Delincuencia legal

16.Dic.19    Narcotráfico
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Delincuencia legal

No existe nada que justifique la entrega de bolivianos para que sean juzgados y sentenciados a morir en manos de los grupos que dominan las cárceles extranjeras -en este caso probablemente suceda en una prisión del Brasil- esa realidad enfrentarán quienes son abandonados a su suerte en calidad de “extraditados” a otro país para cumplir condena por delitos comunes, sabiendo además que se limpian con el papel y la declaración impresa que dice: “…el Estado requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad al extraditable“. Sabemos por experiencia propia que detrás de los muros la verdad y las leyes están dictadas por los reclusos.


Delincuencia legal

 

No existe nada que justifique la entrega de bolivianos para que sean juzgados y sentenciados a morir en manos de los grupos que dominan las cárceles extranjeras -en este caso probablemente suceda en una prisión del Brasil- esa realidad enfrentarán quienes son abandonados a su suerte en calidad de “extraditados” a otro país para cumplir condena por delitos comunes, sabiendo además que se limpian con el papel y la declaración impresa que dice: “…el Estado requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad al extraditable“. Sabemos por experiencia propia que detrás de los muros la verdad y las leyes están dictadas por los reclusos.

 

Hace pocos días el “Gobierno de Transición” se lavó las manos y entregó a las autoridades Brasileras al Ciudadano Pedro Montenegro acusado de tráfico de cocaína, con el único argumento de que habrían solicitado en reiteradas oportunidades su extradición y fue favorecido por el gobierno de Evo Morales para que no suceda; asimismo fracasaron en pleno operativo que pretendía también desterrar al Sr. José Einar Lima Lobo (otro “extraditable”) con apoyo de la Interpol y las probabilidades adversas dan como resultado que terminará por ser una realidad lamentablemente, esperemos equivocarnos. No existe ninguna duda de el anterior gobierno daba protección, pero la pregunta es ¿por qué deshacerse de personas claves para aclarar los narco-vínculos del MAS? Además, si estos personajes lograron corromper e infiltrarse en las altas esferas del Gobierno, la Policía, la Justicia, el Parlamento y otras instituciones ¿Cómo es posible que no sean requeridos por las autoridades bolivianas para aclarar estos lazos? Entonces, por qué dar curso a la petición si corresponde que sean juzgados y sentenciados por delitos cometidos primero en Bolivia antes que en el Brasil; personalmente considero que, cuando se da curso a una solicitud de extradición y se entrega a cualquiera de los nuestros, demuestran incapacidad para resolver un problema y no solo están mandando el mensaje de que pueden hacerlo si les da la gana, también están renunciando a la dignidad y la soberanía de decidir lo que nos conviene, diferente resulta cuando somos nosotros como País -y así tenemos que hacerlo- exigimos la repatriación (extradición) de quienes se han escapado a otros países y tendrán que venir en algún momento para rendir cuentas por todos los abusos y crímenes cometidos anteriormente y hablamos de Goni, Evo y todos sus cómplices “autoexiliados” que continúan gozando de las comodidades  y los placeres que les brindan sus encubridores en función de gobierno, como lo fue  en México y hoy en La Argentina.

 

Delito también es mentir, y el régimen corrupto de los masistas siempre lo hizo, estafo al Pueblo, cometió fraude en dos oportunidades y se mofo de la gente. La primera el 21 de febrero del 2016 que fue su mayor error político cometido que dio como resultado el inicio de su caíd y la segunda al manipular el Voto Ciudadano mediante el Órgano Electoral masista que hizo fraude.

 

Dejando de lado el moralismo hipócrita, únicamente deberíamos condenar a quienes enarbolando el bienestar del Pueblo Trabajador y Originario asuman su representación enriqueciéndose a costa del hambre de las mayorías. Estos delincuentes (los políticos) que tienen el respaldo de la Justicia y sus leyes, de la mayoría parlamentaria y de todas las instituciones también corruptas en que se apoyan deben ser investigados, aquellos que en estos casi 14 años ocuparon cargos, sin excepción deben correr la misma suerte, recordemos que ellos influyeron para que numerosos grupos de militantes en función de gobierno malversaran y robaran sumas millonarias tal como el Fondo Indígena, BOA, Banco Central de Bolivia, trafico de influencias, camiones con contrabando a nombre de ministros, etc. y dirigentes sindicales masistas implicados en el tráfico de cocaína que fueron detenidos con droga y liberados en muchas oportunidades, por supuesto que corresponde sancionarlos justamente ahora. Salvo lo anteriormente anotado, el “Delito en sí” viene a ser sedicioso, irreverente y contestatario porque va en contra de la norma, de la ley, asumiendo muchas veces un carácter violento contra un sistema mucho más violento que oprime y mata permanentemente -durante todo el tiempo que permaneció el régimen masista se contabilizaron alrededor de 125 muertes- el mismo Estado es quien crea  ésta contradicción siendo el único responsable al no dar oportunidades a todos por igual, creando la marginalidad por ser  excluyente y quien hace todo posible para que este tipo de salidas individuales o colectivas se materialicen. Esta realidad deja abierta la iniciativa para que muchas personas elijan el camino del delito –personalmente respeto a quienes optaron por esta vía, aún así nunca fue una alternativa para mí- total, saben muy bien a qué se atienen cuando “cruzan la raya” y deciden ser bandidos, cada cual es responsables por sus actos.

 

En nuestro País existe desde hace muchas décadas la “Delincuencia Legal”, solo que el MAS ya la ha institucionalizado, y en este momento histórico tan importante, nuevamente debemos hacer referencia a la forma incorrecta cómo el anterior gobierno procedió  incentivando no solo la producción de la Hoja de Coca, sino también de la Cocaína favoreciendo a un grupo corporativo como son los productores de Coca del Trópico Cochabambino; dicho sea de paso al que pertenece Evo Morales y para quienes gobernó sin importarle un pepino que la Ley prohíba la siembra en las Áreas Protegidas, en este caso hablamos del Chapare Tropical en donde del 100% de la producción total de los cultivos de Coca la mitad se encuentran en el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la casi otra mitad en el Parque Nacional Carrasco. Ambos lugares de la producción No tradicional de dan por lo tanto en estas Áreas de manera ilegal, incluso se recordará que una de las intenciones del Gobierno para la apertura de una carretera atravesando el corazón del TIPNIS era precisamente ampliar su espacio cultivable en zonas indígenas.

 

No importa cuantas veces debamos repetir lo mismo así lo haremos, en Bolivia la industrialización nunca fue verdad y no tenían como objetivo hacerlo, jamás existió proyecto alguno para lograrlo, solo era parte del discurso y nada más, en realidad estaban conformes con lo único que se produce y es rentable, la “Coca y Cocaína” que con sus dólares introduce el oxigeno a la economía del país, (no tiene ninguna importancia el hecho de que se hubieran aliado a la agroindustria cruceña)al mismo tiempo tenían a su disposición los recursos naturales No renovables y los convenios con otros países para la venta del Gas y el Petróleo a las Transnacionales tomando también en cuenta los precios favorables en el mercado internacional que les permitió gobernar holgadamente sin preocuparse por la crisis y el endeudamiento externo.

 

Nuevamente debemos enarbolar las mismas propuestas que hicimos hace tiempo como borrador para la discusión y el trabajo colectivo, además de manifestarnos contra el retorno de la DEA que no es ninguna solución a los problemas, si no la justificación de más violencia, porque eso significa la presencia norteamericana en nuestros países de América Latina, en Bolivia nuestros problemas debemos resolverlos entre bolivianos, cueste lo que cueste, con soberanía y dignidad:

 

1.- El respeto incondicional de las Áreas Protegidas por Ley erradicando definitivamente las plantaciones de Coca que se encuentran dentro del territorio del TIPNIS, del Parque Nacional Carrasco, El Madidi, El Cerro Amboró, Apolobamba y otros.

 

2.- Dejar de favorecer únicamente a los productores del Chapare Tropical y permitir la siembra planificada de la Hoja de Coca allí donde sea posible hacerlo.

 

3.- Reconocimiento histórico mediante Ley, a los Yungas Paceños como único productor tradicional de la Hoja de Coca para el Akulliku milenario y también, previo estudio, si aún continúan con la siembra tradicional los Yungas de Vandiola en Cochabamba.

 

4.- Proponer la compra del excedente de la Hoja de Coca a la Unión Europea y Los Estados Unidos de Norteamérica principales consumidores de Cocaína.

 

5.- Finalmente, legalizar la producción irrestricta de la Hoja de Coca como única alternativa real para terminar con el monopolio multimillonario que manejan los organismos internacionales encargados de la supuesta “Guerra contra las Drogas”.

 

Es posible terminar con los “delincuentes legales” que siempre resultan ser los políticos tradicionales de Izquierda y Derecha encaramados en los gobiernos de turno que, desde el Parlamento, con la Justicia y otras instituciones también corruptas y en decadencia, se enriquecen desarrollando actividades ilícitas con la complicidad de todos nosotros que sabiendo cómo lo hacen aun callamos.