Rechazo de la admisión de evaluación técnica de soya evento HB4

   

Rechazo de la admisión de evaluación técnica de soya evento HB4

Las personas que suscribimos el presente documento manifestamos al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y a los integrantes del Comité de Bioseguridad nuestro profundo RECHAZO A LA ADMISIÓN DE EVALUAR EL EVENTO TRANSGÉNICO IND-00410-5 CORRESPONDIENTE A LA VARIEDAD DE PLANTA DE SOJA HB4, por las razones que exponemos y sustentamos:


Rechazo de la admisión de evaluación técnica de soya evento HB4

 

Las personas que suscribimos el presente documento manifestamos al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y a los integrantes del Comité de Bioseguridad nuestro profundo RECHAZO A LA ADMISIÓN DE EVALUAR EL EVENTO TRANSGÉNICO IND-00410-5 CORRESPONDIENTE A LA VARIEDAD DE PLANTA DE SOJA HB4, por las razones que exponemos y sustentamos:

 

1.            LA CIUDADANÍA EJERCEMOS NUESTROS DEBERES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES REALIZANDO CONTROL SOCIAL Y PARTICIPANDO EN LA GESTIÓN AMBIENTAL.

 

La Constitución Política del Estado de Bolivia otorga derechos, pero también obligaciones a los ciudadanos y ciudadanas, entre ellas tenemos el deber de proteger nuestro medio ambiente, así se dispone en el Artículo 108:

 

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

  1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
  2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.
  3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución.
  4. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones.
  5. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos” (CPE).

 

De manera categórica, el Artículo 343 dispone:

 

La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente” (CPE).

 

En este contexto, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y el Comité de Bioseguridad deberían haber publicado información sensible que respalde su equivocada decisión de evaluar un evento de soya transgénica, que vulnera el marco normativo boliviano.

 

2.           LA PROPIETARIA DE LA SOYA BH4 ES VERDECA, EMPRESA TRANSNACIONAL Y QUE ESTÁ SEGREGADA LEGALMENTE DE PODER INTRODUCIR CUALQUIER EVENTO TRANSGÉNICO A BOLIVIA

 

Verdeca se formó en el año 2012, como una empresa conjunta con sede en Estados Unidos entre Bioceres Crop Solutions y Arcadia Biosciences, siendo la compañía que promueve el producto HB4. Arcadia Biosciences (Nasdaq: RKDA) desarrolla los componentes transgénicos de varios productos y Bioceres Crop Solutions Corp. (NYSE American: BIOX) es un proveedor de dichos productos encargado de crear incentivos económicos para sus clientes. Se trata de un joint venture.

 

Verdeca en alianza con Tropical Melhoramiento & Genetica (TMG) anunciaron que su producto HB4 será sembrado en Brasil, pero indican que el mismo es un “evento de tolerancia a herbicidas, lo que sumará a la tolerancia al herbicida glufosinato de amonio la tolerancia al glifosato” (Montesanto, 2019). A diferencia de la soya RR, el HB4 incorpora otro herbicida al glifosato, de mayor efecto, lo que abre el interrogante de si es un evento orientado al estrés hídrico, terrenos con sequia o si de verdad está diseñado para acometer contra las llamadas super-malezas.

 

La Argentina aprobó de manera condicional la soja resistente a sequía en 2015. Es decir, no se puede comercializar hasta que China, el principal comprador del grano, no de su autorización (INFOCAMPO, 2020).

 

En consecuencia, Verdeca y las alianzas de riesgo compartido (join venture) con las que se presenta en diferentes países es la propietaria de la soya HB4 y pese a todos sus esfuerzos, NO PODRÁ INTRODUCIR AL MERCADO DE ARGENTINA MASIVAMENTE su producto debido al condicionante de que CHINA TIENE QUE SER EL PRINCIPAL COMPRADOR DE SOYA HB4 y aun no lo ha hecho.

 

Hasta el presente, no habría cultivos de soya HB4 que hubiesen obtenido todos los registros en todas las etapas de la producción y comercialización, como tampoco existen pruebas de campo que certifiquen una mejora en rendimientos y en la superación real del “estrés hídrico” con un detalle del tipo de suelo y condiciones climatológicas de su desarrollo. En otras palabras, es una operación de marketing que hace Verdeca. Y se ratifica esto con la declaración que hace la empresa respecto a la eficacia de su producto:

 

“Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, y los resultados informados no deben considerarse como una indicación del rendimiento futuro” (AP NEWS, 2020).

 

En otras palabras, lo que ofrece Verdeca como producto HB4 puede no coincidir en el futuro con los resultados que se presenten en campo.

 

Establecida la propiedad de fabrica del producto HB4 por parte de Verdeca, siendo esta una empresa transnacional, extranjera, queda evidente que su introducción a Bolivia es imposible, por las limitaciones legales y constitucionales que se detallan a continuación:

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO restringe el ingreso de productos genéticamente modificados (transgénicos) mediante la prohibición constitucional del artículo 255, admitiendo su carácter exógeno, contrario a la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación adecuada, la protección de nuestros recursos biodiversos, el cuidado del medio ambiente, entre otros factores causales de dicha restricción.

 

En el TÍTULO VIII, CAPÍTULO PRIMERO, RELACIONES INTERNACIONALES, el ARTÍCULO 255 señala “La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de:

  1. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación.
  2. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.
  3. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de productos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

 

En consecuencia, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y el Comité de Bioseguridad NO PUEDEN VALIDAR ESTE EVENTO DE SOYA TRANSGÉNICA. Y su consideración se constituye en una vulneración a lo establecido en la CPE.

 

En concordancia con el mandato constitucional, la Ley N° 300, LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA, establece principios; procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneración de la “madre tierra”; así como el dominio soberano del Estado sobre la agricultura, la pesca y la ganadería mediante la prohibición de transgénicos y el establecimiento de su eliminación definitiva de Bolivia. Así mismo se prohíbe la producción de agrocombustibles en Bolivia, que es uno de los fines del ilegal Decreto Supremo N° 3874.

 

La Ley N° 300 determina: “Artículo 4. (PRINCIPIOS).

 

  1. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.
  2. Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse”.

 

“Artículo 15. (ESTABLECER PROCESOS DE PRODUCCIÓN NO CONTAMINANTES Y QUE RESPETAN LA CAPACIDAD DE REGENERACIÓN DE LA MADRE TIERRA EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO)

inciso 9.) Establecimiento de mecanismos para que las personas individuales y colectivas, públicas o privadas, responsables de la contaminación y/o daño a los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra, realicen las acciones necesarias para la efectiva restauración o rehabilitación de los mismos, así como la mitigación de los daños”.

 

 

 

“Artículo 24. (AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA).

  1. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y salud humana.
  2. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de OGMs autorizados en el país por norma especifica
  3. Desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación.
  4. Prohíbe producción de agrocombustibles en todo el territorio nacional.”

 

La Ley N° 401, LEY DE CELEBRACION DE TRATADOS, ratifica la política del Estado Plurinacional, y también realiza la prohibición de importación de transgénicos (organismos genéticamente modificados):

 

“ARTÍCULO 4 (PRINCIPIOS)

  1. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirán por:
  2. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.
  3. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”.

 

En consecuencia, la evaluación que el Viceministerio pretende llevar adelante viola la Constitución Política del Estado, la Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y la Ley N° 401 Ley de Celebración de Tratados, normativa en plena vigencia, de manera que con solo esta argumentación, el  Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y el Comité de Bioseguridad deberían dar por concluido este intento de validar la soya transgénica extranjera HB4.

 

3.           PRIMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE UN DECRETO SUPREMO DE UN GOBIERNO ECOCIDA

 

Con los argumentos anteriores es importante recordar a los funcionarios públicos la primacía que tiene la Constitución Política del Estado y las Leyes sobre los Decretos Supremos. Que el cumplimiento del Decreto Supremo N° 3874 vulnera el sistema normativo boliviano y que no están en obligación de dar cumplimiento a esta orden de Evo Morales y sus ministros.

 

4.           LAS AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEBERÍAN PROMOVER LA ABROGACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 3874

 

El Decreto Supremo N° 3874, es una orden firmada por Evo Morales y sus ministros con el objetivo de consumar su alianza con los agronegocios responsables de la quema de la Chiquitanía, de forma muy particular, con la intención de poder introducir en el bosque seco chiquitano una variedad de soya transgénica que pueda -supuestamente- únicamente a través de “declaraciones prospectivas”, enfrentar el “estrés hídrico”, pero que en el fondo no es más que una política ecocida del anterior régimen, al que se está dando continuidad.

 

Cuando los promotores de este transgénico mencionan el stress hídrico, queda claro que ello es una excusa para introducir un evento tolerante a mayor cantidad de herbicidas como es el caso del glifosato y de glufosinato de amonio que incrementarán de 3,5 kg/litros a 8 kg/litros de aplicación por hectárea, lo que generará un serio impacto socioambiental y en los suelos, promoviendo la desertificación,  contaminación de aguas y la ampliación de la frontera agrícola en zonas no aptas para la agricultura, como son los bosques, áreas protegidas, territorios indígenas, etc.

 

Por lo expuesto, antes que dar cumplimiento a una acción delictiva, los funcionarios públicos deberían promover hacia sus instancias superiores la abrogación de esta y otras normas que fueron las promotoras de las grandes quemas de bosques realizadas el año 2019. Esta iniciativa se refuerza con las conclusiones de los Cabildos multitudinarios, que en una de sus resoluciones (La Paz, 10 de octubre de 2019) aprobaron:

 

“6.       Considerando el daño irreparable producto de los chaqueos y quema de la Chiquitania y otros bosques como el Madidi del país y siendo que dichas acciones fueron intencionadas y promovidas desde las políticas agrícolas, pecuarias y forestales del actual gobierno, en claro y evidente contubernio con intereses privados de los agronegocios ganaderos, de la soya transgénica, del etanol y del biodiesel, el CABILDO resuelve: DEFENDER EL BIEN COMÚN, NUESTRO PATRIMONIO Y BIODIVERSIDAD, LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y  DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN RESISTENCIA DEBIENDO ABROGARSE LAS LEYES 337, 502, 739, 740, 741, 1171, 1098 Y LOS DECRETOS SUPREMOS 3874 Y 3973” (CONADE, 2019).

 

5.           FUNCIONARIOS PÚBLICOS TIENEN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES POR VULNERAR EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE RECURSOS NATURALES

 

Los funcionarios públicos que incurran en actos delictivos, que vulneren las leyes y la Constitución Política del Estado son pasible de ser denunciados, investigados y procesados administrativa y penalmente. De manera muy particular, la violación del régimen constitucional de recursos naturales, es considerado por la Constitución Política del Estado como un delito de traición a la patria.

 

“Artículo 124.

  1. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:
  2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales” (CPE).

 

La Ley N° 1333, Ley del Medio Ambiente, señala:

 

Son delitos ambientales:

Artículo 113. El que autorice, permita, coopere o coadyuve al depósito, introducción o transporte en territorio nacional de desechos tóxicos peligrosos, radioactivos y otros de origen externo, que por sus características constituyan un peligro para la salud de la población y el medio ambiente, transfiera e introduzca tecnología contaminante no aceptada en el país de origen así como el que realice el tráfico ilícito de desechos peligrosos, será sancionado con la pena de privación de libertad de hasta diez años.

Artículo 114. Los delitos tipificados en la presente Ley son de orden público y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal.

Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta Ley y sancionadas por la autoridad administrativa competente.

Artículo 115. Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente Ley y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta.”

 

Sin abundar en otras consideraciones, por las razones expuestas, quienes suscribimos la presente nota, solicitamos al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y a los integrantes del Comité de Bioseguridad suspender de forma inmediata la evaluación del producto soya transgénica HB4 y promover la abrogación del Decreto Supremo N° 3874.

 

6.           BIBLIOGRAFÍA

 

AP NEWS. (10 de 3 de 2020). Press release content from PR Newswire. The AP news staff was not involved in its creation. Obtenido de https://apnews.com/PR%20Newswire/1ee1785637c48001999e43ba037daaec

Bolivia. (1992). Ley N° 1333 Ley del Medio Ambiente. La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia.

Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

CONADE. (2019). Resoluciones del Cabildo de la ciudad de La Paz, 10 de octubre de 2019. La PAz: CONADE.

Estado Plurinacional de Bolivia. (2012). Ley N° 300 Ley MArco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Estado Plurinacional de Bolivia. (2013). Ley N° 401 Ley de Celebración de Tratados. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Gobierno de Bolivia. (2019). Decreto Supremo N° 3874. Establece procedimiento abreviado para soya transgénica. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

INFOCAMPO. (13 de 3 de 2020). INFOCAMPO: Noticias del campo en el momento justo. Obtenido de https://www.infocampo.com.ar/la-soja-hb4-resistente-a-sequia-se-aprobo-en-ee-uu/

Montesanto, A. (24 de 5 de 2019). infocampo.com.ar. Obtenido de https://www.infocampo.com.ar/tmg-y-verdeca-reciben-la-aprobacion-para-comercializar-soja-tolerante-a-la-sequia-hb4-en-brasil/