Construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos

30.May.11    TIPNIS
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Construcción de la carretera Villa
Tunari - San Ignacio de Moxos


Construcción de la carretera Villa
Tunari - San Ignacio de Moxos

En agosto de 2008, el gobierno de Evo Morales adjudicó las obras de diseño y construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos a una constructora brasilera llamada OAS Ltda. Esta empresa fue la única que presentó una oferta de diseño, construcción y financiamiento de la vía, sin que el gobierno realizase un concurso abierto entre diferentes constructoras para adjudicar la licencia. A su vez, OAS propuso al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES) como principal financiador del proyecto. Todo esto demuestra la complicidad entre el gobierno y la Constructora OAS, ya que no preponderó el criterio de escoger el mejor proyecto para la construcción de la carretera, sino un arreglo de antemano que beneficia a esta empresa y al banco brasilero que financiará la construcción.

Bajo este cuestionado proceso de licitación, se aprueba que el costo de la obra sea de 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones, el 80%, son financiados por el BNDES como préstamo y el restante 20% por el Estado boliviano. Aunque desde el 2009 se había firmado el Protocolo de Financiamiento del BNDES entre los gobiernos de Brasil y Bolivia, hasta este año Evo Morales no había conseguido promulgar la Ley Nº 005 para la aprobación del crédito de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, lo que situó el inicio de la construcción de la carretera para mediados de 2010.

Durante el gobierno de Evo Morales, la empresa brasileña OAS se ha adjudicado diversos proyectos viales, entre ellos, la carretera Potosí-Uyuni, que vincula a la reserva de litio más grande del mundo y a uno de los atractivos turísticos más importantes del país.

En el caso que nos ocupa, la licencia para construcción de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos fue otorgada a la OAS en el 2008 mediante un contrato con la Administradora Boliviana de Caminos (ABC). Pero desde julio de 2009, ante las críticas por lo corrupto del proceso de licitación, la Contraloría General del Estado está realizando una auditoría sobre la adjudicación del contrato debido a las denuncias de diversas instituciones cochabambinas.

Para hacer los estudios y diseños de la carretera, la OAS contrató a la empresa consultora boliviana CONNAL. Sin embargo, CONNAL también había sido contratada por la ABC para controlar y supervisar a la OAS en la construcción del tramo Potosí–Uyuni. Este hecho, al representar un claro conflicto de intereses, no sólo resta transparencia y credibilidad a la supervisión del tramo Potosí, sino que también pone en duda los criterios adoptados por la consultora y la profundidad de su análisis sobre la viabilidad económica y ambiental y sobre los impactos ambientales y sociales de la ruta Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.

Por otra parte, el Estado boliviano tuvo acceso a 4 millones de dólares ofrecidos por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para realizar estudios independientes que permitieran evaluar la factibilidad económica, ambiental y social de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos. Dichos estudios independientes podrían ayudar a determinar si el proyecto continuaría, se postergaría o se abandonaría. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales prefirió continuar con el proyecto sin dar importancia a los criterios técnicos y ambientales de un estudio independiente.

Con el argumento de que la carretera se haría en tres tramos, los estudios de factibilidad, evaluación de impacto ambiental y diseño final también se elaboraron en tres tramos. Con ello, se pretende obtener la aprobación de la Licencia Ambiental sin una evaluación en conjunto de las implicancias del proyecto.

Otro suceso que controvierte la legalidad del proyecto es la manera en que se ha realizado la consulta pública a todos los pobladores de la zona afectada por la construcción carretera. Según declaraciones de Morales, del Ministerio de Obras Públicas y de la ABC, se ha consultado a los habitantes de los dos tramos que llegan hasta los límites del TIPNIS, es decir, a colonos cocaleros que tienen intereses en la construcción de la misma. Esto significa que se ha obviado el tramo que atraviesa la carretera, excluyendo de dicha consulta pública precisamente a los habitantes que más sufrirán la construcción de la vía: las comunidades indígenas que viven en el interior de la reserva natural. A pesar de esta improcedencia, el gobierno promulga una ley que declara prioridad nacional a la ruta Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, sin haber informado y consultado a los pueblos indígenas, lo cual viola los derechos de dichos pueblos. Con esta acción, el Estado Plurinacional pretende revestir el proyecto con una apariencia de legitimidad y urgencia de la cual carece bajo cualquier razonamiento. La construcción de la carretera sin la existencia de una verdadera consulta pública a los pueblos del TIPNIS contraviene los artículos 30, 343 y 345 de la Constitución Política del Estado relativos al derecho de la población a la consulta previa e informada sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente; los artículos 25, 26 y 93 de la Ley del Medio Ambiente; el Convenio 169 de la OIT ratificado por ley 1257 y la Declaración Universal de Derechos Indígenas ratificada por ley 3760.

En conclusión, estamos siendo testigos de cómo los grandes proyectos viales de Bolivia se desarrollan en función de las alianzas interesadas y los beneficios económicos que puedan extraer los bancos financiadores, las empresas constructoras, las consultoras a cargo de costosos estudios y de la supervisión de las inversiones y los burócratas estatales responsables de procesos de adjudicación y licitación. Sabemos que ha habido fraude en el procedimiento de otorgación de licencia, favoreciendo a una constructora y a un banco brasileros, con un proyecto que genera un negocio redondo para los intereses de Brasil. Somos conscientes de que el gobierno es negligente con el procedimiento de la construcción de la carretera, pues no ha considerado un estudio de impacto independiente. Además, la opinión de las 64 comunidades originarias que habitan el TIPNIS es ignorada, lo que visibiliza el autoritarismo del gobierno masista en la imposición de esta carretera. Como resultado, las personas que habitan esta reserva están siendo completamente despojadas, debido a que el gobierno boliviano le ha dado prioridad a los intereses económicos por sobre la vida y la naturaleza que la sostiene.