Reporte Bolivia 7

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REPORTE BOLIVIA 07/2019

Gobierno transitorio cumple mandato constitucional a pesar de postura de la CIDH y críticas de grupos de activistas internacionales

Después de los primeros días de la pacificación de Bolivia, el gabinete de la presidente transitoria de Bolivia, Yanine Añez, trabaja para cumplir el mandato constitucional de su gobierno, ante la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las críticas de grupos internacionales parcializados que defienden al Movimiento al Socialismo y sostienen que en Bolivia se produjo un golpe de estado.


REPORTE BOLIVIA 07/2019
(Ante la desinformación sobre lo que acontece en nuestro país queremos poner estos reportes como referencia para su análisis y reflexión, la realidad la podemos mirar de distintas maneras, pero buscar acercarse a la verdad debe ser una responsabilidad de todos y todas).

Gobierno transitorio cumple mandato constitucional a pesar de postura de la CIDH y críticas de grupos de activistas internacionales

Después de los primeros días de la pacificación de Bolivia, el gabinete de la presidente transitoria de Bolivia, Yanine Añez, trabaja para cumplir el mandato constitucional de su gobierno, ante la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las críticas de grupos internacionales parcializados que defienden al Movimiento al Socialismo y sostienen que en Bolivia se produjo un golpe de estado.

A trece días de su posesión, el gobierno de Añez ha promulgado la Ley de “Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales”, luego que la Cámara de Diputados sancionó ésta por dos tercios, cumpliendo así uno de los principales objetivos para pacificar el país.

La aprobación por mayoría de esta Ley, apoyada por el trabajo de la comisión negociadora en la que participaron la Conferencia Episcopal Boliviana, representantes del MAS, del Gobierno de Añez y de la comunidad internacional, le otorga la legitimidad necesaria a un proceso de concertación que ratifica que en Bolivia ocurrió una sucesión presidencial de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, luego del fraude promovido por el MAS y los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Actualmente y ante la premura de conformar el Tribunal Supremo y los Tribunales Departamentales Electorales, la comisión negociadora tiene el papel de buscar espacios para concertar las propuestas y avances que faciliten el inicio del proceso electoral de 2020.
Postura de la CIDH
La comisión de la CIDH, que llegó a Bolivia el viernes 23 de noviembre para analizar la situación de los derechos humanos en medio de los conflictos que dejaron al menos 31 muertos tras la dimisión de Evo Morales, señaló que en Bolivia ha existido un uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones.

La referida comisión sostiene que Janine Añez se declaró a sí misma Presidente Interina y “entiende que es necesario instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar a los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días, para que se alcance una solución constitucionalmente válida”.

Aunque el Decreto Supremo 4078, vigente desde el 14 de noviembre, que eximía a los militares de responsabilidad penal por su accionar en el restablecimiento del orden en momentos de alta conflictividad social, fue abrogado luego de que se logró que distintos sectores acordaran la pacificación del país. El relator de la Comisión, Francisco José Eguiguren, dijo que es necesario formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los hechos de violencia ocurridos tras la dimisión de Evo Morales en Bolivia porque no hay garantías para una investigación interna imparcial. Los hechos de violencia en El Alto y Sacaba fueron calificados por Eguiguren como masacres que deben ser investigadas.

Sin embargo y ante estas posturas que no condicen con el terror y la incertidumbre que la población tuvo que enfrentar por varios días luego de que Evo Morales se asilara en México, Bolivia recuerda que esta misma Comisión no se pronunció de manera oportuna sobre la reelección indefinida de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, conseguida en base a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional Nº 0084/2017 en abierta tergiversación interpretativa del artículo 23.1.b. de la CADH, que no reconoce en su contenido la perpetuidad en el poder como derecho humano, de acuerdo al abogado constitucionalista y ex fiscal de la República, Pedro Gareca.

Gareca sostiene que estos hechos sólo pueden ser corregidos por la acción oportuna y necesaria a través de los mecanismos de garantías que competen a la Comisión IDH y a la Corte IDH, para restaurar el derecho a la democracia, a la alternancia, respeto al valor del Referéndum 21f y a la preservación de la Convención Americana de los Derechos Humanos como un instrumento regional base de convivencia, paz y libertad en los países de la región americana para impedir “la vertical, ilegal e inconstitucional reelección indefinida de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera”.

Un panorama político incierto

Después de la promulgación de la Ley de convocatoria a elecciones generales y con un Tribunal Supremo y Tribunales Electorales Departamentales aún sin magistrados, Bolivia vive un panorama político incierto y plagado de movimientos y negociaciones cívico políticas que aún no logran conformar alianzas que generen confianza en la población.

Mientras el gobierno de Añez es apoyado por algunos sectores por la “mano firme” con la que se ha actuado desde su posesión, es acusado por otros de exceder sus atribuciones.

El distanciamiento de gobiernos como los de Cuba y Venezuela, la expulsión de médicos cubanos de Bolivia, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras romper relaciones con Nicolás Maduro, las acciones judiciales contra autoridades del anterior gobierno sobre los que pesan acusaciones de delitos o el cambio de representantes consulares y de autoridades de algunas reparticiones del Estado son aplaudidas por la población que salió a las calles a defender la democracia; por su lado, la aprobación del Decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares que participen de operativos de restauración del público durante los conflictos de la crisis política en Bolivia –calificada como “grave” por la CIDH y el nombramiento de un embajador en Estados Unidos por primera vez en once años, después de que el anterior fuera expulsado por Washington a raíz de un conflicto diplomático durante la presidencia de Evo Morales, son causa de acusaciones de abuso de su mandato transitorio.

Un nuevo escenario político electoral sin Evo Morales

Y aunque aún no se cuenta con la fecha de los próximos comicios, ya existen algunas figuras cívicas y políticas que han manifestado su interés a la presidencia y vice presidencia. Líderes cívicos como Camacho y Pumari afirman que es necesario consolidar una sola fuerza política para hacer frente al Movimiento al Socialismo que aún tiene fuerza en las zonas suburbanas y rurales del país. Por su parte, candidatos como Carlos Mesa, que ya compitieron el pasado 20 de octubre, aún analizan la forma de presentarse a la contienda política. De su lado, algunos sectores de la población no ven con buenos ojos que un líder cívico que consiguió su apoyo en un momento de aguda crisis, utilice ahora su popularidad para presentarse como candidato a la presidencia, supuestamente apoyado por el Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, provocando críticas de Comunidad Ciudadana que alertó sobre una posible falta de imparcialidad. Una buena señal por parte de la Presidenta el destituir inmediatamente a esta autoridad, dando muestran de que en un gobierno transitorio no se acepte ninguna influencia o conflictos de intereses.

Samuel Doria Medina de Unidad Nacional indicó que su partido aún no define cómo se presentará a los comicios y sostiene que en Bolivia existe un nuevo escenario político electoral en el que el MAS deja de ser importante.

En este nuevo contexto, Bolivia intenta definir candidaturas que representen a un electorado que demanda principalmente transparencia y respeto al voto, y mantenerse firme ante la arremetida de grupos denominados “irregulares” que parecen esconderse tras conformaciones activistas por los derechos humanos.

Cuando aún existe temor por lo que pudiera suceder si es que los afines al Movimiento al Socialismo deciden levantar el “cuarto intermedio” pactado para la pacificación o si los denominados “irregulares” decidan tomar acciones ligadas al terrorismo, la llegada de activistas de movimientos sociales que arribaron a Bolivia para analizar las “graves violaciones a los derechos humanos sucedidas tras el golpe de Estado” y que afirman que en Bolivia se produjo un “golpe de estado”, causan incertidumbre y generan acciones contundentes de parte del Ministerio de Gobierno y de la Policía, que ha anunciado la creación de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, Grupo Antiterrorista (GAT), con la misión de repeler y neutralizar actividades delictivas y subversivas que intenten quebrantar la convivencia pacífica.

En este nuevo escenario político, se empiezan a generar espacios de amplia participación de ONGs, organizaciones sociales, que antes estaban silenciadas o divididas. La reflexión interna en las organizaciones está llevando a momentos de debate y unidad. Está claro que estamos en un momento de indecisión e incertidumbres que exige un espacio de mayor participación que permitirá un trabajo más positivo y constructivo en el país.

Continua la estrategia internacional de desacreditar lo acontecido en el país, un supuesto golpe de estado y así desvirtuar un movimiento genuino del pueblo boliviano que respondió contundente a la violación flagrante de la Constitución Política del Estado y la institucionalidad de la democracia boliviana.

Salió el informe final de auditoría de la OEA detallando con mayor precisión y abundante información sobre las distintas vulneraciones realizadas a la integridad electoral, identificando claramente vicios de nulidad en los comicios electorales realizados el 20 de octubre. Ahora queda identificar responsabilidades administrativas y penales, que llegará hasta las más altas cúpulas del entorno del ex presidente Morales.

Empieza un proceso de reflexión en las organizaciones sociales, buscando rearticular nuevamente sus direcciones. Lo acontecido el día miércoles 4 de diciembre, en un amplio encuentro de dirigentes y autoridades originarias del CONAMAQ1, han decidido reunificarse entre las distintas tendencias que coexistían para fortalecer sus niveles de representación social. Similar proceso empieza en el CIDOB.