Implantar los Micropoderes

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Domingo 23 de Noviembre de 2008.
La Comisión Especial que trabaja la nueva estrategia insurgente de poder, publica el documento acerca de los micropoderes, toda vez que este es el documento técnico principal de la Estrategia que se encuentra en revisión:

Implantar los Micropoderes
Insurgentes



I INTRODUCCIÓN

El documento que orienta y da vida a los MICROPODERES, forma parte del conjunto de lineamientos que la insurgencia viene trabajando desde hace algún tiempo atrás. Es parte de nuestro arsenal político, ideológico y programático, junto a nuestra Estrategia Insurgente de Poder Revolucionario (EIPR), el Juicio al Estado Colonial, Republicano y Neoliberal, las bases del programa, nuestra propuesta de nueva Constitución.

Junto a su pueblo, las Comunidades Insurgentes, deben formar, en primer lugar, el Comité Político y Económico motor de la construcción de los Gobiernos Locales, sean estos urbanos, rurales o mixtos. A continuación se expone el programa del taller de micropoderes.

Es importante aclarar que el primer objetivo programático de las fuerzas insurgentes -en el presente proceso- es la construcción de los micropoderes, formas de poder local que pueden ser denominadas también: Gobiernos Locales, Autogobiernos Originarios, Gobiernos Comunales, Poder Popular, Poder Vecinal, Estructuras de Autoridades Originarias, etc.

Los micropoderes nacen del trabajo de los sectores populares y originarios que asumen una larga marcha por su verdadera liberación y descolonización. Es un camino por construir el propio poder, dejando de lado las desgastadas y decrepitas instituciones del viejo poder.

Los micropoderes deben realizarse en los bolsones rebeldes, para luego avanzar hacia su expansión hasta ocupar todo el espacio del territorio nacional. La creación de los micropoderes representa una línea de movilización y enfrentamiento con la vieja estructura del Estado, por más que tenga control el MAS de una parte del gobierno.

No se trata de tomar el aparato estatal enemigo, de asaltar el viejo poder y tomarlo para comenzar a realizar el programa revolucionario. Se trata de la construcción de un otro poder, y de la realización dentro de él, de nuevas relaciones económicas y sociales. Por lo tanto los micropoderes son algo que se lo empieza a ejercer desde lo pequeño y desde lo diferente. El micropoder por lo tanto, se lo construye día a día, implica lucha, transformación dialéctica e histórica, acumulación de fuerzas y transformación cuantitativa y cualitativa de dichas energías.

Las realizaciones programáticas no surgen de la nada, sino de las actividades del pueblo mismo.

El presente documento, consta de seis partes:

En la primera se desarrolla una explicación acerca de lo que es el poder y el micropoder, aspecto fundamental para entender el por qué de nuestra luchar, no por tomar el poder, sino por construirlo y las características que tiene esta construcción que va de lo pequeño a lo grande, de lo local- territorializado a lo general-estatal.

La segunda parte habla del viejo y nuevo Estado, es decir, de la caracterización del Estado que se pretende derruir y el perfil del nuevo aparato estatal que deberá reemplazarlo. Sin embargo, es importante destacar que la articulación estatal es imprescindible para los micropoderes, pero en su inicio y en parte sustancial del mismo no es lo exclusivo. Los micropoderes, en su vida pueden ser formas de poder embrionarias, o formas de poder antiestatales. Entonces, ¿en qué momento los micropoderes requieren tener su estructura estatal propia? Probablemente, en el momento de su encadenamiento y de su consolidación en el territorio donde operan.

En cuanto a la tercera parte del documento, éste corresponde al análisis de los micropoderes, no en el contexto de la globalización., sino frente a ella, como parte del proceso de lugarización.

La zona de los micropoderes es desarrollada en la cuarta parte del presente trabajo. Su exposición describe la forma de realizar el diagnóstico de la misma y sus criterios de definición.

La quinta parte del documento define cómo poder en marcha los micropoderes, es decir, como organizarlos y ejercer el poder local.

Finalmente, se tiene un resumen esquemático de lo que es el micropoder insurgente.

La historia nos demanda unidad y acción coordinada. Ha llegado el momento de alumbrar la noche oscura y señalar el camino a la larga marcha del pueblo, el alba esta cerca. Hasta la victoria siempre!!!

II PODER Y MICROPODER

1 LA NECESIDAD DE TENER UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL DEL PODER

a. Sin “Estrategia Revolucionaria” no se construye poder alguno

Los micropoderes forman parte de la línea insurgente del pueblo que tiene como objetivo la construcción del poder y no la toma del poder.

El poder no se toma, porque el poder colonialista y oligárquico está hecho a la medida de los grupos que han dominado en el país por más de 514 años, de manera que al tomarlo tendríamos que convertirnos en ellos mismos y esto lo rechazamos de manera rotunda.

El poder del colonialismo reproduce relaciones coloniales, el poder burgués reproduce burguesía, el poder oligárquico reproduce latifundio y subordinación al dominio imperialista. Todos ellos juntos reproducen burocratismo, ineficiencia, apropiación, usurpación, discriminación. Todo este poder es sistémico, se interrelaciona en una maraña de relaciones que lo hace uno sólo. Todas y cada una de sus partes, hacen a un mismo todo. Cuando uno se introduce en este tipo de poder y en su aparato estatal termina subsumido por el mismo y uno acaba siendo parte de él.

¿Se puede cambiar el viejo poder desde adentro? Eso es imposible, no puede haber una transformación desde adentro. No se puede convencer al explotador para que deje de ejercer su dominio, lo anule y lo ponga generosamente a disposición de sus víctimas. No se puede transformar, por voluntad propia, a la burocracia estatal, acostumbrada al ejercicio de beneficios y a ser parte orgánica de los grupos de poder en Bolivia.

Es evidente que el sistema de poder vigente puede tener espacios abiertos a la participación o incluso zonas relativamente autónomas, como lo son principalmente los gobiernos, los municipios y el parlamento. El hecho de que una fuerza de izquierda llegue al gobierno no es una novedad. La historia reciente de nuestro país nos ilustra con el caso de gobiernos como el de Juan José Torrez y la Unidad Democrática y Popular (UDP). En este último caso, este frente de izquierda llegó al gobierno en 1982 (pero con el Parlamento elegido en 1980) y se dedicó a administrar la crisis del Estado nacionalista en crisis, creando las condiciones para la contraofensiva de la derecha a través del triunfo electoral de Banzer y la ADN en 1985, la viabilización del gobierno de Paz Estensoro del MNR (como el “mal menor”) mediante el “Pacto por la Democracia” y la imposición del modelo neoliberal.

El caso del actual gobierno de Lula en el Brasil puede ayudarnos a ilustrar mejor esta situación. El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) en su gestión de gobierno no ha modificado la estructura de poder y se ha dedicado a desarrollar las tareas democrático burguesas que otros gobiernos francamente neoliberales no pudieron hacer; de esta manera, prosigue con el modelo, tiene una visión del desarrollo típica de los países capitalistas, fortalece PETROBRAS que es una transnacional con capitales incluso norteamericanos, no tiene la capacidad ni la voluntad política de terminar con el latifundio, etc. Es decir, es un gobierno que administra de mejor manera al Estado neoliberal, en consecuencia es justo preguntar: ¿es un gobierno de izquierda?

En muchos lugares existen parlamentarios que pretenden ser “alternativos” y/o “contestatarios”, sin embargo, quedan envueltos y fagocitados lentamente en medio de la propia burocracia parlamentaria, fortaleciendo el estilo de vida parlamentario, los privilegios que gozan, de manera que se ven impedidos de pasar del discurso “crítico” a la agitación y propuesta de un verdadero cambio.

Todo lo anterior no niega la posibilidad de que desde el aparato estatal o mejor dicho, desde una parte del mismo se pueda trabajar para construir poder popular, sin embargo, para que esto sea posible debe actuarse bajo las directrices de una estrategia de poder revolucionaria que coordine ambas acciones (desde adentro y desde afuera).

Hoy encaramos la posibilidad de construir poder desde lo micro, desde lo pequeño, empezar al margen del actual aparato del Estado. Una vez definido ese nuevo poder y comenzada su construcción se deberá disponer de todas las fuerzas que apunten a este mismo objetivo de manera que se tenga desarrollada una estrategia de poder en funcionamiento, esto es, mediante la articulación de un mando y un plan de acción insurgente.

Todo esto no niega la posibilidad, que desde la Asamblea Constituyente se pueda modificar el llamado “mapa institucional estatal”, situación, que siendo favorable al proceso, podría mejorar las condiciones de implantación de los micropoderes.

b. El hito del poder comunal

El antecedente teórico más desarrollado que tenemos acerca de alguna forma de poder concreto es el poder comunal, propuesta presentada al Primer Congreso Extraordinario de la CSUTCB en Potosí en el año 1992 y que ha sido posteriormente desarrollada por intelectuales e investigadores comprometidos con los pueblos y naciones originarias.

Aquí es importante abrir un paréntesis y comentar que la Asamblea Popular fue un intento por articular un órgano de poder en una coyuntura favorable al tener en el gobierno a un grupo de militares nacionalistas de izquierda. Sin embargo, esta experiencia deliberativa no pudo desarrollarse, tanto por sus carencias internas (la falta de una estrategia de poder) y la discusión centrada en aspectos doctrinales al interior del marxismo, como por su falta de relacionamiento con el movimiento de masas, que dispuestos a defender el proceso, no contaban con los elementos materiales para hacerlo: las armas.

Volviendo al tema del poder comunal (PC): El Movimiento Campesino de Bases (MCB), en el documento central de LÍNEA POLÍTICA elaborado en su Ampliado Nacional realizado en Oruro, en marzo de 1988, definió su propuesta en los siguientes términos:

“El Poder Comunal es una estructura económica, política, religiosa-cultural, de control de su población (para que no se pierda sus lazos de pertenencia e identidad, por más que la población migre a otras regiones o zonas) y del territorio ejercida por la comunidad con la activa participación de sus autoridades, para recuperar el territorio histórico de las naciones originarias, para administrar sus recursos naturales (siendo el factor tierra uno de los más importantes) y encarar el desarrollo económico de la comunidad. El Poder Comunal es mando, autogobierno y gobierno comunal, es plena democracia ejercida por la comunidad.

En la propuesta, se enfatiza que:

El factor rector de la construcción del poder comunal es económico, político, religioso-cultural, conciencia de clase y nación, factores inseparables que interactúan dialécticamente y que nos permite conocer quiénes somos a partir de nuestras raíces históricas y hacia dónde marchamos.

De esta manera se articula varios elementos que hacen al ejercicio del poder:

1. Se establece la relación entre clase y nación

2. Son factores del poder lo económico, político y religioso cultural

En ese entonces, ya se tenía claridad que el poder de las comunidades no se reduce a una visión únicamente culturalista, ni subjetivista, especialmente cuando los teóricos de derecha hablan de nación como una cualidad exclusiva de la voluntad de pertenencia (incluida posición de Alvaro García Linera sobre este tema), sin tomar en cuenta al factor económico (es decir, de las relaciones de producción).

Los creadores de la teoría del poder comunal, sostienen a continuación que:

Solamente los poderes de las comunidades, expresados en los ayllus, capitanías, tentas, etc., pueden derrotar al poder oligárquico del colonialismo interno, al poder local y al poder central del actual Estado Capitalista, allí donde ambos se encuentren y enfrenten.

Es decir, que el poder de las comunidades es irreconciliable con el colonialismo interno, con su estructura estatal, sus valores, así como práctica política.

Como toda forma de poder, el comunal expresa relaciones de democracia propia, a la cual se la define de la siguiente manera:

La democracia verdaderamente originaria y popular, es contradictoria y antagónica con la democracia controlada y con el colonialismo interno. La DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, por lo tanto, no es la concesión de una cúpula hecha a las masas para que éstas “participen”, ni es el invento de nadie. La DEMOCRACIA PARTICIPATIVA esta enraizada en las comunidades, es también practicada por los obreros, por las naciones originarias, sólo que falta proyectarla en función de la Liberación Nacional.

Pero toda democracia se instrumenta a partir de un sistema político, así la democracia occidental representativa se instrumenta mediante el sistema de partidos políticos. Los compañeros y compañeras del MCB planteaban:

El sistema político rotativo o democracia comunitaria y las relaciones económicas comunitarias de reciprocidad y redistribución son elementos generadores de una identidad y proyecto propio.

Existe y mantiene su vigencia la democracia natural en las comunidades, ayllus, capitanías. La democracia natural es ejercida por todos los miembros de la comunidad con igualdad de derechos y mediante la democracia de consenso. El máximo poder de mando que existe es el de la autoridad originaria. Hay muchas comunidades que no han mantenido o no tienen autoridades originarias, siendo el sindicato el que asume la conducción comunal bajo formas naturales de democracia comunal.

El poder de mando lo da la decisión comunitaria y no puede existir dicho poder de mando impuesto desde afuera. Este es un elemento importante a tomar en cuenta que no debe olvidarse nunca.

La democracia comunal tiene otra característica importante y es la rotación en los puestos de conducción, como un método de recambio y oxigenación que impide la formación de caudillos, aparatos y sectas, anteponiéndose en las comunidades, ayllus, capitanías y tentas, puesta ésta constituye una forma de democracia popular ligada al poder local y al mando local.

La autoridad originaria se esmera por cumplir con su rol, mantener contacto y control de la población bajo su jurisdicción.

Para nosotros la democracia empieza con el respeto a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestras comunidades, ayllus, tentas, capitanías, todas nuestras formas de organización y estructura comunal, a la toma de decisiones por el derecho a recuperar nuestra historia, desarrollar nuestra soberanía alimentaría, desarrollar nuestra cultura, religión sin discriminación y a nuestros derechos elementales. También para nosotros la democracia es que se acaben la miseria, el hambre, la marginación, que sufrimos los pueblos originarios junto con la clase obrera, con el movimiento popular.

Necesitamos desarrollar una nueva práctica de democracia, auténtica que forme parte de nuestra cultura, religión, política, económica cotidiana, sobre todo en el seno mismo de nuestras organizaciones.

Pero cuando se habla de la democracia participativa, ésta no se limita a lo comunal, por ello, en la propuesta se evidencia la democracia ejercida por los trabajadores de manera directa, en el seno de sus organizaciones:

La clase obrera práctica la democracia en las asambleas locales y en el sindicato hasta llegar a las estructuras nacionales. La democracia obrera es una realidad vigente, innegable y constituye otra forma de democracia popular, necesaria de potenciarse y fortalecerse.

Es la acción de los partidos de izquierda, la que ha ido desvirtuando la democracia obrera al introducir dentro de ella y en nombre del marxismo, la lucha de aparatos por la hegemonía. Sin separar la necesaria lucha ideológica, la democracia obrera debe depurarse de la mala influencia de las prácticas retrógradas de la izquierda tradicional.

Ahora bien, la democracia obrera, la democracia de la diversidad y la democracia natural, están ligadas y unidas por una relación dialéctica que hay que respetar, saber desarrollar y consolidar a nivel nacional.”

Como se observa de lo expuesto, la noción del poder comunal fue muy avanzada para ese momento, sin embargo y autocráticamente se hizo muy poco para hacerla una realidad. Empero, hoy recuperaremos elementos fundamentales de esta propuesta porque es justa, correcta y pertinente.

Finalmente, se tiene el aporte de Efren Choque Capuma, quien aporta algunos elementos complementarios acerca de los tres principios ineludibles que hacen al poder comunitario ( ):

“El poder transitante se entiende como las estrategias de transitabilidad o de traspaso momentáneo o definitivo del poder … el poder transitante se da en espacios formales de prácticas de poder, como una facultad jurídica y política del pueblo que en su soberana práctica política puede delegar, intervenir, transferir o recuperar el poder delegado, cuando el sujeto político asignado no ha cumplido con los mandatos o no responde a los condicionamientos de la voluntad política del pueblo, lo que jurídicamente se llama el recurso de revocatoria de mandato.

El poder regenerativo es el condicionamiento político que actúa como una estrategia de exigencia para cualquier autoridad política que está constreñido a cumplir con determinados mandatos establecidos y asumidos, cuyo mecanismo le permitirá paso a paso, regenerar, renovar o fortalecer el poder de su autoridad y liderazgo, mediante la conciencia política sancionadora o evaluadora del pueblo.

El poder distributivo o cíclico engrana el acceso al poder distributivo de manera equitativa y horizontal. Esto quiere decir, que cada segmento social o una persona, en algún momento de su vida llega a ejercer un cargo de autoridad o acceder al poder político, de acuerdo a sus capacidades, inclinaciones o vocaciones profesionales. Una estrategia formal en la democracia indígena aymara es el turno, la ira y la rotación como reglas formales de acceso al poder. Esta instancia se encuentra sujeto al requisito del thaki aymara, Ticona-Rojas (1955); Choque (2002), que en términos generales es el camino ascendente de prestación de cargos como servicio a la comunidad. Es decir, toda persona llega a asumir cargos, comenzando por pequeños y sucesivamente hasta llegar a cargos altos y no como sucede ahora,…

La democracia comunitaria como sistema político ha institucionalizado ciertas normas políticas como requisitos esenciales de caracterización. Para diversos autores: esteban Ticona A. ( ); Roman Morales Z (2004:49); Choque ( ) y otros, estos son: el jach´a Kawiltu, la asamblea general del pueblo, el poder dual (chacha-warmi), la estructura de la propiedad territorial mixta (privada y comunal) y la práctica de una ideología política comunal que persigue la convivencia comunitaria de bienestar, de armonía y de progreso del pueblo”.

c. Las limitaciones en cuanto a la definición del poder vecinal

Así como se tenía una visión de lo que significaba el poder comunal, la democracia participativa, el sistema político rotatorio, se intentó construir una visión acerca de lo que debería ser el poder vecinal, como un paralelismo de lo hecho en el seno del movimiento campesino, pero esta vez en el seno de los barrios populares de los centros urbanos.

Este intento no prosperó debido a que la realidad urbana es diferente a la rural y se priorizó el trabajo por frentes de trabajo, como son los estudiantes, el magisterio, salud, etc. Empero, el tema del poder vecinal es crucial en el avance por hacer realidad los micropoderes, por ser una estructura evidentemente territorial englobando reivindicaciones muy importantes como son la vivienda, los servicios y la planificación de los espacios urbanos.

Hoy sabemos que el poder vecinal debe ser un elemento fundamental de los micropoderes y de la nueva estructura del Estado ya que permite la incorporación masiva de los sectores urbanos populares, tomando en cuenta que hoy, una mayoría de la población vive en las áreas urbanas, tal como se muestra en el siguiente cuadro y esquema:

Cuadro N° 1
Evolución de la población rural en los censos
ee

En el Censo del 2001 la población rural representaba el 38%.

En el futuro, la organización de los micropoderes deben cumplir un rol parecido al de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) pero con competencias muchos más amplias, tal como se expondrá más adelante.

2 EDIFICACIÓN DE LOS MICROPODERES

a. Micropoder, macropoder y nuevo Estado

¿Qué son los micropoderes? Son las formas de poder concreto, local y territorial del pueblo, o mejor dicho de los diferentes pueblos que viven en nuestro país.

Cuando uno habla de construir los micropoderes se hace referencia a tener de nuevo el control de determinados aparejos políticos, crear nuevos aparejos y finalmente a renunciar a otros y devolverlos a su situación natural.

Como en el país no hay un proceso de transformación revolucionaria violenta, los micropoderes se irán implantando en diferentes lugares y a diferentes ritmos, de manera que en un momento determinado, se juntaran en forma de una red o tejido, conformando un macropoder.

En todo esto, el Estado debe estar subordinado al poder de los micropoderes, valga la reiteración.

El verdadero poder de los micropoderes se expresa en la presencia de cuatro aspectos interrelacionados:
1. Reconstitución de gobiernos originarios
2. Demolición del viejo Estado
3. Respeto por la naturaleza y biodiversidad
4. Nuevo estado

Para que se entienda mejor lo anterior se expone a continuación lo que significa la reconstitución de las formas estatales que tenían nuestros pueblos antes de la colonia, la destrucción del aparato estatal de las oligarquías, la construcción y devolución.

b. Reconstitución de los gobiernos originarios

Uno de los elementos que deben ser recuperados en la edificación de los micropoderes son las formas estatales de los gobiernos originarios. Se trata de recuperar la noción política del GOBIERNO PROPIO USURPADO POR EL ENEMIGO. Esta reconstitución de los gobiernos originarios únicamente se aplica a las naciones originarias, por cuanto ellas tenían sus formas estatales diversas que fueron objeto de extirpación por parte del invasor español.

Los gobiernos originarios fueron siempre diversos. En unos casos, correspondieron a la organización comunitaria local y autónoma y en otros, a niveles interrelacionados: comunitarios, de markas, suyus y unificaciones mayores.

En el gran Moxos, la región del chaco, la amazonía y los llanos se dieron formas de gobierno propio manifestado en la presencia de autoridades originarias bajo la corma de tentas, capitanías. En la parte andina, también existieron formas similares a excepción de las grandes unificaciones como Tiwanaku y el Tawantinsuyu donde aparecieron las estructuras de un Estado teocrático, con niveles no sólo locales, sino de markas y suyus.

Una vez que se creó el estado colonial y éste destruyó las estructuras estatales propias de las naciones originarias, las autoridades locales u originarias, quedaran como la dirección de la resistencia de los pueblos originarios. Así, durante las luchas de Tupaj Amaru, Tupaj Katari, se intentó organizar a los pueblos andinos pensando en la reconstitución del Inca como cabeza estatal visible de dichos movimientos. Posteriormente, en la república, serán las autoridades originarias las que darán batalla en la lucha por recuperar las tierras comunitarias, siendo los interlocutores válidos frente al Estado del colonialismo interno. Así sucedió durante la pelea contra las leyes de exvinculación o durante la lucha zaratista de nuestro Mallku Pablo Zarate Villka.

Las autoridades originarias tienen la virtud de la legitimidad y de la representación democrática propia. Sin embargo, no basta con su recuperación, pues su ejercicio, bajo la dinámica de los micropoderes va más allá de la simple elección al interior de la comunidad, del cumplimiento de las actividades rituales ligadas a la crianza de la agropecuaria y de la resolución de los problemas internos comunales.

El micropoder de las autoridades originarias implica la organización de la justicia, la implementación del nuevo modelo económico, la administración de los recursos de la región, siendo parte de un nuevo gobierno local y subordinado a la asamblea como máxima autoridad.

El sólo hecho de tener autoridades originarias no implica que ellas sean parte de un micropoder.

De otra parte, en regiones donde no sólo existen comunidades sino un proceso de unificación intercomunal en forma de marka, suyo u otra, la reconstitución de los gobiernos originarios pasa por la edificación de estructuras comunarias que deberán ser definidas en la misma marcha, de acuerdo a los usos o costumbres o a la recuperación crítica y creativa que se haga de ellas.

La reconstitución de los gobiernos originarios tampoco significa una equivalencia con los municipios, pues estos son la forma neoliberal con la que se ha intentado dar vida al Estado republicano en la etapa de las privatizaciones y de las transformaciones del Estado post nacionalista.

c. Demolición del viejo Estado colonial y republicano

La destrucción del viejo Estado es la demolición de las instituciones coloniales y capitalistas de la dominación en el ámbito de la presencia del micropoder emergente.

El Estado colonial y republicano se articula a partir de la presencia de varios perfiles, mismos que serán expuestos más adelante, destacándose los siguientes como más importantes:

• Se debe eliminar la estructura de las visitas y su continuidad a través de la organización prefectural por ser la expresión de un poder estatal impuesto desde arriba.

• Se debe eliminar el presidencialismo como la expresión del individualismo y caudillismo político, ajeno a las formas sociales de organización del poder local así como de la misma cosmovisión.

• Se debe eliminar el aparato represivo impune del viejo Estado: policía y fuerzas armadas.

• Se debe eliminar la estructura judicial del colonialismo con su sistema de leyes para el control social y el mantenimiento de la discriminación.

d. Construcción del nuevo Estado

Y si bien se debe hacer una recuperación de ciertas formas de organización política anteriores, estas no bastan por sí solas, es preciso la edificación de un nuevo Estado que represente las nuevas formas de poder emergentes del proceso de descolonización y liberación.

Es muy importante el postulado marxista acerca de lo instrumental que es el Estado para nosotros: “El proletariado toma en sus manos el Poder del Estado y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismo como proletariado y destruye toda diferencia y todo antagonismo de clases, y, con ello mismo, el Estado como tal”.

Por ello, afirmamos que el nuevo Estado nacerá de la historia, de la valoración de la actual estructura estatal, de su caracterización y de las propuestas para edificar una nueva sociedad. NO HAY PROPUESTA VALEDERA QUE SÓLO EMERJA DE UN SOLO FACTOR.

La definición del nuevo Estado responde a múltiples fuentes que la inspiran, a saber cinco son las actuales:

1) la participación en la actual Asamblea Constituyente, espacio donde se definirá en parte el tema,
2) la línea política que rige el actual proceso, donde se recuperan los gobiernos originarios,
3) la táctica que se expresa a través del juicio político al viejo Estado colonial y republicano,
4) el fallo de dicho juicio que conforma la caracterización del viejo y nuevo Estado y
5) nuestro propuesta creativa.

Como se observa, estos elementos implican el uso de varias categorías y conceptos, los mismos que deben interrelacionarse conformando una posición política, ideológica y jurídica imbatible.

Para la REDACCIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN ESTÁ DEBE DARSE EN BASE A LA SIGUIENTE PRIMACÍA, formulada durante la campaña electoral para asambleístas:

No se puede abordar sólo la reforma del Estado, o empezar por tocar temas relativos al gobierno sin tocar los temas de fondo que hacen la reorganización de la nación y la sociedad, para luego definir el tipo de Estado que demanda esa nueva estructura.

1ro. El pueblo

• El pueblo conformado por sus diversos sectores es el sujeto histórico de la nación.
• Bolivia es multinacional y popular.
• El poder político lo ejerce el pueblo a través los micropoderes, cuya columna vertebral es el nuevo parlamento unicamaral, órgano para la toma de decisiones.
• Se reconocen todos los derechos individuales, sociales, económicos, políticos y culturales (derecho a la jubilación por parte de los campesinos, derecho a la alimentación, a la vivienda, derecho a un ambiente saludable).

2do. Régimen económico

• Todos los recursos naturales son de propiedad social bajo el principio de la unidad del: aka pacha, manka pacha y alaj pacha.
• Se permite el desarrollo de diversas formas de propiedad que no afecten al interés común.
• Toda forma de acumulación de capital deberá ser recíproca con el contexto social.
• Se promoverá la propiedad social sobre los medios de producción.
• Se reconoce las formas productivas de reciprocidad.

El Régimen social

• Se protegerá al trabajo por encima del capital

3ro. El nuevo Estado

• El Estado tiene razón de ser únicamente si está al servicio del pueblo.
• La columna vertebral del Estado es el órgano legislativo, del que nace el ejecutivo y judicial.
• Estado es laico.
• El Estado se basa en las formas de gobierno local que lo integran en uno e indivisible.

Consecuentes con estos postulados, nuestra propuesta de nueva constitución, respecto al tema del pueblo, la nación y el Estado es la siguiente:

PROPUESTA DE ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES PATRIA INSURGENTE-SOL PARA BOLIVIA

Art. 1
(PRIMACIA)
El pueblo es soberano, con voluntad mayoritaria, es indivisible e imprescriptible. Los poderes constituidos ni nadie puede desconocer este principio.

[La verdadera primacía en la constitución no está en que este texto “es la ley de leyes”, sino que en ella se patentiza con absoluta claridad el carácter soberano del pueblo, verdadero actor de la patria, tanto de su defensa como de su desarrollo]

Art. 2
(LA NACIÓN)
Bolivia se constituye en una comunidad multinacional, organizada por todos y para bien de todos.

[La Comunidad Multinacional expresa una confederación propia que no es copia no calco de los modelos federales ni de otro que se pueda desarrollar en otros países. Resume nuestra voluntad por insertarnos en el contexto internacional como un país diferente, diverso y con una personalidad propia. Expresa nuestros vínculos históricos y la férrea voluntad de unirnos para fundar una nación de todos]

Art. 3
(ESTADO DEMOCRÁTICO)
I. El fundamento y fin supremo del Estado Democrático es servir al pueblo soberano. Promueve y estimula el desarrollo de las organizaciones sociales.

[La relación sociedad-Estado es jerarquizada y asimétrica: el Estado se constituye en institución democrática porque es el reflejo de una sociedad diversa y autogestionaria. El servicio al pueblo es su más alta función, es integral, efectiva y permanente]
II. Asume para su ejercicio las lenguas, formas de gobierno, territorialidades, espiritualidades, religiosidades, formas económicas y judiciales, de la nación boliviana y de las naciones originarias. Se apropia también de los modelos heredados del proceso republicano y democrático, como formas de convivencia entre hermanos y hermanas en un solo territorio para la construcción de una sociedad de iguales. Se constituye como Estado laico en absoluto respeto a la pluralidad religiosa y espiritualidad de las naciones originarias y pueblos indígenas.

[El nuevo Estado asimila, favorablemente, las consecuencias de ser diversos]

III. Los poderes, órganos, instituciones y desarrollo normativo se sustentan en la Comunidad Multinacional

[Se modifica el mapa institucional estatal, a partir del ejercicio de la multinacionalidad]

Art. 4
(DESCOLONIZACIÓN)
El estado democrático se sustenta en la descolonización y la libredeterminación como modelos políticos de emancipación nacional, de hermandad y construcción de una sociedad de iguales.

[La descolonización significa la superación de toda forma de discriminación]

Art. 5
(DERECHOS Y DEBERES)
I. El pueblo soberano ejerce sus derechos colectivos, indígenas y entre personas. La presente constitución establece los deberes del Estado para con el soberano.

[Los derechos, son un atributo del soberano. El soberano ejerce a plenitud la variedad de los mismos]

II. Los deberes corresponden al Estado Democrático para con el soberano.

[Ser eficiente, cumplir con sus funciones, no violar los derechos del soberano, son las obligaciones de un verdadero Estado Social y Democrático]

Art. 6
(SIMBOLOS)
La comunidad multinacional adopta para sí símbolos propios nacidos del consenso.

[Este es un proceso de constitucionalización de los símbolos que deben tener la cualidad de nacer del consenso de todos, proceso que puede ser encarado después de concluida la Asamblea Constituyente]

Art. 7
(TERRITORIALIDAD)
La comunidad multinacional internamente se expresa mediante la división política y administrativa de las naciones originarias y la nación boliviana.

[Se trata de crear una división política y administrativa del país realista, justa y creativa]

e. La devolución de lo que deba ser devuelto a la vida: el Estado, como construcción humana no puede gobernar sobre la naturaleza

Ahora bien, nuestro afán es instrumental en torno al Estado. Éste es una herramienta obligada por circunstancias históricas, no es el propósito del ser humano el tener como fin la manutención de instituciones de gobierno, de poder o de control social. Por ello debe tenerse claro que la edificación de un nuevo Estado es un mal necesario, es un mero instrumento transitorio.

Siendo lo anterior nuestro propósito, debe quedar claro que en la medida de lo posible se le debe quitar al Estado todas aquellas competencias posibles que son antagónicas con su misma esencia. Para ello, la cosmovisión de los pueblos originarios nos sirve de guía, especialmente en lo referente al respeto por la vida y la naturaleza.

En el proceso de construcción del nuevo Estado, se debe respetar a la tierra, la biodiversidad y el agua. Es decir, el Estado a más de establecer mediante una Ley el respecto hacia la naturaleza y la vida, no debería tener competencia para mercantilizar la tierra, el agua y la biodiversidad, por lo tanto, menos podrían tener competencia alguna sobre ellas las personas, el mercado, Estados extranjeros ni transnacionales.

III EL VIEJO ESTADO

3 CARACTERIZACIÓN DEL VIEJO ESTADO

a. La definición del Estado es fundamental

La única manera de desentrañar qué es el Estado es a través de la teoría contrastada con la realidad. En este sentido, distintos autores platearon una visión idealista del Estado, atribuyéndole un origen incluso divino, justificando la dominación de las clases sociales dominantes. Así, Aristóteles planteó en su discurso de “La República”, que “el Gobierno estuviera en manos de una aristocracia de reyes-filósofos que educaran a los más jóvenes”.

El filósofo inglés Thomas Hobbes también subrayó el poder del Gobierno. Su mayor obra, Leviatán (1651), aboga por un soberano con poder ilimitado dado que el Estado se origina en el llamado contrato social. Por éste, los individuos aceptan un poder superior para protegerse de sus propios instintos animales y para poder satisfacer ciertos deseos humanos. Otro filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, admite gran parte de la teoría del contrato social de Hobbes, pero argumenta que la soberanía reside en el pueblo. Los gobernantes son por tanto administradores de esta soberanía, y pueden ser derribados legítimamente si no consiguen realizar sus funciones ante el pueblo.

Debe ser destacado como muy valioso para la lucha de los pueblos los postulados de Marx y del marxismo leninismo en su conjunto, pues logran establecer que el Estado es fruto de las contradicciones de clase y que ésta es una institución creada para la dominación. De esta manera se desmoronan los postulados que hablaban de que: “El Estado es un Poder impuesto desde fuera a la sociedad”, quedando sentado de que “El Estado es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo”.

Para que los antagonismos de clases, con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, se hizo necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Este Poder que aparenta “brotar de la sociedad”, se coloca por encima de ella y se divorcia cada vez más de ella, es el Estado, implicando que:

1. El Estado se identifica, en primer lugar, por la agrupación de sus súbditos según las divisiones territoriales.

2. La segunda característica es la instauración de un Poder público, que ya no coincide directamente con la población organizada espontáneamente como fuerza armada.

En el primer aspecto, se hace evidente el nacimiento de los llamados “súbditos”, que no son otra cosa que la evidencia de las relaciones de dominación. Luego, para mantener un Poder público aparte, situado por encima de la sociedad, son necesarios los impuestos y las deudas del Estado, dando nacimiento a una maquinaria que vive de la misma población al tiempo que la controla y gobierna.

Aquí se plantea la cuestión de la situación privilegiada de los funcionarios como miembros del Poder del Estado. Lo fundamental es saber: ¿qué los coloca por encima de la sociedad?

Por lo expuesto es importante afirmar que el Estado es una “fuerza especial de represión”.

“El Estado -dice Engels, resumiendo su análisis histórico- no es, en modo alguno, un Poder impuesto desde fuera a la sociedad; ni es tampoco ‘la realidad de la idea moral’, ‘la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso hízose necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y este Poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado”( ).

De acuerdo a Lenin. “EI Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables” ( ).

Ahora bien, las visiones dominantes acerca del Estado, no se han quedado estancadas, por el contrario han avanzado en sus postulados a partir de analizar al Estado desde diferentes perspectivas, todas ellas con el propósito de pasar por alto su carácter clasista y opresivo. Así, la llamada “Teoría del Estado” encuadra en dos enfoques distintos que sin embargo tienden a definir un mismo objeto de estudio, por un lado está el Derecho Constitucional, y por el otro el Derecho Político en sí. La diferencia entre ambos es el método que utilizan, en este sentido el primero utiliza un método jurídico normativo, haciendo hincapié en la relación normativa entre constitución, ente estatal y población, mientras que el segundo utiliza un método empírico sociológico, pues se concentra casi exclusivamente en la realidad fáctica de la acción del Estado. Veamos ambos campos de estudio.

Kelsen, según su visión del Estado, lo define como un orden jurídico centralizado, siendo para él esencial esa característica, y no así otras como el de ser unidad sociológica, jurídica, etc.

Entre las teorías expuestas para explicar filosóficamente el origen del Estado las principales son:

• la de derecho divino, que hace derivar de Dios la autoridad soberana;
• la de la fuerza, que otorga carácter jurídico a toda potestad superior, con facultades para hacerse obedecer;
• la de contrato social, debida a Rousseau, que supone un pacto entre los ciudadanos;
• la de la solidaridad e interdependencia social, defendida por Duguit; y
• la del asentimiento de la mayoría de los gobernados, desarrollada por Harold Lask.

Pero hay otras teorías emergentes acerca de lo que es el Estado, como aquella que sugiere que “es el órgano de síntesis, conciencia y mando de la comunidad políticamente organizada. Es una asociación histórica compleja que se sitúa en un territorio determinado y que varía de acuerdo con el momento y etapa del desarrollo de la sociedad que abarca. En la actualidad la soberanía, que antes era su atributo esencial, va cediendo en pro de estructuras supranacionales. El Estado es una institución histórica que varía de acuerdo con el momento y etapa del desarrollo de la sociedad. ”(www.dicciobibliografia.com 13/07/2003: 11:27 hrs.)

b. Fines supuestos del Estado

Se puede citar uno de los fines supuestos que han cumplido siempre todos los Estados, que es “defender la independencia de la colectividad contra las agresiones de los enemigos exteriores”. Es natural que este fin sea el primordial, porque a él va unida la vida del Estado. Sin embargo, la presencia del imperialismo ha subyugado a los Estados nacionales a sus políticas, de manera que este supuesto ha quedado supeditado a las políticas imperialistas, o como sucede en el caso del Estado republicano boliviano, que ha sido incapaz de defender el territorio original con el que nació Bolivia, sin que eso hubiera significado la muerte del Estado por no dar cumplimiento “a su supuesto fin”.

Otro de los fines que el Estado ha cumplido desde los tiempos más antiguos es la organización de las instituciones necesarias para imponer en su vida interior la seguridad y el orden públicos. Esto es evidente y así lo demuestran los reiterados intentos por dotarle al Estado boliviano de normas y de una moderna policía y fuerzas armadas.

Un tercer fin que ha cumplido también con más o menos extensión desde los antiguos tiempos es la realización del Derecho. Se ha indicado antes que este fin ha sido compartido durante ciertas épocas por otras instituciones En la época actual es uno de los fines primordiales del Estado, y significa la declaración del derecho, su interpretación y su aplicación. Dentro de esta visión se encuentran las corrientes que abogan por el Estado Democrático de Derecho, donde el principio básico es el imperio de la Ley, el cumplimiento de las normas legales por encima de todo. En el siguiente gráfico se muestra como el Estado de Derecho ocupa una parte fundamental en las visiones modernas y dominantes:

Por otra parte, estas corrientes modernas de interpretación señalan que el Estado es un poder de dominación, y en este mundo nadie, llámese Emperador, Rey, Parlamento, o mayoría popular, tiene derecho a mandar a nadie, por su calidad personal, sino por la naturaleza de lo que manda. Así, “las Autoridades que ejercen el poder del Estado mandan a los súbditos, no porque sean de una casta o una sangre distinta a las de ellos, sino porque el perfeccionamiento de la humanidad exige la existencia y la actuación de esas Autoridades” (Elorrieta y Artaza, 2003:48).

c. Funciones estatales

De acuerdo a las teorías tradicionales el Estado, como ente jurídico y político, dotado de atributos que le son propios, particularmente el de aparentar ser un poder soberano, no es un organismo estático, sino que tiene que cumplir determinados fines. Estos consisten según esta visión “en la búsqueda del bien común, esto es, en la satisfacción de las aspiraciones e intereses colectivos y permanentes de la comunidad”. Para lograr la realización de estos fines, el Estado tiene, pues, necesidad de actuar, de ejercer determinadas funciones, que serían universales.

Por funciones estatales estas teorías entienden, en Derecho Publico, las diversas actividades del Estado en cuanto constituyen diferentes manifestaciones o diversos modos de ejercicio de la potestad estatal. Resultando más apropiado hablar de funciones del Estado que de poderes ya que el poder del Estado es indivisible; el término función se refiere expresamente al contenido mínimo de la actividad estatal en sus diversos aspectos.

De conformidad con las características de esa actividad se ha distinguido tradicionalmente tres funciones fundamentales del Estado que tiene por lo demás, el carácter de funciones jurídicas:

• la función legislativa,
• la función administrativa o ejecutiva
• y la función jurisdiccional o judicial.

Para determinar las funciones del Estado pueden regirse tres criterios diferentes: orgánico, material y formal:

a) criterio orgánico: distingue las funciones estatales según el órgano que las cumple. De esta manera toda función o actividad que provenga del Parlamento será función legislativa, todos los actos de los jueces o tribunales serán función jurisdiccional y todos los actos que cumpla el gobierno serán función administrativa o ejecutiva.
b) criterio formal: tiene en consideración la manera como actúa el Estado a través de sus órganos. Así, un mismo órgano puede actuar de diversa manera y según el procedimiento empleado, estará realizando determinada función; por ejemplo, cuando el Ejecutivo dicta Decretos esta realizando una función legislativa, o cuando el Congreso efectúa nombramientos ejerce una función Ejecutiva o Administrativa.
c) criterio material: Según este criterio las funciones del Estado se distinguen según el contenido, la naturaleza misma del acto, sin consideración del órgano que lo produce ni a la forma que reviste.

Ahora bien, los tres Poderes, orgánicamente separados que conforman el Estado (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) nunca han sido considerados, desde la propia formulación de Montesquieu, como funcionalmente independientes ( ). Por el contrario, los Poderes, particularmente el Gobierno y el Parlamento, se relacionan intensamente, dando lugar a un equilibrio funcional que la doctrina americana resumen en la teoría “Checks and Balances” (equilibrios y contrapesos).

Karl Loewenstein afirma: “lo que en realidad significa la así llamada separación de poderes, no es, ni mas ni menos, que el reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir determinadas funciones el problema técnico de la división del trabajo- y que, por otra, los destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones son realizadas por diferentes órganos. La separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder público. Lo que corrientemente, aunque erróneamente, se suele designar como la separación de los poderes estatales, es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estrado”( )

La concepción doctrinal de la separación de los poderes constituye un alegato contra la supuesta concentración del poder y a favor de “los derechos individuales”.

Otro aspecto que se toma en cuenta es el reconocimiento de que todo órgano que ejerce poder tiende naturalmente a abusar de él, por lo cual se hace necesario instaurar un sistema de frenos y contrapesos sobre la base de la asignación de porciones de poder estatal (que siempre es único) a diferentes órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), suponiendo que el equilibrio resultante entre fuerzas antitéticas (que denota o implica antítesis) debe asegurar naturalmente la libertad del hombre. Aspectos estos que contrarían, presisamente, el carácter sistémico del poder y del Estado.

Su formulación a sido objeto de diferentes aplicaciones; mientras en Inglaterra ella se interpretó en el sentido de reservar el juzgamiento de los actos del Ejecutivo a los órganos judiciales, en Francia se sostuvo desde los comienzos de la Revolución de 1789 que esa función correspondía a la Administración y, luego, a Tribunales Administrativos. Se ha dicho que esta doctrina procura la adjudicación de cada una de las funciones del Estado a órganos distintos y separados dotándolos de independencia orgánica, pero lo cierto es que la separación de las funciones (desde un punto de vista material) ni siquiera existe en aquellos países que han pretendido aplicar la concepción del modo más estricto como Inglaterra.

Si se parte de la unidad del poder del Estado puede aceptarse sólo una distribución de funciones en órganos diferentes pero nunca una separación que opere, con limites precisos y definitivos, una delimitación absoluta de las funciones.

Se puede concluir, que el Estado como construcción social, responde a las relaciones de poder y que las teorías dominantes que se construyen en torno a él lo que hacen es justificarlo, siendo en definitiva la expresión ideológica y jurídica de formas de ingeniería política.

Cuando se plantean verdades universales respecto del Estado, lo que se busca es mistificarlo y hacer que todos asuman dichas características como universales para que sean reproducidas de aquí a la eternidad.

Nosotros por el contrario, podemos cuestionar dichos fines y funciones y debemos contar con una definición precisa de Estado. No hay teoría sobre el Estado más simple y más precisa que la siguiente: el Estado es un aparato coercitivo al servicio de las clases, sectores dominantes y que se muestra como una “comunidad ilusoria”.

d. Burocracia estatal como un elemento constitutivo del bloque dominante

Otro elemento primordial es considerar a los funcionarios públicos como componentes orgánicos del bloque dominante.

Todas las funciones operativas del aparato del Estado hubieran sido imposibles sin el concurso de un grupo de funcionarios encargados materialmente del ejercicio del poder estatal. Como retribución, dichos personajes han gozado de los privilegios otorgados por tan alta función, de manera que su situación económica privilegiada les ha permitido no ser parte de las clases explotadas.

Sin embargo, esta situación privilegiada no podía manifestarse paralela a un desempeño eficiente. De ahí nace que el Estado, además de ser clasista, colonialista es burocrático, verticalista y centralista.

e. Características del técnico, administrador y operador político del viejo Estado

En 1826 se aprueba la primera Constitución Política del Estado, en 1828 se realiza la Primera Constitución Constituyente. Las Constituciones Políticas de 1831 y 1834 tienen la particularidad de evocar la siguiente frase: “EN NOMBRE DE DIOS, LEGISLADOR DEL UNIVERSO”, frase que al margen de responder a una fe religiosa y al lugar ocupado por la religión en la ideología dominante, denota el rol legislador de Dios, es decir, la importancia vital que tiene el legislador -en esa época- para la construcción de la República y sobre todo para la construcción de la legalidad.

En el siguiente gráfico se encuentran las distintas profesiones de los Presidentes de Bolivia . Ocupan un primer lugar los militares con un 55%, seguido por abogados con 36% y otras profesiones han sido agrupadas conformado un 9% (incluido Evo Morales, cuya ocupación fue la de dirigente sindical.

Es cierto que cada presidente respondió a variantes de un esquema de poder que ha logrado mantenerse incólume hasta el presente, que por lo tanto preside una determinada política respondiendo a interés de clase y de dominio del imperialismo sobre Bolivia, a la que se suma la continuidad de la política del colonialismo interno, sin embargo, el que mas de la mitad de los presidentes hayan sido militares, significa que la mayoría de estos han implementado lo que como producto de su formación son, conocen o saben; es decir, que el militar es un sujeto de la disciplina, del uso de la fuerza, pero también de la administración del aparato del estado. Por lo tanto, una parte importante de la construcción de la legalidad de la nueva nación boliviana ha estado en manos de los ejecutores de políticas disciplinarias, de fuerza y que tendrían la particularidad de ser, la otra cara de la legalidad, especialmente el referido a la verticalidad de sus actos contrapuesto al principio de ejecución del constitucionalismo, para el cual no se hace necesario una fuerza compulsiva, sino su simple aplicación incondicional y automática.

En el siguiente gráfico se expone la relación entre militares y abogados en lo que hace a los Presidentes “circunstanciales”, entre 1825 y 1996. El concepto de presidentes circunstanciales hace referencia al clima de inestabilidad política y crisis en la continuidad de la sucesión presidencial en Bolivia.

Y en el tercer gráfico, se evidencia la mayoría de abogados en los cargos de ministros, seguido por militares, luego personas que sin ser profesionales han ejercido esas funciones o de las que no se pudo obtener sus datos, posteriormente se encuentran los economistas, ingenieros, médicos y otros. Aquí, nuevamente se evidencia el rol que cada conocimiento cumple en la ejecución de las políticas estatales destinadas a la prosecución de la hegemonía del poder, y obviamente, el de su reproducción.

¿Qué significaba ser abogado y militar en relación a la construcción del naciente Estado de la República Boliviana?

El triunfo militar sobre España generó un proceso de crisis, descrito por Antonio José de Sucre con el siguiente texto: «Que el antiguo Virreinato de Buenos Aires, a quien ellas pertenecían al tiempo de la revolución de América, carece de un Gobierno General que represente completa, legal y legítimamente la autoridad de todas las provincias, y que no hay por consiguiente con quien entenderse para el arreglo de ellas».

Sin embargo, el mismo José Antonio de Sucre, ratificaba que «las provincias denominadas del Alto Perú quedarán bajo autoridad del Ejército Libertador, mientras una Asamblea de Diputados de los pueblos delibere sobre su suerte de ellas».

Logran llegar enteros y con vitalidad, al momento de la reorganización del nuevo Estado Republicano, básicamente militares y abogados. El rol de los primeros lo constituye su hegemonía en el terreno militar, aspecto que les permite tener el control de toda la región, poniendo todo su empeño en la edificación de la legalidad, en principio burguesa. Sin embargo, en el caso de los abogados, no se encuentra un solo exponente digno y representativo del ideario burgués, tal como acontecía con militares como Bolívar. Empero, en ese momento histórico, los militares y abogados cumplen la función constitutiva del nuevo orden, ambos cumplen con la imposición de la nueva normatividad legalista sobre las masas sin voz ni voto. Bolívar, Sucre y los demás jefes militares han sido capaces de derrotar al ejército realista, han garantizado la unidad en el momento de la crisis del cambio estatal, incluso ocupan las Presidencias con carácter vitalicio, como en Bolivia, durante los primeros años, dictan leyes y Constituciones, organizan al Poder Legislativo. La estructura militar pro burguesa que ocupa un primer plano, cede poco a poco su lugar: el tiempo de la guerra ha pasado, se ingresa a los conflictos internos por la hegemonía, los militares vuelven a sus cuarteles o instalan otros nuevos y reasumen su puesto de sujetos del no saber normativo.

Se puede afirmar que los militares pierden en dos terrenos: en el político al naufragar el proyecto de crear la gran Colombia, unificando en una sola nación a todas las provincias, y en el terreno de impulsar la normatividad legalista bajo el ideario burgués. Recordemos que a Bolívar y Sucre les dura muy poco su “Presidencia Vitalicia” (hasta 1828) pese a que son ellos los que redactan y proponen Decretos, leyes, Constituciones. Aquí se presenta todo una contrafuerza que pretende y logra expulsar a estos militares del ejercicio protagónico del Estado. Esta contrafuerza es la del colonialismo interno, que también tiene a militares en su seno, así como abogados y que impulsan otra legalidad: construir el nuevo Estado Boliviano como expresión real del poder de mineros y hacendados; no se aspira al desarrollo de la industria en gran escala, ni al relacionamiento con el capitalismo mundial, sino al saqueo interno de los recursos naturales.

En la nueva relación de fuerzas, los gobiernos del colonialismo interno son el resumen de sujetos de saber normativo (abogados) y sujetos de fuerza (militares). Los unos y los otros se suceden, se alternan y combinan en el ejercicio de la administración del Estado en medio de una crisis de continuidad. Los militares del colonialismo interno son la fuerza armada que garantiza la estabilidad del nuevo gobierno, los abogados aportan los elementos doctrinales para la construcción de la legalidad “boliviana”.

La práctica militar, centrada en la disciplina y en el manejo de la fuerza de los cuerpos, trae aparejado un comportamiento político que aporta a la construcción de la legalidad boliviana. Entonces, la práctica política militar, tiene componentes centrales bajo los cuales se gobernó a los sectores originarios y populares, consistentes en la extensión del cuartel militar a la organización de las ciudades y del país entero, extensión basada en: el ejercicio del arte del rango, es decir la exigencia de la obediencia y subordinación total, absoluta y sin posibilidad de expresión, replica, cuestionamiento o negación; el control y sujeción del cuerpo del soldado, por extensión de la población; el establecimiento de una relación de docilidad; la construcción de un espacio homogéneo y cerrado, dentro del cual ordenar. En esta perspectiva, Foucault afirma que el campamento militar: «es la ciudad apresurada y artificial, que se construye y remodela casi a voluntad… En el campamento perfecto, todo el poder se ejercería por el único juego de una vigilancia exacta… El campamento es el diagrama de un poder que actúa por el efecto de una visibilidad general.»

El servicio militar obligatorio se implantó en Bolivia por Ley de 16 de Enero de 1907, con ello, el soldado profesional es reemplazado por la extensión del soldado-ciudadano. Las Fuerzas Armadas, se constituirán como la escuela muda: guarda observancia de las leyes y no realiza acción política.

En lo que hace a las fuerzas guerrilleras, organizadas en republiquetas, que si bien no llegaron con vitalidad al momento de la definición de la construcción de la nueva legalidad boliviana, cabe hacer notar, que su práctica política militar era otra y diferente a la de los militares. Dentro del movimiento guerrillero, es visible la genuina democracia que existía, en la misma constitución del mando guerrillero. Por otra parte, las republiquetas eran fuerzas irregulares conformadas por las masas populares rurales, que además de acosar a las fuerzas realistas, tenían que dedicarse a sus actividades agrícolas diarias. Se puede hablar de una auto-disciplina en la constitución de esta fuerza. Una participación verdadera del saber y práctica guerrillera en la construcción de la nueva legalidad hubiera chocado con la práctica de disciplina y fuerza de los militares.

Pero el tema del rol de militares y abogados dentro de la construcción del aparato del Estado, en su cúpula, no termina aquí.

Esquema N° 13
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En el gráfico se observa las profesiones de los ministros de los diferentes gobiernos, esta vez agrupados para el análisis en cinco momentos: desde 1825 a 1920, abarcando el período liberal; del período liberal hasta la Guerra del Chaco; de los gobiernos de Toro, Buchs, pasando por la revolución de 1952 hasta el gobierno de Barrientos; del gobierno de Barrientos hasta García Meza (ciclo de gobiernos militares) y finalmente el período llamado democrático.

En el caso de los abogados estamos frente a una tendencia cuantitativamente decreciente respecto a su participación en los ministerios. En el caso de los militares su situación es inestable y paradójica, pues hay dos momentos de aguda caída, uno de ellos es durante la Guerra del Chaco y el otro durante la democracia actual; sin embargo, es importante denotar que un repunte ascendente lo constituyen los gobiernos de Toro, Buch, la revolución del 52 hasta Barrientos, todo un ciclo caracterizado por el nacimiento y pujanza del nacionalismo con participación activa de militares. Los economistas van a tener algún papel de importancia a partir del ciclo nacionalista para decaer luego durante la democracia. Finalmente otro tipo de profesiones con menor representación van a surgir, sobre todo a partir del ciclo democrático actual, donde ingenieros, médicos, maestros, comunicadores van a ocupar cargos de ministros. Es evidente que hay un grupo numeroso de ministros sin formación profesional que han ocupado puestos sobretodo en ministerios referidos a educación, trabajo, secretarios o voceros de los gobiernos, siendo más una formación política la que ha primado para su elección. Se evidencia la ausencia de ministros con formación en profesiones humanísticas, lo que ratifica una despreocupación histórica por resolver los problemas del hombre. Ni que decir de la presencia de autoridades originarias y dirigentes obreros en puestos altos del aparato del Estado.

Los ministros que más veces ejercieron el cargo fueron todos ellos abogados: Rafael Bustillos y Tomas Frías fueron 8 veces ministros cada uno, en carteras de hacienda, instrucción, relaciones, gobierno, industria, etc.; Tomas Elio fue 7 veces ministro; Miguel de Aguirre, Joaquín Espada, Serapio Reyes Ortiz, Zacarías Benavides, Oscar Bonifaz, fueron 6 veces ministros en diferentes carteras; Walter Guevara Arze, José del Carpio, Casimiro Olañeta, Eliodoro Villazón, Carlos Morales Guillen, Demetrio Canelas, Enrique Baldivieso, fueron ministros mas de 5 veces y en diferentes carteras. De otra parte, Tomas Frías fue ministro de 6 presidentes diferentes; Miguel de Aguirre fue ministro de 5 presidentes; Abel Ayoroa Argandoña, Enrique Baldivieso, Oscar Bonifaz, Tomas Elio, Gustavo Fernández, Walter Guevara Arze fueron ministros de 4 presidentes diferentes, en distintas carteras y todos ellos eran abogados.

Para complementar lo anterior, se tiene que los ministros que mas tiempo han ejercido el

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