No a la criminalización de la protesta social

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No a la criminalización de la protesta social



No a la criminalización de la protesta social

Cuando hablamos de criminalización de la protesta social nos referimos a la implementación de una estrategia política policial de parte del poder dominante, que implica la lógica de la estigmatización y represión de cualquier expresión de exigencia de derechos de los movimientos sociales, localidades y del conjunto de la sociedad.

Esta estrategia de criminalización de la protesta social contiene procedimientos y planes operativos que hacen de la misma un sistema integrado funcional para la intervención de la sociedad, que articula los distintos componentes de la estructura del Poder: lo policial, jurídico, legislativo, ejecutivo y comunicacional, represión real y simbólica.

Así, el discurso de ministros y gobernantes acusa, denigra, usa incluso términos que no se oían desde la dictadura, “es un movimiento político armado” o “son dirigentes de una organización política aliada de la derecha”; la política comunicacional implica la estigmatización que tacha de delincuentes o pagados por la derecha a quien exija derechos, la represión policial aplica mano dura y la participación omnipotente del Fiscal -que con sola presencia en el mismo lugar de los hechos- justifica la acción policial y se transforma en sujeto de legitimación de la represión.

Este conjunto de elementos, operando sobre la realidad, construye la figura del criminal que seria el que protesta, obrero, profesor, normalista, esencialmente los jóvenes y los insurgentes.

Clara es la figura del Fiscal en Caranavi o en la represión a los normalista in situ, represión y legitimación de la acción represiva y con ello negación de la acción colectiva y ejercicio directo de derechos como forma de construcción de un proyecto social, económico y político de carácter histórico y estructural, que se proponga hacer las transformaciones que nuestra sociedad y pueblo necesita, la negación del sujeto insurgente.

No interesa al Gobierno la seguridad ciudadana, como orden social y represión al delito sino más, como la imposición de la estrategia que permita la gobernanza y la institucionalización del país, donde resulta más peligrosa la exigencia colectiva de derechos como sucedió en Caranavi que cualquier posible delito aislado.

Por ejemplo tenemos lo que paso en Uncía, la matanza en Santa Cruz de los Narcos, versus Caranavi, manifestación de los fabriles, profesores, normalistas entre otros. En los primeros casos no se ha planteado intervención policial alguna, incluso con la gravedad de los sucesos acontecidos, mientras que contra los segundos se usa la difamación y represión.

Pero específicamente en Caranavi también se ha agregado, desde prácticas antidemocráticas, copamiento territorial, vulneración de derechos humanos, dos jóvenes muertos, muchos golpeados, 15 presos políticos torturados, entre ellos 2 ancianos, 2 menores de 15 años, 1 persona con capacidad diferenciada o como se conoce comúnmente enfermo mental, todos presos en San Pedro y decenas de heridos a golpes y balas; después de los hechos sucedieron secuestros realizados por desconocidos para recabar información de los dirigentes, el terror social impuesto durante y después es la consecuencia obvia de todo lo sucedido.

Lo que provoco la intervención policial en Caranavi, su rudeza, violencia masiva y posterior tortura y prisión de los detenidos, infringiendo sus derechos humanos elementales, es la necesidad de imponer un disciplinamiento social a los sectores populares organizados que desde la propia propuesta gubernamental exigían el cumplimiento de promesas electorales, vale recordar que el MAS gano en Caranavi con más del 95% de votación.

Se puede ver claramente que la necesidad de imponer un principio de autoridad nace de la tozudez del Gobierno y su Ministro Sacha, en una suerte de violencia doble: por una parte se usa al pueblo de Caranavi, se apaleo a normalistas, se maniobra la lucha de los trabajadores como castigo ejemplarizador ante cualquier posibilidad de exigencia social de derechos y por otra la mano que castiga es aquella donde el pueblo ha depositado la confianza y el afecto…

Un pueblo entero victimado con un grado enorme de desafección y angustia, siendo el terror social, la consecuencia obvia de esta práctica. De esta manera cualquiera que desde el pueblo insurgente ponga en cuestión, la des-legitimidad política de la estructura de poder gobernante será criminalizado, estigmatizado, sancionado y disciplinado drásticamente, siendo esto una exigencia de la política de institucionalización que el Gobierno esta llevando a cabo. Sin embargo, el pueblo es más grande que la criminalización de su derecho de ser él mismo y construir su propio destino.