El carácter del cambio: análisis de coyuntura política

16.Sep.11    Nacional
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El carácter del cambio: análisis de coyuntura política

Consideramos de importancia hacer el análisis de la coyuntura, como una práctica permanente, no sólo contemplativa sino transformadora. Muchos analistas y supuestos defensores del gobierno le hacen flacos favores, con interpretaciones parciales y pobres, paupérrimas…

Por el lado de la derecha, es evidente que pretende aprovechar de temas de coyuntura, para sacar partido, pero nuestro pueblo ya sabe quiénes no deberán volver nunca al gobierno. De lo que se trata es de avanzar, superar al gobierno populista y neoliberal, abrir un camino de liberación, subvertir el poder actual y construir el poder del pueblo. Esta obra es cognitiva, es decir, sin análisis, reflexión y construcción teórica se torna imposible.

En este cometido les adjuntamos un análisis de coyuntura…


El carácter del cambio: análisis de coyuntura política

Bolivia, en los tiempos que corren, se halla invadida de muy comprensibles conflictos y demandas comunitarias en escalas y estelas de orden diacrónico, atendiendo con autenticidad la trama que nutre nuestra formación económico social civilizacional abigarrada y sus innumerables tiempos históricos, en plena expresión mediante problemáticas cuyo desarrollo; por suscitarse bajo códigos, lenguajes y símbolos desconocidos para el común de los actuantes tradicionales; abarca enfoques y temáticas de diversa trascendencia y localización, que necesitan ser reflexionados críticamente –investigativamente-, imponiéndose la pertinencia de una vieja herramienta, el análisis de coyuntura. Por otra parte, al haber leído un análisis de coyuntura ofrecido muy gentilmente por un intelectual radicado en el exterior a ciertas organizaciones y sectores sociales, cuya única virtud estriba, a mi parecer, en el acto mismo de gentileza y no necesariamente en su contenido; considero un imperativo de tod@s l@s bolivian@s, llevar a cabo este tipo de análisis hoy, para el cual, a continuación ofrecemos algunas consideraciones.

Éstas deben partir del objetivo que preside nuestro análisis, el cual no pretende imponer una interpretación cerrada de los hechos, sino aportar a la Comunidad estructuras de aspectos y diversos puntos de vista, para discurrir hacia una visión crítica de los acontecimientos, aperturando un espacio dialogante y reflexivo con ella. Si una perspectiva crítica resulta inútil para estimular el pensamiento y debate individual/colectivo, puede convertirse en otro sistema impositivo y de domesticación de la gente, como pretenden algunos discursos dominantes e incluso comunicacionales que ignoran superlativamente una trama de fondo, coyunturalizando todos los temas. La ética fundamental del trabajo se dirige hacia un diálogo crítico hacia y desde la Comunidad, esperamos lograrlo…

Inicialmente, tras la coyuntura sobrepolitizada con sucesivos actos de sufragio que caracterizó a la primera gestión del Presidente Morales, donde la oposición política fue derrotada y fortalecido el gobierno, gracias al masivo respaldo electoral nacional; los escenarios y actuantes de la segunda administración del MAS parecen desplazarse hacia sectores solidarios con el proyecto que simboliza su gobierno y el componente sociopolítico de la Comunidad Nacional –que ha pretendido ser sustituido por eufemismos asépticos como “sociedad civil”-, que contempla un tejido polícromo de organizaciones y sujetos ciudadanos tradicionalmente desplazados de las tomas de decisión; bastante inarticulado y sobrepuesto por su propia naturaleza; que se hace visible de forma sectorial, pero contempla problemáticas de sustancia en el tramado histórico boliviano. Veamos.

La confrontación política electoralizada que caracterizó el anterior período, fue resuelta en términos ampliamente favorables al gobierno, derrotando categóricamente a la oposición política conservadora y de derecha, que se halla refugiada y a la defensiva en las pocas áreas regionales que conserva y aún administra. El éxito fue tan rotundo, que la segunda gestión presidencial carece de oposición política real, mas éste ha comenzado a conspirar contra el propio gobierno, que necesita permanentemente de un fantasma opositor para encubrir sus graves limitaciones técnicas y gestionarias, así como las orientaciones fundamentales de sus políticas estatales, que distan sustancialmente de los compromisos asumidos con las organizaciones y ciudadanos, entre los cuales destacan las demandas de Octubre…

El constante –y declinante- respaldo brindado por la Comunidad ante las múltiples ocasiones en que los actuales gobernantes pidieron su apoyo, fue contundente. Una senil oposición cívico/política de derecha fue barrida del escenario electoral y discursivo en forma inapelable, dejando en manos del Presidente y su “instrumento político” todo el poder político estatal. En el segundo gobierno del MAS no existe ninguna traba política o social que se interponga entre los objetivos gubernamentales y su concreción, excepto ellos mismos, que hasta ahora no habían salido a la luz de forma tan cruda como en el caso del TIPNIS, que veremos en su momento.

Al desarmarse los adversarios, la confrontación política bajó de tono y se hizo secundaria, discretamente sectorial, desplazándose del centro que había ocupado, hacia la periferia, ya que la titularidad del poder y sus instrumentos, quedó sellada a favor del MAS: esto es inobjetable. Paradójicamente, quizá nos hallamos en un escenario donde la victoria política del oficialismo se torna muy riesgosa para el propio gobierno, pues el núcleo de atención pública se desplazó hacia temas concretos inherentes a la gestión pública y el vivir bien de la Comunidad; es decir, al punto más flaco del Estado Plurinacional. En efecto, los pocos eficaces lineamientos de políticas públicas del gobierno, anteriormente secundarios, han dejado de ser encubiertos y se manifiestan cotidianamente, exacerbándose cuando pasan al ámbito de la ejecución o inejecución, según sea el caso. Paralelamente, los gobernantes consideran que temas tan cruciales deben solucionarse mediáticamente, vale decir, enfocan sus acciones al campo de la opinión pública, donde construyen narrativas discursivas de proyección subjetiva hacia el “yo profundo” de ésta, que lleven el debate del tema a un escenario ventajoso para el poder, convirtiéndolo en un campo de batalla donde prevalezca su fórmula invariable de enfoque de los problemas, en vez de solucionarlos estructuralmente mediante los recursos e instituciones a su alcance; que es la función pública para la que han sido electos; llegando su discurso hasta el ámbito de lo pintoresco.

Veamos un caso concreto, los famosos cortes de luz. En cinco años de gestión, el gobierno pudo haber modificado la matriz energética nacional en base al gas natural (o al menos iniciado tal proceso), un recurso abundante, barato, ecológico, cubriendo con solvencia y baja inversión, las demandas del mercado interno. Empero, como carece de una política energética estratégica viable y eficaz, se contentó con estatizar el sector eléctrico, ubicar a sus militantes en las unidades de gestión del mismo, y conservar de forma mediocre los lineamientos políticos y técnicos neoliberales vigentes. Por otra parte, como su política hidrocarburífera no se orienta hacia la demanda interna -al punto tal que la infraestructura existente resulta irrisoria- sino hacia la explotación y exportación de materia prima; tareas tan urgentes como el cambio de matriz energética han sido soslayados incomprensiblemente por las autoridades de ambos sectores, desnudando una carencia no sólo instrumental del gobierno, sino lógica: hay que planificar estratégicamente el uso de los recursos existentes y abundantes en un territorio, para luego ver la forma de acceso a los inexistentes.

Prosigamos. En el hipotético caso de que fuera imposible utilizar el gas natural boliviano para cambiar la matriz energética nacional, todavía queda el camino de elaborar una política sectorial en materia de generación de energía eléctrica con bases tradicionales para satisfacer la demanda de una sociedad en pleno crecimiento demográfico y mejorar la oferta del servicio en uno de los países más carentes del mismo, y no simplemente por falta de recursos o dinero. Ello justifica la nacionalización del sector. Mas la estatización vigente no sólo ignoró los anteriores elementos, sino que su administración amenaza con llevar a la quiebra a Guaracachi -y similares- por ineficiencia y realiza cortes de energía sumamente perjudiciales y súbitos, despertando una ola de protestas. En vez de analizar opciones de solución que impliquen multiplicar la generación de energía, el gobierno propone modificar la hora, es decir, cambiar la organización horaria del día, atrasando el reloj por una hora. La “idea” fue lanzada sin rubor alguno, justificándola por el éxito alcanzado cuando se practicó en otros países y solicitando una vez más a la ciudadanía se sacrifique. O sea, para solucionar la falta de energía, hay que cambiar la hora, pidiéndole a la ciudadanía que lo haga, encubriendo la desastrosa gestión estatal en la materia y su falta de capacidad para solucionar el problema en el corto plazo.

Pero resulta que no se tomaron en cuenta algunas cosas. Veamos. En los países donde se cambió la hora, existe una base industrial tan amplia, que las fuentes energéticas convencionales pueden escasear, debiendo reordenarse la prestación del servicio y, dentro de ello, el cambio horario es factible. Mas Bolivia carece de industrialización y el consumo ampliamente mayoritario de la energía es realizado por su mínima población, que crece geométricamente. Las campañas de información ciudadana pueden impactar favorablemente, pero ello no implica la solución del problema, que inapelablemente consiste en optimizar y multiplicar las fuentes de generación energética, más aún si se pretende un despegue productivo nacional. Mas el gobierno insiste en modificar la hora. Entonces salen los padres de familia, quienes además de resaltar el cambio metabólico de hijos y progenitores por adelantar el reloj, sostienen que levantándose hijos y padres una hora antes, debe inevitablemente prenderse la luz (cinco de la mañana), consumiéndose más energía que antes y multiplicándose los problemas (transporte, etc.) de manera tal que sólo aceptarían dicho cambio si es que se aplica el horario de invierno, es decir, una hora después, con lo cual, todo seguiría como hasta ahora, pero con un reloj atrasado: los padres e hijos se levantarían a la misma hora de siempre y todo andaría igual, excepto el reloj, algo pintoresco.

Paulatinamente, la temática se fue diluyendo en la coyuntura, dado que la gente no considera seria la propuesta horaria y, por otra parte, comienzan a llegar datos alarmantes acerca de la pésima administración estatal de dicho sector, aspecto último que justifica una silenciosa retirada gubernamental. Entonces, por gravitación propia, emerge la problemática inherente al TIPNIS, que, basados en un procedimiento crítico aportado por Luis Espinal, trataremos de clarificar, yendo directamente a la trama y su sentido, evitando caer en detalles distractivos. A tal efecto, desplegaremos una etapa analítica y otra sintética; por la primera, desmenuzaremos los elementos básicos del conflicto, y por la segunda, aportaremos una visión de conjunto, una apreciación global de la problemática. Veamos.

El arribo al poder de un Presidente indígena, constituye un momento cumbre para el país y los autoidentificados sectores indígena originarios, recibiendo éste el apoyo masivo de todos ellos, incluyendo a la CIDOB y sus organizaciones, en alianza político-electoral con el gobierno, logrando así espacios de poder aún reducidos, pero cualitativos por su característica fundante: gobierno indígena. Inicialmente, de un apoyo discursivo y electoral, pasan los indígenas de tierras bajas a un apoyo político militante a favor del gobierno y su lucha contra las élites regionales, que son tradicionalmente adversarias de los indígenas. En tal dirección, se producen conflictos internos en la CIDOB, incluidos flagelamientos a connotados ex dirigentes (Marcial Fabricano), logrando el gobierno la plena adhesión de la cúpula nacional y de cúpulas regionales importantes como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), apostando siempre por la pirámide organizativa formal. A ello se sumaron algunos escaños indígenas en las listas del MAS.

La Asamblea Constituyente puede tomarse como otro momento cumbre en la relación Gobierno/Indígenas de Tierras Bajas. Aliados, logran superar a los partidos tradicionales y, paralelamente, se incorporan en la CPE una cantidad significativa de demandas indígenas, por lo cual se vive un romance intenso en la relación política, que comenzará a enturbiarse con posterioridad, gracias a medidas concretas del gobierno que ignoran, subalternizan o sacrifican a los indígenas del Oriente, justificándoselas como imprescindibles para viabilizar el proyecto constitucional, que mantiene incólumes en su texto a las demandas indígenas, a título de compensación por el incumplimiento de promesas; otorgación injusta de los escaños indígenas muy reducidos y un conjunto de conflictos locales y sectoriales que se fueron ventilando internamente.

Los cambios en la situación se gestan lentamente, pero de forma continua. Para los indígenas de Tierras Bajas, una praxis histórica eficaz consiste en incorporar sus demandas dentro de la CPE y normas reglamentarias, para luego exigir su cumplimiento, aspecto que puede ilustrar la aparente “sumisión” de la CIDOB al gobierno, mientras aquello no se plasme. Mas, una vez aprobada la CPE, realizadas todas las consultas electorales y posesionada la segunda gestión del Presidente Morales (con apoyo indígena), se manifiestan paulatinamente demandas indígenas para la aplicación de las conquistas constitucionales, pero en ámbitos todavía locales y regionales, esto es, sin resonancia nacional. Justamente debido a ello, mientras el respaldo cupular continúa inalterable, las organizaciones regionales, intermedias o comunitarias, comienzan a cuestionar ciertas medidas u omisiones gubernamentales que van contra sus propias leyes y afectan directamente la forma de vida consagrada ancestral y constitucionalmente. El desgaste continuo fue imposible de controlar para el gobierno, ya no bastaba el uso prebendal que se hizo del Fondo Indígena (5% del IDH) para contener las demandas, llegando todos los factores a situarse concatenados estratégicamente en el conflicto del TIPNIS.

El TIPNIS condensa la doble cualidad constitucional de Territorio Indígena y Área Protegida, cuyo tratamiento es cualitativamente distinto a los demás. Se trata de un centro de biodiversidad cuya mínima alteración impacta decisivamente en el equilibrio biótico del conjunto, sus cadenas de vida y especies, tornándolo inviable. Por ejemplo, si se cortan árboles que contienen especies diversas, ninguna medida compensatoria puede reparar su desaparición, degradando el medio ambiente que se halla en desequilibrio, pues una extinción o migración biótica altera toda la cadena que depende de sus interconexiones, llegando a empobrecer los recursos de que dispone la comunidad humana para vivir. Por ello es un área protegida y no puede hacerse ningún camino por sus territorios. Empero, la zona es atacada por madereros y colonizadores del Chapare, que han logrado reducir su perímetro y prosiguen invadiendo predatoriamente, causando impactos altamente nocivos hoy, sin camino alguno, considerándose técnica y científicamente que, de llevarse a cabo la vía, en menos de veinte años el área protegida desaparecerá, partida en dos, modificando estructuralmente la forma de vida de la zona.

Justamente por ello, tras una serie de reclamos inatendidos, los indígenas del TIPNIS deciden llevar a cabo una Marcha en defensa de su territorio y modo de vida que se hallan seriamente amenazados, logrando inicialmente el apoyo de la CONAMAQ y algunos sectores de una CIDOB dividida y entonces oficialista. Se trata de una interpelación que nace en las bases indígenas y arrastra consigo a los dirigentes, no a la inversa, dado que las bases parten defendiendo la supervivencia cultural ambiental de su pueblo y a este acto se van sumando los apoyos de sectores postergados y esclarecidos, tomando cuerpo. El Gobierno responde utilizando un filtro ideológico eficaz: los indígenas atentan contra el desarrollo nacional y local oponiéndose a un camino reclamado por todos como necesario. Divide en tres los tramos y concerta con el 1 y 3 (cocaleros y San Ignacio de Moxos), dejando pendiente el 2 (TIPNIS) hasta el final, bajo la hipótesis de que una vez construidos ambos tramos, deberán lograrse acuerdos con los hechos consumados, sin posibilidad de contramarchas.

Empero, la reacción indígena lleva al gobierno a un extraño endurecimiento de su posición (el camino sí o sí), atacando con virulencia los motivos de la marcha, sus dirigentes y aliados, todo con la finalidad manifiesta de poner en duda, desacreditar la demanda, que va menoscabando su imagen externa y discursos de la Pachamama defendida, víctima mortal de su camino. Luego, arremete mediáticamente con acusaciones políticas de injerencia norteamericana, ONGs, etc., utilizando medios ilegales (pinchazos telefónicos rebautizados como “control de dirigentes”) y antiéticos (ligar a la CIDOB con USAID por la existencia de ciertos proyectos), dado que para nadie resulta extraño el gestionar una visa si te encuentras en la mira del gobierno, además de conocer que USAID tiene muchos proyectos en Tierras Bajas cuyo componente indígena es insoslayable. Si la Vicepresidencia publicó en 2009 un reporte de la injerencia norteamericana en base a documentos desclasificados y, además, conoce de las actividades de USAID, ¿por qué no expulsó a USAID y sancionó a los conspiradores? Evidentemente, se trata de una calumnia enmarcada en el filtro ideológico gubernamental que tergiversa la verdadera trama, organizando los hechos aislados como indicios de culpabilidad expuestos públicamente.

Los indígenas, todavía sorprendidos por la violencia verbal presidencial, responden mostrando la connivencia entre gobierno y cocaleros del Chapare, además de otra menos feliz entre éste y el Brasil, dada la existencia de petróleo en la zona y la posibilidad brasilera de acceder al Pacífico también por esta vía. Si los cocales del Isiboro Sécure son cuestionables, lo del asunto hidrocarburífero lo es más aún, sumándose a ello el financiamiento anticipado de los brasileros para la carretera. Como los insultos gubernamentales intensifican sus blancos y bajezas, un golpe de timón interno sitúa a las bases y las asambleas como directos conductores de la marcha, acelerándose la unificación de sectores indígenas en torno a sus demandas postergadas, los famosos “16 puntos” pendientes desde los inicios del gobierno actual. Y el tono agresivo del presidente se acompaña por el posicionamiento de las organizaciones sindicales oficialistas que amenazan con una represalia violenta y contramarcha, logrando mayor unificación indígena, que ahora exige la presencia del presidente para discutir in situ el asunto. Por su naturaleza, implicaciones y cualidad, la marcha condensa el sustrato indígena oriental, contraparte fundamental del país, que no puede ser obviado ni menos tratado como si fuese un conflicto social ordinario con algún sector. Hablar con el presidente es una demanda cualitativa y justa que se hace inamovible para los indígenas, en aras de restituir el respeto entre los protagonistas y solucionar un conjunto de demandas pre-existentes. Pero el mandatario se niega rotundamente a ello.

Entonces, el gobierno ataca la marcha acusando a los indígenas de intolerancia frente al diálogo, mostrando que ellos no quieren dialogar, que se hallan confabulados con la derecha porque algunos líderes derechistas se hallaban de acuerdo con la marcha, que las ONGs intervienen, como CEJIS, que ahora es mala y no antes cuando apoyaba y nutría el gobierno; en fin; el gobierno entorpece cualquier acercamiento para luego culpar a los indígenas de negarse a dialogar, combinando soberbia con medias verdades. En efecto, el capitalismo andino amazónico requiere una marcha predatoria hacia el oriente, su desarrollismo ve perjudiciales a los indígenas; sus compromisos con el Brasil resultan fundamentales, porque la exportación de materia prima hidrocarburíferas beneficia únicamente a Brasil, Argentina, Chile y al gobierno, que sin ello carecería de dinero para cumplir sus diversos compromisos sectoriales (bonos, etc.), vitales hoy por hoy para mantener la estabilidad política en un contexto de crisis económica.

Ausente una política productiva estratégicamente viable y socioculturalmente posible, el gobierno persiste con la ampliación de la frontera agrícola hacia el oriente, deforestando a su paso la inmensa riqueza amazónica; y, a la par, degradando las zonas expulsoras de migrantes que también exigen al gobierno el cumplimiento de sus promesas electorales, entre ellas, la dotación de tierras bajas para colonizar. Independientemente del desenlace que traiga el conflicto, es evidente que la relación entre la CIDOB y el gobierno ha quedado irremediablemente fisurada –como la imagen externa del Presidente-, abriendo la compuerta de una coyuntura política de ascenso social y crítica gubernamental que comienza a resonar actualmente, con las múltiples demandas que cada sector exige justamente por habérsele prometido en campaña electoral, dinámica que desnudará con mayor crudeza la ineptitud gubernamental, su empecinamiento en un proyecto modernista cuando la modernidad ha terminado, así como su deseo hegemónico que comienza a ser insoportable para la comunidad e inviable si consideramos que un aliado del gobierno tan importante como el indígena es ignorado en atención a intereses económicos y políticos ajenos al beneficio nacional. Todavía resuena en mis tímpanos el reclamo indignado de un Curaca potosino a quien el Presidente negó el uso de la palabra, aparentemente una señal de lo que viene, pues hasta ahora el gobierno ha postergado el uso de sus leyes draconianas para abortar cualquier crítica, en espera de elegir sus operadores de justicia, tras lo cual, tendrá bar abierto para imponerse coercitivamente. Empero, también el TIPNIS muestra que la rearticulación desde abajo –constituencia-, es el único camino que resulta históricamente viable para reconstituir el país y devolvérselo a su Comunidad. Así sea.