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Linchamiento y justicia comunitaria

Waldo Albarracin :: 29.06.10

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Linchamiento y justicia comunitaria

Una vez más el país se consternó al enterarse de los hechos criminales suscitados en Uncía, departamento de Potosí, cuanto una turba de gente enardecida asesinó a cuatro policías, bajo el argumento de que éstos realizaban extorsiones y otros abusos contra la población y nuevamente se utiliza el falso membrete de Justicia Comunitaria para encubrir un mero acto delictivo practicado por personas que, amparadas en su superioridad numérica no tienen ningún escrúpulo para atentar contra la integridad física de seres humanos en estado de indefensión, llegando al extremo de asesinarlas previos vejámenes y torturas.

Son varias las causas que dan lugar a este problema, entre ellas está ese sentir generalizado de la población especialmente rural, de verse desprotegida por el Estado, particularmente frente a la delincuencia, lo que da lugar a la inseguridad ciudadana, lo más grave es cuando el poco Estado que existe en los últimos rincones del país, sus funcionarios están confrontados con la población debido a los atropellos en que incurren, acentuando esa distancia entre Estado y sociedad civil, que genera un profundo resentimiento de las población como el caso de Uncía donde la turba terminó linchando a la autoridad.

La ausencia de políticas serias de Seguridad Ciudadana, la falta de control institucional al elevado grado de corrupción policial además impune, son también causas que motivan estas reacciones desmedidas de la población, la inoperancia del Ministerio Público que en lugar de cumplir a cabalidad su función constitucional de proteger a la sociedad y resguardar el Estado de Derecho, está más afanado en congraciarse con las entidades políticas encaramadas en instancias de poder, es otro factor que agrava el problema.

Hay una diferencia cualitativa entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina o Justicia Comunitaria y el Linchamiento, este último es un delito de lesa humanidad, porque implica la retención irregular de una o más personas en condiciones de indefensión por parte de un conglomerado de gente que muchas veces supera el centenar, los que despliegan todo su odio y frustración sobre la humanidad de los irregularmente detenidos, golpeándoles despiadadamente, es decir, torturarlos, para culminar la barbarie con el asesinato de la víctima.

En cambio la Justicia Comunitaria, prevista en la Constitución Política del Estado, como Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, es el derecho que tienen las naciones y pueblos a ejercer sus funciones jurisdiccionales y de competencia, aplicando sus principios, valores, normas y procedimientos propios. Es mas, la segunda parte del Art. 190 de la CPE, establece con claridad meridiana que, en el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, se debe respetar el derecho a la vida, a la defensa, así como las garantías establecidas.

Ello significa que en la aplicación de esta forma de juzgamiento, las autoridades originarias no están eximidas de respetar los derechos humanos. En ese sentido, debe quedar claro que la cantidad de linchamientos que se vienen efectuando en diferentes regiones del país, bajo procedimientos fácticos, como el de Ayo Ayo, Chapare, y estos días el de Uncía, entre los más emblemáticos, son meros delitos tipificados como Asesinato en el Art. 252 del Código Penal, además de la tortura aplicada, existiendo por tanto suficientes razones legales y éticas para promover el juzgamiento y subsecuente sanción penal contra los autores de estos hechos. Para este objetivo, resulta importante la intervención del Ministerio Público (Fiscalía), cuya atribución constitucional, radica precisamente en defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, además de ejercer la acción penal pública. Seguimos esperando su pronta intervención o aguardan la autorización del Gobierno?, No la necesitan.


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