Ley de emergencia sanitaria es un retroceso, vulnera la C.P.E., la soberanía nacional, coloca a Bolivia como cipayo sanitario

   

CONADE:

LEY DE EMERGENCIA SANITARIA ES UN RETROCESO, VULNERA LA C.P.E., LA SOBERANÍA NACIONAL, COLOCA A BOLIVIA COMO CIPAYO SANITARIO

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia-CONADE da a conocer a la opinión pública su posición respecto al Proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional con el nombre de PL – 085/2020-2021, modificada en tres aspectos durante su aprobación en grande y en detalle.

1.           Sobre el propósito final de la Ley de Emergencia Sanitaria


CONADE:

LEY DE EMERGENCIA SANITARIA ES UN RETROCESO, VULNERA LA C.P.E., LA SOBERANÍA NACIONAL, COLOCA A BOLIVIA COMO CIPAYO SANITARIO

 

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia-CONADE da a conocer a la opinión pública su posición respecto al Proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional con el nombre de PL – 085/2020-2021, modificada en tres aspectos durante su aprobación en grande y en detalle.

 

1.           Sobre el propósito final de la Ley de Emergencia Sanitaria

 

El Ministerio de Salud tiene competencias bastante claras para dirigir la política pública en salud, incluidas las emergencias sanitarias; en la actualidad se da cumplimiento a la Ley N° 062, Ley de Gestión de Riesgos, de 14 de noviembre de 2014 y su Decreto Supremo N° 2342 (reglamentario) para encarar el Covid-19; de manera que a tres meses de gobierno y once meses de desarrollo de la pandemia, la Ley de Emergencia Sanitaria, en sentido estricto no tiene razón de existencia salvo para regular aspectos oscuros de la conducta presente y futura del gobierno, a título de “proteger la salud pública”.

 

                El gasto en salud es y será una variable con incremento de recursos económicos a ser centralizado por el gobierno

 

Lastimosamente somos un país pobre y empobrecido por el modelo económico vigente en las últimas décadas. Las inversiones en medicamentos, reactivos, vacunas, laboratorios, equipamiento, salarios y contrataciones del sector salud, serán sustanciales y el gobierno de Luis Arce pretende tener un control a sabiendas que el país hará un gran esfuerzo en esta dirección amén de un mayor endeudamiento externo e interno.

 

Para dar cumplimiento al control de los recursos en salud, el gobierno a través de la Ley de Emergencia Sanitaria pretende tomar “este botín” marginando a los municipios y gobernaciones en lo que a su parte les corresponde administrar. Para ello, mediante “simple resolución ministerial” a solicitud de un Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias el Ministerio de Salud dictará emergencia en el ámbito territorial “en el que ésta se requiera”. Las determinaciones de este Consejo serán “vinculantes”.

 

2.           Procedimientos abreviados para el registro sanitario nacional

 

Se pone en peligro la salud de las personas, cuando por efecto de la mera declaratoria de emergencia sanitaria se suprime la evaluación de riesgos de la producción de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, reactivos de producción nacional, lo que implica un verdadero retroceso en la protección de la salud humana y la generación de una completa inseguridad sanitaria.

 

Este “cuento” de los procedimientos abreviados, que ya se intentó introducir en el tema de los transgénicos mediante el Decreto Supremo N° 3874 de Evo Morales y los Decretos Supremos N° 4232 y N° 4238 de Jeanine Añez, vuelve a ser instrumentalizado por el gobierno de Luis Arce para el tema de medicamentos.

 

El control estricto de las variables de peligro y protocolos de bioseguridad para la obtención del registro sanitario no pueden ser suspendidos y poner en riesgo la salud humana por una declaratoria de ese nuevo Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias y más cuando ya llevamos 11 meses de pandemia y desastre sanitario real.

 

3.           La homologación en el registro sanitario es una forma nueva de colonialismo sanitario

 

Cuando Luis Arce, David Choquehuanca y su gobierno hablan de soberanía nacional y descolonización, queda claro que son frases demagógicas desmentidas por sus actos, en este caso por esta Ley de Emergencia Sanitaria.

 

En el caso de otros productos sanitarios a ser importados (que puede convertirse en un fabuloso negocio en pandemia) el gobierno, con una mentalidad cipaya legaliza una supuesta homologación de registro sanitario realizado en otro país, aún así, este registro sea equivocado, impuesto a la soberanía de otra nación, o fruto de negociados y corrupción, será aceptado en Bolivia sin verificación alguna.

 

El gobierno traiciona la soberanía nacional y se subordina a intereses foráneos y transnacionales.

 

4.           Vulneración al derecho constitucional a la protesta

 

La Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la protesta y de igual manera la Sentencia Constitucional Plurinacional 0326/2019-S2, dictada en la ciudad de Sucre, el 29 de mayo de 2019, señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional debía elaborar y aprobar una “ley especializada que regule la limitación del derecho a la huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor de dicho sector”, entre otras disposiciones incumplidas hasta el presente, motivo por el cual, la ALP no podría ahora prohibir paros, huelgas y protestas del sector salud, mediante una Ley porque la Constitución Política del Estado es una norma superior.

 

Otra vez, el gobierno genera un conflicto con el sector salud. 

 

5.           El gobierno se atribuye las competencias de gobernaciones y municipios vulnerando la CPE

 

Si las gobernaciones y municipios incumplen con sus obligaciones sanitarias el actual gobierno central no puede violar la CPE y la Ley de Autonomías Andrés Ibañez, salvo que el objetivo de la pérdida de competencias tenga que ver con la administración de recursos que deberían ser distribuidos de acuerdo a los  niveles de gobierno, que en el fondo es el objetivo propuesto por el gobierno de Luis Arce, para centralizar y monopolizar la principal fuente de recursos de la que dispondrá el Estado boliviano en los siguientes años.

 

6.           Contrataciones directas y con confidencialidad

 

Será el gobierno central el que se encargará de las contrataciones directas en el país y en el extranjero. El Estado Plurinacional se subordina a cláusulas de confidencialidad, que en realidad vulneran la transparencia en las adquisiciones estatales y que generan la apertura de la puerta de la corrupción.

 

7.           Se contratará médicos y personal de salud de otros países

 

Estando en una situación de crisis, es deber del gobierno nacional priorizar el empleo a los bolivianos y bolivianas, no es admisible dar trabajo a personas de otros países y beneficiar a otros Estados a menos que exista igualdad y reciprocidad, situación que no se presenta con ningún país.

 

8.           Cláusulas que reconozcan normativa extranjera en contratos es traición a la patria

 

Esta Ley traiciona los intereses nacionales, los intereses de la patria y subordina al país a la normativa extranjera, como nunca antes se hizo en Bolivia a título de emergencia sanitaria.

 

El Artículo 320 de la Constitución Política del Estado es claro cuando dispone:

 

“I. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera.

  1. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable.

III. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos.

  1. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales”.

 

Si en el sector de hidrocarburos no se reconoce normativa extrajera sobre la nacional, ¿por qué habría de subordinarse a la normativa foránea en el tema de salud?

 

“Artículo 366.

Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”. (C.P.E.).

 

Siendo estas las principales observaciones, el Comité Ejecutivo del CONADE resuelve:

 

  1. Expresar su rechazo total a la Ley de Emergencia Sanitaria, debiendo ser abrogada.
  2. Apoyar las movilizaciones del sector salud.
  3. Exigir el pronunciamiento de todas las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones, plataformas, redes, colectivos, para “no callar y no otorgar”.
  4. Convocar a medidas de protesta y un cacerolazo nacional a ser programado por una mesa de coordinación entre diversas organizaciones.

 

¡Por la defensa de la Constitución Política del Estado, la salud del pueblo boliviano, la soberanía nacional!

 

Bolivia 31 de enero de 2021

 

Por el Comité Ejecutivo:

 

Manuel Morales A.                         Lucio Gonzales A.

Arturo Villanueva                                     Danilo Romano

Eduardo Pinedo                             Ivan Ignacio