una superficie tan grande como los Departamentos de La Paz, Potosí, Beni y Tarija juntos.

El latifundio pone en peligro la unidad del país al detentar, en pocas manos privadas, una gran cantidad de territorio que equivale al 46.11 % del territorio patrio.

Es más, en Santa Cruz, existe 5 terratenientes que poseen un millón de hectáreas (1´001.021 ha.).

Pese a que la Ley de Reforma Agraria, en su artículo 172, prohibía las dobles dotaciones para evitar el acaparamiento de tierras, ésta disposición fue ampliamente vulnerada. En Santa Cruz, se trata de 1.270 infractores -a la Ley de Reforma Agraria- con una extensión ilegal de dobles, triples, cuádruples y quíntuples dotaciones correspondientes a 5´686.100 de hectáreas. No estamos hablando de dobles o triples titulaciones, sino de variadas dotaciones de tierras hechas por el Estado. Las más de cinco y medio millones de hectáreas ilegales, deberían ser devueltas a dominio fiscal de forma inmediata y sin trámite alguno. Y es aquí, precisamente, como se observa la complacencia y complicidad del Estado Plurinacional al permitir la existencia de este tipo de propiedades. Para el caso nacional, las proporciones se incrementan, ya que son 3.870 beneficiarios con dotaciones múltiples por una extensión de tierra equivalente a más de 12.8 millones de hectáreas.

Para comprender la política del actual gobierno –favorable al latifundio en toda su expresión- basta consignar lo que dice el Artículo 399 de la nueva Constitución Política del Estado:

“I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.
II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos”.

Sin que los agro-empresarios y latifundistas se lo soliciten, Alvaro García Linera, en la ciudad de Santa Cruz, el 28 de abril de 2012, anunció “la pronta aprobación de tres leyes en favor del sector agrícola, entre ellas una que establecerá una pausa de cinco años en la verificación de la función económica social (FES)”. Recordemos que, el incumplimiento de la Función Económico Social, es uno de los procedimientos del saneamiento de tierras que permite revertir las mismas al dominio fiscal, con lo cual se garantiza la propiedad mal habida.

¿Cuántos latifundios han sido revertidos al dominio fiscal durante el gobierno de Evo Morales? Ninguno.