La política de tierras del MAS: saneamiento neoliberal

14.Ago.10    Periódico Insurgent@
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La política de tierras del MAS: saneamiento neoliberal

El saneamiento es la culminación de la política de tierras del Estado anti campesino, anti indígena que se desarrolló durante toda la vida republicana y que fue la continuación al saqueo y usurpación de tierras y territorios realizados por la Colonia española. El saneamiento significa la segunda parte de la reforma agraria de 1953, que reconstituyó la gran propiedad al tiempo de crear al pequeño campesino individualista.


La política de tierras del MAS: saneamiento neoliberal

El saneamiento es la culminación de la política de tierras del Estado anti campesino, anti indígena que se desarrolló durante toda la vida republicana y que fue la continuación al saqueo y usurpación de tierras y territorios realizados por la Colonia española. El saneamiento significa la segunda parte de la reforma agraria de 1953, que reconstituyó la gran propiedad al tiempo de crear al pequeño campesino individualista.

Con el saneamiento neoliberal el objetivo es “legalizar” la injusta distribución histórica de la tierra que dio como resultado final los grandes latifundios del Oriente y el minifundio en el occidente, es decir, tierra para ganaderos, madereros y agroindustriales y apenas surcos para comunidades y campesinos. El saneamiento distrae a las comunidades campesinas en torno a los papeles legales de sus tierras y no en torno al reclamo por la tierra, su administración y acceso.

Dar continuidad al saneamiento sin tocar el tema de la propiedad de la tierra y la conformación de territorios es mantener el esquema neoliberal y colonial. Pues bien, eso ha hecho precisamente el MAS durante estos años de gobierno, mediante la aplicación de la “Reconducción Comunitaria de la Ley INRA”, una ley con la cual se ha confundido a los dóciles dirigentes campesinos y originarios.

La estrategia ha sido clara: dar tierras a los indígenas de tierras bajas (TCO´s), algo de tierras a TCO´s de las regiones andinas y dar por cerrado el tema a las comunidades campesinas y a las naciones originarias aymaras y quechuas. “Las superficies de las TCO varían mucho en tamaño, pero en promedio tienen una superficie de 65 mil hectáreas, siendo las más grandes las TCO ubicadas en tierras bajas. Algunas bordean el millón de hectáreas (Monteverde, TIPNIS y Guarayos) y otras ni siquiera llegan a las mil hectáreas, como algunos ayllus en el departamento de Potosí o están muy fragmentadas en territorios discontinuos, como las TCO de la zona del Chaco chuquisaqueño y tarijeño, pertenecientes a los guaranís o a los weenhayek”. (Chumacero Ruiz, Juan Pablo. Trece años de reforma agraria en Bolivia Avances, dificultades y perspectivas. En: Informe 2009 Reconfigurando territorios reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia. Fundación Tierra. 2010.)

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de tierra dotada por el gobierno de Evo Morales:

Superficie saneada y titulada según tipo de propiedad (Periodo 2006 - 2009)
Clasificación Hectáreas
Empresa 418.860
Mediana 427.300
Pequeña 1.036.010
Solar Campesino 540
Propiedad Comunitaria 3.095.220
Tierra Comunitaria de Origen 9.801.060
Tierra Fiscal 13.634.210
Total general 28.413.210

Pero el gobierno no sólo dio tierras bajo la forma de TCO´s, sino que desarrollo la estrategia de edificar sobre ellas las autonomías indígenas y demostrar al mundo que es un gobierno al servicio de los intereses de los indígenas, originarios y campesinos. Sin embargo, la crisis actual con el CIDOB está a punto de echar por la borda o tirar al basurero dicha estrategia. Durante los últimos años, los “niños mimados” del gobierno fueron los indígenas de tierras bajas que recibieron el 34% de las tierras tituladas y saneadas.

Pero aquí hay un problema adicional. Resulta que al aprobar la nueva Constitución Política del Estado, se indujo al pueblo -al mismo tiempo- a votar en un referéndum para establecer el límite máximo de las nuevas dotaciones, que además serán únicamente colectivas, de manera que las nuevas tierras a ser tituladas tendrán un límite máximo de 5.000 hectáreas.

El conflicto que plantea el CIDOB al gobierno gira en torno al tipo de propiedad (parcial o absoluta) sobre las TCO´s. Para los indígenas está claro que en las TCO´s tituladas tan favorablemente para ellos, deberían primar sus derechos por sobre otros, respaldados por la misma Constitución elaborada por el MAS donde la TCO´s son la “base” de la autonomía indígena definida como autogobierno. Pero resulta que para el Palacio de Gobierno es inaceptable que los indígenas gobiernen sobre sus propiedades comunitarias.

Ahora nace un nuevo conflicto: rivalidades entre pueblos indígenas de tierras bajas frente a campesinos y colonizadores, que tan sólo pueden apelar a titulaciones pequeñas, tipo solar campesino y en algunos casos propiedad comunitaria.

Los dirigentes campesinos y colonizadores se han apresurado a insultar a la marcha del CIDOB, repitiendo las consignas desde el gobierno: es una “marcha infiltrada por la derecha”, “las ONG´s los dirigen a los indígenas”, “son malos dirigentes” los que alientan la marcha, es una “marcha contra el proceso de cambio”. Calificativos que ya los hemos escuchado anteriormente durante las movilizaciones de fabriles, magisterio y Caranavi las semanas pasadas y que muestran la pobreza discursiva de quienes la sustentan.

¿Qué va a hacer el gobierno si los campesinos le demandan atención al tema de tierra y territorio, una vez que la banderita de las TCO´s se le ha caído de sus manos? Cabe aclarar que las TOC´s tituladas, si bien abarca una extensión considerable de tierra (15,5 millones de hectáreas comparadas con la extensión de toda la superficie de Nicaragua con cerca de 13 millones de hectáreas) tiene una baja densidad demográfica, de manera que al gobierno se le acaba el tiempo y tendrá que decir su verdad sobre el reclamo histórico de las comunidades por tierra y territorio.