Carta a la Canciller de Bolivia sobre tema transgénicos

   

Señora

Karen Longaric Rodríguez

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente. –

Ref.- Solicitud de información de designación de sus representantes al Comité Nacional de Bioseguridad y argumentación para denegar procedimiento señalado en Decreto Supremo N° 4232


Señora

Karen Longaric Rodríguez

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente. –

 

Ref.- Solicitud de información de designación de sus representantes al Comité Nacional de Bioseguridad y argumentación para denegar procedimiento señalado en Decreto Supremo N° 4232

 

Señora ministra:

 

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) agradece su respuesta con información mediante nota VRE-DGRM-UMTA-Cs-131/2020 que asevera que sus representantes al Comité Nacional de Bioseguridad son los Lic. Fernando Moisés Jiménez Zaballos (titular) y Lic. Gerson Mackay Flores (alterno) “desde el mes de marzo”.

 

El 16 de marzo de 2020, Enzo Aliaga Rossel, Director General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, mediante nota: CAR/MMAYA/VMABCCGDF/DGBAP/MEG N° 0134/2020 indicó al CONADE que los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores eran otros funcionarios. Debido a que los integrantes del Comité Nacional de Bioseguridad probablemente elaboren un “procedimiento abreviado” para la introducción de transgénicos a Bolivia, aspecto que sería ilegal y violatorio del régimen constitucional de recursos naturales, solicitamos información complementaria de los nuevos representantes (titular y alterno) en lo referido a:

 

  • Copia de la resolución Ministerial y/o Memorándum de Designación.
  • Copia del currículo vitae respectivo.

 

Los aspectos anteriores son requisitos para la pertinente acreditación, como lo establece el artículo 5.- del Reglamento Interno del Comité Nacional de Bioseguridad.

 

El currículo vitae respectivo permite conocer la experiencia profesional del funcionario público y si se encuentra capacitado para la evaluación de riesgo de la introducción transfronteriza de organismos vivos modificados genéticamente y sus respectivos procedimientos.

 

Un segundo aspecto que exponemos a continuación, son principalmente los argumentos jurídicos relacionados a las relaciones internacionales que prohíben la autorización para el ingreso de organismos genéticamente modificados, seres vivos modificados genéticamente o transgénicos como comúnmente son nombrados, argumentos jurídicos que solicitamos puedan ser corroborados y defendidos por sus representantes en el Comité Nacional de Bioseguridad, de manera de denegar la aprobación de cualquier procedimiento abreviado que permita la introducción de transgénicos como lo señala el Decreto Supremo N° 4232.

 

 

 

La Constitución y las leyes de Bolivia no permiten la introducción de productos transgénicos

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO restringe el ingreso de productos genéticamente modificados (transgénicos) mediante la prohibición constitucional del artículo 255, admitiendo su carácter exógeno, contrario a la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada, la protección de nuestros recursos biodiversos, el cuidado del medio ambiente, entre otros factores causales de dicha restricción.

 

En el TÍTULO VIII, CAPÍTULO PRIMERO, RELACIONES INTERNACIONALES, el ARTÍCULO 255 señala “La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de:

  1. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.
  2. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.
  3. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de productos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

 

La Ley N° 401, LEY DE CELEBRACIÓN DE TRATADOS, ratifica la política del Estado Plurinacional, y también realiza la prohibición de importación de transgénicos (organismos genéticamente modificados):

 

“ARTÍCULO 4 (PRINCIPIOS)

  1. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirán por:
  2. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.
  3. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

 

En consecuencia, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y el Comité de Bioseguridad NO PUEDEN VALIDAR NINGÚN EVENTO TRANSGÉNICO. Y su consideración se constituye en una vulneración a lo establecido en la CPE.

 

En concordancia con el mandato constitucional, la Ley N° 300, LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA, establece principios; procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneración de la “madre tierra”; así como el dominio soberano del Estado sobre la agricultura, la pesca y la ganadería mediante la prohibición de transgénicos.

 

La Ley N° 300 determina: “Artículo 4. (PRINCIPIOS).

 

  1. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.
  2. Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse”.

 

“Artículo 15. (ESTABLECER PROCESOS DE PRODUCCIÓN NO CONTAMINANTES Y QUE RESPETAN LA CAPACIDAD DE REGENERACIÓN DE LA MADRE TIERRA EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO)

inciso 9.) Establecimiento de mecanismos para que las personas individuales y colectivas, públicas o privadas, responsables de la contaminación y/o daño a los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra, realicen las acciones necesarias para la efectiva restauración o rehabilitación de los mismos, así como la mitigación de los daños”.

 

“Artículo 24. (AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA).

  1. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y salud humana.
  2. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de OGMs autorizados en el país por norma especifica
  3. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación.
  4. Prohíbe producción de agrocombustibles en todo el territorio nacional.”

 

La Ley N° 144, LEY DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA establece contenidos normativos precisos y complementarios a las restricciones constitucionales sobre los transgénicos, de manera especial crea un mecanismo de protección a los recursos genéticos originarios del país (centro de origen y biodiversidad) que se aplica de manera concreta a la defensa del maíz. También de esta norma nace la obligación de los productores y del Estado de etiquetar todo productos que contenga transgénicos para su respectivo control.

 

“Artículo 13. (Política de fortalecimiento de la base productiva).

  1. Recursos Genéticos
  2. b) El Estado facilitará el acceso a recursos genéticos con fines productivos y de investigación para consolidar la seguridad y soberanía alimentaria del país, siempre y cuando su uso se enmarque en las políticas de protección y defensa de los recursos genéticos del país.

 

Artículo 15 Política de protección de recursos genéticos y naturales

Inciso 2: No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.

Inciso 3: Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá, estar debidamente identificado e indicar esta condición.

 

Artículo 19 Política de comercialización e intercambio

II Inciso 5. Se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados.

Parágrafo III. La reglamentación específica del parágrafo anterior, será emitida por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado”.

 

Funcionarios públicos tienen responsabilidades administrativas y penales por vulnerar el régimen constitucional de recursos naturales

 

Los funcionarios públicos que incurran en actos delictivos, que vulneren las leyes y la Constitución Política del Estado son pasible de ser denunciados, investigados y procesados administrativa y penalmente. De manera muy particular, la violación del régimen constitucional de recursos naturales, es considerado por la Constitución Política del Estado como un delito de traición a la patria.

 

“Artículo 124.

  1. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:
  2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales” (CPE).

 

La Ley N° 1333, LEY DEL MEDIO AMBIENTE, señala:

 

Son delitos ambientales:

Artículo 113. El que autorice, permita, coopere o coadyuve al depósito, introducción o transporte en territorio nacional de desechos tóxicos peligrosos, radioactivos y otros de origen externo, que por sus características constituyan un peligro para la salud de la población y el medio ambiente, transfiera e introduzca tecnología contaminante no aceptada en el país de origen así como el que realice el tráfico ilícito de desechos peligrosos, será sancionado con la pena de privación de libertad de hasta diez años.

 

Artículo 114. Los delitos tipificados en la presente Ley son de orden público y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal.

Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta Ley y sancionadas por la autoridad administrativa competente.

 

Artículo 115. Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente Ley y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta.”

 

 

Comité Nacional de Bioseguridad debe cumplir con los principios constitucionales

 

Nos queda recordar al Comité Nacional de Bioseguridad que sus actos están guiados por principios constitucionales, así señalados en su norma interna:

 

“ARTÍCULO 3. (VALORES Y PRINCIPIOS).- Todos los actos del Comité Nacional de Bioseguridad. se regirán bajo los valores ético-morales señalados en la Constitución Política del Estado”. (Comité Nacional de Bioseguridad, S-F)

 

Los valores constitucionales, los principios de nuestra Carta Magna, según el artículo 8.II del texto constitucional son unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

 

La Presidencia del Comité Nacional de Bioseguridad tiene atribuciones y deberes establecidos en su Reglamento, que además se complementan al contar con un asesor jurídico, de manera que no puede argumentarse un desconocimiento de la ley, por ello se le recuerda:

 

ARTICULO 13. (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE).- Son atribuciones y deberes del Presidente:

  1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros que tengan relación.
  2. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, Reglamento de Bioseguridad aprobado mediante D.S. No. 24676, el presente Reglamento y las decisiones que adopte el Comité Nacional de Bioseguridad”.(Comité Nacional de Bioseguridad, S-F)

 

 

 

En este contexto, el Protocolo de Cartagena (Bolivia, 2001) exige en su Artículo 15 lo siguiente:

 

Artículo 15. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Las evaluaciones del riesgo que se realicen en virtud del presente Protocolo se llevarán a cabo con arreglo a procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el anexo III y teniendo en cuenta las técnicas reconocidas de evaluación del riesgo” (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000)

 

 

No existe la posibilidad de procedimiento abreviado de acuerdo al Protocolo de Cartagena

 

Adjuntamos el procedimiento de evaluación de riesgo de transgénicos, los mismos que no posibilitan procedimiento abreviado alguno:

 

“Anexo III

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Objetivo

  1. El objetivo de la evaluación del riesgo, en el marco del presente Protocolo, es determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.

Uso de la evaluación del riesgo

  1. Las autoridades competentes utilizarán la evaluación del riesgo para, entre otras cosas, adoptar decisiones fundamentadas en relación con los organismos vivos modificados.

Principios generales

  1. La evaluación del riesgo deberá realizarse de forma transparente y científicamente competente, y al realizarla deberán tenerse en cuenta el asesoramiento de los expertos y las directrices elaboradas por las organizaciones internacionales pertinentes.
  2. La falta de conocimientos científicos o de consenso científico no se interpretarán necesariamente como indicadores de un determinado nivel de riesgo, de la ausencia de riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable.
  3. Los riesgos relacionados con los organismos vivos modificados o sus productos, por ejemplo, materiales procesados que tengan su origen en organismos vivos modificados, que contengan combinaciones nuevas detectables de material genético replicable que se hayan obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna, deberán tenerse en cuenta en el contexto de los riesgos planteados por los receptores no modificados o por los organismos parentales en el probable medio receptor.
  4. La evaluación del riesgo deberá realizarse caso por caso. La naturaleza y el nivel de detalle de la información requerida puede variar de un caso a otro, dependiendo del organismo vivo modificado de que se trate, su uso previsto y el probable medio receptor.

Metodología

  1. El proceso de evaluación del riesgo puede dar origen, por una parte, a la necesidad de obtener más información acerca de aspectos concretos, que podrán determinarse y solicitarse durante el proceso de evaluación, y por otra parte, a que la información sobre otros aspectos pueda carecer de interés en algunos casos.
  2. Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesgo entraña, según proceda, las siguientes etapas:
  3. a) Una identificación de cualquier característica genotípica y fenotípica nueva relacionada con el organismo vivo modificado que pueda tener efectos adversos en la diversidad biológica y en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;
  4. b) Una evaluación de la probabilidad de que esos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable medio receptor al organismo vivo modificado;
  5. c) Una evaluación de las consecuencias si esos efectos adversos ocurriesen realmente;
  6. d) Una estimación del riesgo general planteado por el organismo vivo modificado basada en la evaluación de la probabilidad de que los efectos adversos determinados ocurran realmente y las consecuencias en ese caso;
  7. e) Una recomendación sobre si los riesgos son aceptables o gestionables o no, incluida, cuando sea necesaria, la determinación de estrategias para gestionar esos riesgos; y
  8. f) Cuando haya incertidumbre acerca del nivel de riesgo, se podrá tratar de subsanar esa incertidumbre solicitando información adicional sobre las cuestiones concretas motivo de preocupación, o poniendo en práctica estrategias de gestión del riesgo apropiadas y/o vigilando al organismo vivo modificado en el medio receptor.

Aspectos que es necesario tener en cuenta

  1. Según el caso, en la evaluación del riesgo se tienen en cuenta los datos técnicos y científicos pertinentes sobre las características de los siguientes elementos:
  2. a) Organismo receptor u organismos parentales. Las características biológicas del organismo receptor o de los organismos parentales, incluida información sobre la situación taxonómica, el nombre común, el ori ge n , los centros de ori ge n y los centros de diversidad genética, si se conocen, y una descripción del hábitat en que los organismos pueden persistir o proliferar;
  3. b) Organismo u organismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, fuente y características biológicas pertinentes de los organismos donantes;
  4. c) Características del vector, incluida su identidad, si la tuviera, su fuente de origen y el área de distribución de sus huéspedes;
  5. d) Inserto o insertos y/o características de la modificación. Características genéticas del ácido nucleico insertado y de la función que especifica, y/o características de la modificación introducida;
  6. e) Organismo vivo modificado. Identidad del organismo vivo modificado y diferencias entre las características biológicas del organismo vivo modificado y las del organismo receptor o de los organismos parentales;
  7. f) Detección e identificación del organismo vivo modificado. Métodos sugeridos de detección e identificación y su especificidad, sensibilidad y fiabilidad;
  8. g) Información sobre el uso previsto. Información acerca del uso previsto del organismo vivo modificado, incluido un uso nuevo o distinto comparado con los del organismo receptor o los organismos parentales, y
  9. h) Medio receptor. Información sobre la ubicación y las características geográficas, climáticas y ecológicas, incluida información pertinente sobre la diversidad biológica y los centros de ori gen del probable medio receptor”(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000).

 

Comité Nacional de Bioseguridad debe denegar el contenido del Decreto Supremo N° 4232

 

El Decreto Supremo N° 4232 es imposible de ser llevado a la práctica, por su incorrecta redacción y por vulnerar las normas, convenios suscritos o ratificados por Bolivia y por lo dispuesto por la Constitución Política del Estado sobre las prohibiciones de introducir transgénicos al país.

 

El Decreto Supremo aludido señala:

 

ARTÍCULO ÚNICO.- De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se deberá tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizarán las evaluaciones correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta diez (10) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados” (Gobierno Transitorio, 2020).

 

El Comité Nacional de Bioseguridad no tiene las atribuciones ni las funciones declaradas por el Decreto Supremo N° 4232, es decir, NO ESTABLECE PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS NI APRUEBA PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS, de manera que debe asesorar al Viceministerio de Medio Ambiente y Agua (Autoridad Nacional Competente) y otras instancias para que se abrogue el Decreto por inconsistente.

 

Estas son las funciones del Comité Nacional de Bioseguridad:

 

CAPÍTULO III

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

ARTICULO 10-. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES).- Las atribuciones y funciones del Comité Nacional de Bioseguridad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de su Reglamento son:

  1. a) Elaborar, aprobar y actualizar el reglamento interno.
  2. b) Asesorar a la Autoridad Nacional Competente en temas relacionados con el manejo de OGMs y Bioseguridad.
  3. c) Efectuar el estudio y la evaluación técnica de las solicitudes para la realización de actividades con OGMs y elevar el informe Técnico correspondiente a la Autoridad Nacional Competente que deberá contener una expresión fundamentada de la evaluación de los riesgos, la factibilidad y los posibles beneficios de la actividad, de acuerdo a los Art. 28 y 29 del Reglamento de Bioseguridad.
  4. d) Proponer a la Autoridad Nacional Competente normas complementarias al presente reglamento.
  5. e) Relacionarse con instituciones públicas y privadas que realicen actividades relacionadas con ingeniería genética y Bioseguridad a nivel nacional e internacional, y establecer con ellas mecanismos de intercambio de información sobre ternas relativos a la evaluación de los riesgos, gestión de los riesgos y las aprobaciones otorgadas para la comercialización de OGMs, sus derivados o los productos que los contengan.
  6. f) Recomendar a la Autoridad Nacional Competente de acuerdo al informe técnico emitido, se autorice o deniegue la realización de la actividad solicitada y proponer condiciones adicionales bajo las cuales se realizará la actividad.
  7. g) Invitar como mínimo a cuatro especialistas de reconocida trayectoria científica y técnica con ejercicio en el área de biotecnología, siendo los mismos de las áreas de salud humana, animal, vegetal y medio ambiente.
  8. h) Invitar a representantes de instituciones científicas de investigación, instituciones empresariales del área de biotecnología, organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas que realicen actividades relacionadas con el medio ambiente, la salud, la agricultura, la diversidad biológica y otras afines (Art. 9 Párrafo Segundo del Reglamento de Bioseguridad).
  9. i) En coordinación con la Autoridad Nacional Competente, elaborar guías técnicas, protocolos, etc., para el manejo de organismos genéticamente modificados.
  10. j) Solicitar a la Autoridad Nacional Competente una prórroga para el término del estudio previo al Dictamen Técnico”(Comité Nacional de Bioseguridad, S-F).

 

 

Bibliografía de referencia

 

Bolivia. (2001). Ley Nº 2274. Aprueba y ratifica el “Protocolo de Bioseguridad de Cartagena” del Convenio sobre Diversidad Biológica. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia.

Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Comité Nacional de Bioseguridad. (S-F). Reglamento Interno del Comité Nacional de Bioseguridad. La Paz.

Estado Plurinacional de Bolivia. (2019). Ley que ratifica Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Gobierno Transitorio. (2020). Decreto Supremo N° 4232. La Paz: Gaceta Oficial Estado Plurinacional de Bolivia.

Observatorio del principio 10. (10 de 5 de 2020). Ley que ratifica el Acuerdo de Escazú (Ley No. 1182). Obtenido de https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-ratifica-acuerdo-escazu-ley-no-1182

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2000). Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

 

En conclusión, señora Ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, solicito instruya a los representantes de su Ministerio al Comité Nacional de Bioseguridad apego a las normas nacionales y que se deniegue el procedimiento abreviado por no ajustarse a la realidad jurídica del país, que establece una real protección de la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad.

 

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.