Situación en Bolivia Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación en Bolivia (2019/2896(RSP))

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Parlamento Europeo
2019-2024

TEXTOS APROBADOS
Edición provisional
P9_TA-PROV(2019)0077

Situación en Bolivia
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación en
Bolivia (2019/2896(RSP))

El Parlamento Europeo,


Parlamento Europeo
2019-2024

TEXTOS APROBADOS
Edición provisional
P9_TA-PROV(2019)0077

Situación en Bolivia
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación en Bolivia (2019/2896(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el proceso
electoral en Bolivia, de 22 de octubre de 2019, y sobre la situación en Bolivia, de 15 de
noviembre de 2019,

– Vista la declaración de la misión de observación electoral de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en Bolivia de 21 de octubre de 2019,

– Vista la declaración del Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, de 10 de
noviembre de 2019,

– Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, de 16 de noviembre de 2019,

– Visto el referéndum constitucional celebrado en Bolivia el 21 de febrero de 2016,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

– Vistas los últimos comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre Bolivia, en particular los de 23 de octubre, 12 de noviembre y 19 de
noviembre de 2019,

– Vista la Constitución boliviana,

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el 20 de octubre de 2019 se celebraron elecciones presidenciales y
legislativas en Bolivia en un clima de gran polarización a causa de la polémica figura
del presidente Evo Morales y de la controvertida aceptación de su candidatura;

B. Considerando que, tras perder en 2016 el referéndum para modificar la Constitución
boliviana, Evo Morales presentó su candidatura para un cuarto mandato con la
aprobación del Tribunal Constitucional, decisión que puso de manifiesto la evidente
falta de independencia del poder judicial en Bolivia;

C. Considerando que, tras el escrutinio de más del 80 % de los votos mediante el sistema
rápido y seguro de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el
Tribunal Supremo Electoral dejó de difundir los resultados preliminares; que, en ese
momento, las cifras apuntaban claramente a la necesidad de celebrar una segunda
vuelta; que, como declaró la OEA, veinticuatro horas después el Tribunal Supremo
Electoral «presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica
drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso
electoral»; que el Tribunal Constitucional descartó la celebración de una segunda vuelta
al estimar que se había alcanzado la necesaria diferencia de diez puntos porcentuales
entre los dos candidatos principales;

D. Considerando que la actuación del Tribunal Supremo Electoral no solo generó
disconformidad y sospechas de fraude entre los partidarios de los candidatos de la
oposición, sino también entre los observadores nacionales e internacionales y la
mayoría de la comunidad internacional;

E. Considerando que el presidente Morales se proclamó públicamente ganador de las
elecciones, incluso antes de que se hubieran transmitido y anunciado públicamente
todos los resultados oficiales;

F. Considerando que las declaraciones de la OAE, la Unión y la comunidad internacional
dejaban constancia de una grave preocupación por la interrupción injustificada del
recuento de votos, que apuntaba a la posible parcialidad de los observadores de la
comisión electoral; que la recomendación de los interlocutores nacionales e
internacionales era organizar la segunda vuelta de las elecciones como salida a la crisis
política;

G. Considerando que la inopinada interrupción del recuento de votos y la proclamación de
la victoria del presidente Morales provocaron protestas masivas y la movilización de los
partidarios de la oposición y también de los partidarios del propio presidente Morales;
que esas manifestaciones han despertado gran preocupación en la comunidad
internacional y se han saldado, hasta el momento, con 32 muertos, centenares de heridos
y más de seiscientas detenciones; que el país sufría una penuria de alimentos y
combustible de graves consecuencias para la población civil debido a los bloqueos de
calles por parte de los partidarios de Morales; que existe preocupación por la violencia,
las acusaciones de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de
seguridad, y la fractura social;

H. Considerando que el órgano encargado de la organización de las elecciones carecía de
toda credibilidad, y que uno de sus miembros dimitió durante el escrutinio; que la
oposición no reconoció el resultado de las elecciones celebradas en tales condiciones, y
denunció un fraude electoral;

I. Considerando que la Unión no desplegó una misión de observación completa, sino que
estaba representada únicamente por un reducido equipo técnico compuesto por tres
funcionarios de rango inferior;

J. Considerando que, con el fin de restablecer la confianza, tanto el Gobierno como las
autoridades electorales aceptaron una auditoría técnica vinculante de un equipo
profesional de la OEA; que dicha auditoría contó con el respaldo del secretario general
de las Naciones Unidas;

K. Considerando que el 10 de noviembre de 2019, la auditoría de la OEA puso de
manifiesto importantes irregularidades y manipulaciones durante las elecciones, pidió la
anulación de los resultados y recomendó un nuevo proceso electoral en el que
intervinieran nuevas autoridades electorales a fin de garantizar la credibilidad de las
elecciones;

L. Considerando que, tras la presentación del informe de auditoría de la OEA el 10 de
noviembre de 2019, en el que se pedía la anulación y repetición del proceso electoral,
dimitieron muchos altos cargos del Estado, incluidos el presidente, el vicepresidente, la
presidenta del Senado y representantes de la autoridad electoral; que Evo Morales y
otros miembros de su Gobierno decidieron salir del país y abandonar sus funciones; que
altos mandos del ejército sugirieron que el expresidente Evo Morales debía dimitir; que
tanto el ejército como la policía deben abstenerse de influir en los procesos políticos y
se han de someter al control civil;

M. Considerando que Jeanine Áñez ha firmado un controvertido decreto que exime de
responsabilidad penal a las fuerzas armadas por los actos cometidos al intentar
restablecer el orden público;

N. Considerando que una serie de dimisiones permitió que la vicepresidenta segunda del
Senado, Jeanine Áñez, asumiera la presidencia interina al objeto de organizar
rápidamente unas nuevas elecciones presidenciales, ya que esta es la única vía
democrática y constitucional para resolver la actual crisis;

O. Considerando que las cámaras alta y baja de la Asamblea Nacional aprobaron el 23 de
noviembre de 2019 una ley que allana el camino a la celebración de nuevas elecciones
presidenciales, ley que posteriormente fue firmada por la presidenta interina Áñez; que
la ley aprobada prohíbe presentarse a la reelección a quienes hayan cumplido dos
mandatos consecutivos como presidente, lo que excluye la candidatura de Evo Morales;

1. Acoge con satisfacción la aprobación por ambas cámaras de la ley que prepara las
próximas elecciones presidenciales, pero considera que la vuelta a la estabilidad en
Bolivia requiere la celebración de nuevas elecciones en el plazo más breve posible, por
lo que respalda el objetivo de nombrar un nuevo Tribunal Electoral independiente para
garantizar la transparencia de las elecciones; pide a las autoridades interinas que asuman
la responsabilidad de garantizar la credibilidad del proceso organizando unas elecciones
inclusivas que se desarrollen correctamente y en las que todos los actores políticos
tengan la oportunidad de competir de conformidad con la legislación y el orden
constitucional de Bolivia;

2. Denuncia la falta de transparencia y credibilidad de las autoridades bolivianas y sus
tentativas de fraude, que han menoscabado el derecho de los bolivianos a elegir libre y
democráticamente a su presidente; considera que la tentativa de fraude electoral
constituye un delito grave; recuerda que, con arreglo a la legislación boliviana, las
elecciones deben declararse nulas y que las personas y organizaciones implicadas en
tales procesos ilegales deben quedar excluidas automáticamente de los órganos
electorales;

3. Rechaza enérgicamente la violencia y la destrucción que siguieron a las elecciones del
20 de octubre de 2019, transmite sus condolencias a todos los familiares de las víctimas
y pide que los responsables sean llevados ante la justicia;

4. Manifiesta su pleno apoyo y reconocimiento a la labor de los observadores electorales
de la OEA, llevada a cabo en condiciones extremadamente difíciles en Bolivia;

5. Acoge con satisfacción la decisión de retirar a los militares de las zonas de protesta y
derogar una ley que les confería amplia discrecionalidad en el uso de la fuerza; pide a
las fuerzas de seguridad que actúen con proporcionalidad y moderación en el
mantenimiento de la seguridad y el orden público; pide que se investiguen los actos de
violencia con rapidez, imparcialidad, transparencia y exhaustividad y que los
responsables sean llevados ante los tribunales;

6. Pide a las nuevas autoridades interinas que adopten las medidas necesarias para revertir
la situación y restaurar la confianza y que tengan por principal objetivo la organización
del proceso electoral; pide que se entable un diálogo con el objetivo de organizar
inmediatamente unas nuevas elecciones democráticas, inclusivas, transparentes y justas,
con un órgano electoral de nueva composición, como salida a la crisis actual, evitando
al mismo tiempo las represalias políticas; pide al Gobierno en funciones que no tome
ninguna medida disruptiva que pudiera agravar la situación;

7. Acoge con satisfacción la labor mediadora de la Unión y de la Iglesia Católica para
propiciar un acuerdo entre las partes sobre la celebración de elecciones libres, inclusivas
y transparentes dentro del plazo establecido y de conformidad con la Constitución
boliviana;

8. Reitera que el respeto de la independencia del poder judicial, del pluralismo político y
de la libertad de reunión y expresión de todos los bolivianos, incluidas las naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos, son derechos fundamentales y pilares
esenciales de la democracia y el Estado de Derecho;

9. Exige que el nuevo proceso electoral cuente con la presencia de observadores
internacionales creíbles y transparentes, que puedan actuar libremente y compartir sus
observaciones independientes;

10. Manifiesta su disposición a ayudar en ese proceso electoral y pide a la VP/AR que
despliegue una misión de observación electoral completa de la Unión;

11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión,
al Gobierno de Bolivia, al Parlamento Andino y a la Asamblea EuroLat.