Análisis de la coyuntura judicial

14.Ago.11    Periódico Insurgent@
    ()

\"impune\"

Análisis de la coyuntura judicial

Para comprender los alcances de las elecciones que se avecinan, de autoridades del órgano judicial y llegar a tener una postura de cómo votar, se hace necesario efectuar un análisis de las acciones que se desarrollan en este ámbito.


Análisis de la coyuntura judicial

Para comprender los alcances de las elecciones que se avecinan, de autoridades del órgano judicial y llegar a tener una postura de cómo votar, se hace necesario efectuar un análisis de las acciones que se desarrollan en este ámbito.

Copar el aparato judicial

La idea de copar todo el aparato del Estado no es una pretensión exclusiva del MAS, por el contrario, parece ser la acción generalizada y permanente de todos los gobiernos de turno. En el pasado, los gobiernos neoliberales privatizadores diseñaron un procedimiento de cuoteo del llamado Poder Judicial, el cual consistió en la elección de las máximas autoridades judiciales por el Parlamento. El mecanismo fue simple: se designó la cúpula judicial dando a los partidos de la coalición de gobierno un cupo o una cuota de participación, gracias a ello, cada partido neoliberal oficialista tenía una cantidad de magistrados y jueces, las mismos que posteriormente elegían a los funcionarios y jueces de todas las jurisdicciones.

El MAS ha dado pasos en esta misma dirección, es decir, ir copando el poder judicial con sus operadores, desde arriba, por ello el Presidente designó a varios magistrados con el propósito de tener una estructura judicial funcional a sus políticas.

La estrategia que golpeo a la derecha incorpora la fase judicial como corolario

Es evidente, a través de las últimas elecciones, que fue el pueblo boliviano el que derroto a la derecha política mediante su voto, eligiendo a Evo Morales como “mal menor” o al no tener otra alternativa. Con esta acción murieron políticamente PODEMOS, el MNR, el MIR, la ADN. Sin embargo, debe quedar claro, que el descalabro de la derecha corporativa y fascista cobijada en la llamada media luna fue duramente golpeada mediante una operación policiaco-represiva que tuvo dos brazos: el descabezamiento del grupo paramilitar encabezado por Eduardo Rozsa Flores y aprensión de Leopoldo Fernández, Prefecto de Pando.

El efecto político del operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz como la detención en Cobija y traslado al Penal de San Pedro de “cacique Fernández” fue el desmoronamiento político de la “media luna”.

El efecto jurídico alcanzó los niveles más altos de legitimidad para comenzar la persecución penal de la derecha autonómica y separatista. La persecución punitiva se dio a través de la organización del “Caso Terrorismo” a la cabeza del Fiscal Soza y la apertura del Juicio por la “Masacre del Porvenir” bajo la iniciativa de la abogada Mary Carrasco.

Para que esta estrategia no se caiga a medio camino y culmine exitosamente es imprescindible una sentencia condenatoria a todos los sindicados y posteriormente imputados en ambos casos.

Con esta acción política, policiaca y judicial el gobierno logró hilvanar en uno solo dos artes: por una parte, demostrar su superioridad estratégica sobre la media luna, al tener el monopolio de la violencia legal (control de la policía y lo militar), y por otro, logró alimentar cierto sentimiento popular de justicia, pues personas que habían estado organizando y defendiendo los procesos de creación del germen de un nuevo Estado Autonómico de corte fascista en el Oriente del país pasaban a ser apresado, puestos tras las rejas, pero para completar la legitimidad de la acción falta la sentencia… sin sentencia esto es un triunfo a medias, o como sucede en el futbol, es un partido bien jugado pero sin haber anotado aún ningún gol de verdad.

La participación del gobierno en los dos operativos

No toda maniobra es perfecta. Lo sucio de los dos operativos puede salpicar al mismo Presidente y Vicepresidente del país, así como a sus alfiles más connotados, alfiles que prepararon y participaron es estos quehaceres. En el caso Rozsa la muerte de los paramilitares en el Hotel Las Américas, sin un enfrentamiento evidente y real podría constituirse en un vulgar asesinato. Se conoce también que los mercenarios fueron gestionados y promovidos tanto por el gobierno como por la media luna, donde dobles agentes, infiltrados y otros, jugaron a organizar y apoyar logísticamente a este grupo, hasta el día en que deberían ser sacrificados para activar el operativo de su desarticulación. Aquí queda un profundo cuestionamiento ético y moral hacia el gobierno.

Así como el Presidente Obama ha justificado el asesinato de Bin Laden sin proceso alguno, por ser un rival terrorista al cual se puede matar por mano propia, siendo incuestionable esta acción desde el poder militar dominante, lo mismo se ha argumentado de la muerte del grupo de Rozsa, finalmente eran terroristas había que matarlos. Esa parece ser la moral de los actuales conductores del Estado Plurinacional.

El segundo hecho oscuro se da en la masacre del Provenir, cuando se conoce información de un gran operativo previo al hecho, con movilización de campesinos hacia los lugares de bloqueo donde posteriormente se realizaron los disparos.

El valor legitimidador de la sentencia en ambos juicios

Durante este tiempo de desarrollo de procesos judiciales, de largas acusaciones, involucramiento de personas comprometidas e inocentes, a cargo de fiscales o abogados impulsores de estos casos, además de las acciones sucias desarrolladas en su desenlace, el gobierno ha reforzado su convicción de garantizar el control del aparato judicial, al tiempo de lograr una sentencia favorable.

¿Cuál es el estado de situación de ambos juicios? En el caso de la masacre en el Porvenir, la parte acusadora no ha logrado demostrar a la sociedad y dentro del juicio, la responsabilidad directa, como autor de los delitos de terrorismo de Leopoldo Fernández, es más, es un juicio por terrorismo y no por asesinato y genocidio, imputación que ha sido perfilada por Mary Carrasco. En el proceso, tanto la defensa de Leopoldo Fernández como la parte acusadora han logrado invisibilizar y callar a las víctimas de la masacre, prevaleciendo la violación de los “derechos” de Fernández, en medio de una chicana generalizada. En otras palabras, no se establece la autoría directa del ex Prefecto en los disparos contra los campesinos emboscados en la carretera y baleados en el río. ¿Qué sucedería si no se puede probar la actuación directa y objetiva de Fernández en la masacre? Queda la alternativa -desde el Estado- de presionar a las autoridades judiciales para que den una sentencia más política que “técnica”. Ahí radica el valor político de tener un control absoluto del poder judicial.

Como paréntesis, queda mencionar a un grupo de personas que a la cabeza de algunas ONG´s dedicadas a lucrar con los derechos humanos, se han dedicado a financiar este proceso, es decir, manejar recursos económicos de apoyo hacia la parte acusadora, sin ningún tipo de transparencia.

En el caso Rozsa, es realmente patético el papel del fiscal Soza, quien ha montado una especie de telenovela en torno al caso terrorismo, con un involucramiento de acusados a “cuenta gotas”. El montaje del caso deja dudas cuando el mismo fiscal no pudo sustentar la acusación formal con solvencia técnica y científica. Han pasado meses del caso y el fiscal no pudo precisar los delitos específicos por los cuales se acusaron a todos los implicados. Es más, mediante la difusión de videos la población ha podido observar la presencia de sobornos de testigos (caso de Carlos Nuñez), detalles del operativo en el Hotel Las Américas, presencia de infiltrados de los organismos de seguridad en el grupo de mercenarios, etc.

El futuro judicial del caso se ha vuelto altamente mediático, donde las denuncias y acusaciones del fiscal más han adquirido un rol intimidatorio contra los miembros de la media luna y donde no se tiene claro si hubo algún disparo concreto del grupo de mercenarios de Rozsa contra alguien. En el caso del atentado con bomba contra el domicilio del Cardenal Terrazas, queda la duda de la autoría del hecho al ser el “viejo” el testigo (al servicio del gobierno) que dio la descripción del auto de los autores, movilidad que luego fue “encontrada” en el Hotel donde las fuerzas policiales procedieron a matar a los mercenarios.

En ambos casos, una sentencia técnica-jurídica y no política podría hacer peligrar las bases de esta estrategia que ha dado tanto poder y resultados positivos al gobierno de Evo Morales.

El control del Tribunal Constitucional

Si el gobierno no controla en el futuro inmediato órganos judiciales tan importantes como el Tribunal Constitucional, puede verse afectado el futuro político de Evo Morales. El Tribunal tendrá que pronunciarse acerca de si es constitucional o no la postulación a un nuevo periodo presidencial del caudillo masista. También será fundamental frente a un proceso por asesinato del grupo de Rozsa, una vez que no sea Presidente de Bolivia, ya que la historia demuestra que una vez caído un régimen, es factible enjuiciarlo cuando se han cometido delitos de lesa humanidad, que no prescriben.

Una ilusión electoral óptima

Después de este análisis, volvemos al punto de partida: el control del poder judicial por parte del gobierno del MAS.

¿Cómo el gobierno del MAS puede hacerse del poder judicial sin caer en el procedimiento del cuoteo político? La respuesta a este dilema fue establecido en la Constitución y la Ley del Régimen Electoral, cuando se perfilo una elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales, pero bajo el control del mismo MAS.

No se trata de una elección abierta de las autoridades judiciales, sino de una elección controlada de la cúpula y cuyos candidatos fueron elegidos por el MAS en base a sus 2/3 en el parlamento.

Probablemente, este escenario sea la situación electoral óptima con la cual sueña todo político demoliberal: una elección donde los candidatos responden a un solo partido (no hay opositores); donde al mismo tiempo está prohibido hacer campaña política; con una norma y un reglamento que pone restricciones a los medios de comunicación (la mayoría de conducta conservadora y opositora); donde el voto es obligatorio y donde se prohíbe hacer campaña por el voto nulo, blanco o la abstención.

Una situación electoral óptima (manipulación y maniobra política) se nutre de un hecho simple: el pueblo está cansado y emputado con la administración de la justicia corrupta e ineficiente. No se trata sólo de una justicia lenta, incapaz de castigar –por ejemplo- a los autores del caso Octubre (masacre de alteños y alteñas que cayeron en las calles luchando contra el gobierno de Gony y que posibilitaron su caída y el actual proceso, con demandas tan sentidas y desconocidas al mismo tiempo por el actual gobierno como la verdadera nacionalización del gas, expulsión de las transnacionales; sino también de resolver temas elementales de reparación y sanción en delitos, confrontación de intereses y derechos entre personas, administración de la tierra, etc.

Pero la situación óptima, ideal, puede convertirse en una simple ilusión y en una especie de pesadilla si el pueblo no vota “por consigna”, si la población no encuentra en la elección de autoridades judiciales la verdadera solución a la crisis estructural del sistema judicial.

Hoy se sabe, que los candidatos a jueces no son los mejores hombres y mujeres que puedan realizar una administración de justicia verdaderamente comprometida con los intereses del pueblo, se trata de un grupo de mediocres servidores al partido en función de gobierno, que lo único que harán es acatar las órdenes del palacio de gobierno, con lo cual, el MAS lograría el control del poder judicial.

En consecuencia, lo que está en juego es la consolidación de la estrategia judicial, represiva del gobierno y no la democratización de la justicia y un verdadero cambio estructural de la justicia y del sistema jurídico boliviano.

¿Cómo debemos votar?

Queda tiempo para meditar si vale la pena votar o no votar. Y si se lo hace, conocer si se lo hará por los candidatos del gobierno o si se votará nulo o en blanco.

En todo caso, no vale la pena escarbar en el perfil de los candidatos, para conocer si alguno de ellos es verdaderamente idóneo, independiente, ético y moralmente revolucionario, pues la elección se ha convertido en un referéndum acerca de si apoyamos o no al gobierno de Evo Morales en esta estrategia judicial.

Debe recordarse, que hoy en día ya no hay la “media luna” que obligue al pueblo a apoyar compactamente al gobierno, por lo tanto es bueno tomar en cuenta la posibilidad de un accionar popular e independiente, para ir madurando el voto popular y plantearle al mismo Evo algunos dilemas que tendrá que resolver si el pueblo no decide acompañarle en esta nueva maniobra.

¿Se debe sancionar penalmente a los autores del asesinato del grupo de Rozsa, por más que ellos hubieran sido mercenarios y paramilitares? ¿No eran seres humanos, no tenían derechos, no se los podía apresar y juzgar? O es que existe la pena de muerte de facto contra los que atentan contra el Estado Plurinacional?

¿Qué sucede si no se puede probar la autoría de Leopoldo Fernández de los delitos de genocidio y asesinato?

¿El pueblo está obligado a aceptar el chantaje de votar por los candidatos del MAS?

¿Si las nuevas autoridades judiciales son electas por el voto minoritario de un pequeño sector de la sociedad boliviana se tendrá un poder judicial renovado, idóneo y capaz de administrar verdaderamente la justicia que reclama la gente de a pie?

Si el pueblo demuestra su inasistencia a este acto electoral, si un porcentaje importante vota nulo o en blanco, ¿el gobierno de Evo Morales estará obligado a encarar una verdadera reforma y transformación estructural del poder judicial?

¿No cree la población boliviana que debemos empezar a ser actores protagónicos de la coyuntura, dejando de ser un simple rebaño electoral?