Reporte Bolivia 6

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REPORTE BOLIVIA 06/2019

La Cámara de Diputados sanciona la ley de convocatoria a nuevas
elecciones después de arduas negociaciones


REPORTE BOLIVIA 06/2019
(Ante la desinformación sobre lo que acontece en nuestro país queremos poner estos reportes como referencia
para su análisis y reflexión, la realidad la podemos mirar de distintas maneras, pero buscar acercarse a la verdad
debe ser una responsabilidad de todos y todas).

La Cámara de Diputados sanciona la ley de convocatoria a nuevas
elecciones después de arduas negociaciones

En un ambiente de menor tensión y después de varios días de negociación, las representaciones
políticas parlamentarias incluida la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) acordaron aprobar dos
leyes para designar en un plazo de 15 días a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para
viabilizar las nuevas elecciones. Un proceso electoral sin el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera,
la selección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un periodo de seis años, un
padrón electoral saneado y la posibilidad de que los partidos presenten nuevas alianzas y candidatos,
son los puntos principales del proyecto de ley que trabajó la Cámara de Senadores y que luego remitió
a la Cámara de Diputados para su tratamiento y aprobación.

El sábado en la noche, después de 7 horas de negociación, la Ley de “Régimen Excepcional y
Transitorio para la realización de Elecciones Generales” fue aprobada y sancionada hoy por la Cámara
de Diputados que la envió a la Presidente para su promulgación. La norma señala como plazo máximo
para la realización de elecciones 120 días desde que asuma el nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Como uno de los puntos clave, la Ley considera los límites a la reelección en su Art. 19 II indicando que
las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos
periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo.
Cierra así la posibilidad de que Evo Morales y García Linera puedan ser candidatos en las próximas
elecciones.

Sin embargo y con la presencia mediadora de la Iglesia Católica, la Unión Europea y el representante
de Naciones Unidas, aún continúan las conversaciones entre el Gobierno y el MAS, que piden garantías
para la no persecución de sus dirigentes y legisladores. Como resultado se decidió crear una “comisión
especial” para analizar caso por caso, en un proceso que contará con los mediadores que han 
acompañado hasta ahora las negociaciones. El artículo 112 de la Constitución Política del Estado indica:
“Los delitos cometidos por servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen
grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”. Este articulo blinda
cualquier tipo de acuerdo político que esté fuera de esta norma, por ello la investigación de caso por
caso, inclusive en la otorgación de salvoconductos de autoridades que se encuentran asilados en
embajadas, especialmente la de México.

La batalla por recuperar la democracia continúa y mientras el MAS busca la inmunidad para Evo Morales
y las ex autoridades a través de un sorpresivo proyecto de ley en el Senado, la Presidente Janine Añez
afirmó que Bolivia no promulgará una ley que otorgue amnistía para Evo Morales y ex autoridades que
han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos.

Acuerdos para cesar movilizaciones

Con el levantamiento de bloqueos y el cese de movilizaciones en varias regiones se abren las
posibilidades de pacificar el país luego de más de un mes de movilizaciones y paros unos de carácter
pacífico y los últimos con creciente violencia que ha provocado muertos y heridos que deben ser
investigados por la presencia de grupos irregulares en los movimientos sociales afines al MAS, así como
el accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La identificación de los responsables (con pagos a movilizados, tenencia de explosivos y armamento)
que utilizaban las protestas sociales –que pedían el retorno de Evo Morales y la renuncia de la
Presidente Añez- permitió desarticular algunos grupos de choque.

El Gobierno se reunió con dirigentes de las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera
Boliviana para firmar un acuerdo que permita instalar un diálogo para pacificar el país. En esta reunión
también estuvieron dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu, Interculturales y distritos de El Alto, entre otros.

Bolivia en defensa de la democracia

Después de un mes de protestas ciudadanas que en algunos casos se convirtieron en violentas, ante
las declaraciones de Evo Morales indicando que en Bolivia se produjo un golpe de estado y ante la 
conformación de un gobierno transitorio logrado por sucesión constitucional, la comunidad internacional
ha ido reconociendo a la ex senadora Janine Añez como Presidente Transitoria de Bolivia, ahora que
se estableció la nueva ley de convocatoria a nuevas elecciones, se prevé el reconocimiento de más
países de la comunidad internacional que acompañe y fortalezca un proceso electoral transparente que
contribuya a la pacificación del país y a una institucionalidad democrática que permita un Estado de
Derecho pleno.

Este proceso vivido en Bolivia, desecha definitivamente la información de que en nuestro país se dio un
golpe de Estado cívico, policial y militar. Mas bien se pusieron en evidencia hechos como el Referendum
del 21 de febrero del 2016 donde no fue respetada la voluntad popular para la no reelección de Evo
Morales y el escandaloso fraude electoral realizado en los comicios del 20 de octubre pasado que motivó
la indignación del pueblo boliviano que finalmente provocó la renuncia y asilo político de Evo Morales,
Alvaro García Linera y sus principales colaboradores.

 

Otro aspecto a resaltar en este tiempo es que la aprobación de la nueva ley de convocatoria a
elecciones, ha sido fruto de un consenso entre parlamentarios (senadores y diputados), con la presencia
y participación de los 2/3 que tiene el MAS, respetando los procedimientos constitucionales, cumpliendo
de esta manera el rol que le toca al Gobierno de la Presidente Añez, de ser un gobierno transitorio, que
permita elegir las autoridades electorales y convocar a las nuevas elecciones en el menor tiempo
posible.

Por la convulsionada situación política y social del país, instituciones académicas, fundaciones de
derechos humanos y ONGs solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH- que
visite Bolivia para realizar una acción de observancia del cumplimiento de los mismos. Se espera un
informe imparcial que contribuya a respaldar esta voluntad del país de retornar al Estado de Derecho.

Existe una corriente de opinión que este organismo importante de Derechos Humanos, asuma
autocríticamente su corresponsabilidad en esta crisis, ante la ausencia de una respuesta oportuna a la
interpretación del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (El art. 23 de la CADH dispone que: “Todos los ciudadanos gozan del derecho de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país”), que fue la base para que el Tribunal Constitucional emitiera la Sentencia 0084/2017, la cual interpreta que la
reelección indefinida se apoya en la “aplicación preferente” de este artículo del Pacto de San José, por
encima de los artículos 156, 168, 285.II y 286 de la Constitución Boliviana (El art. 168 de la CPE establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.).

Hoy Bolivia ha encontrado las vías democráticas y constitucionales necesarias para solucionar estas
arbitrariedades ante la ausencia de acciones oportunas de parte de la CIDH. Se está elaborando a
través de expertos constitucionalistas la anulación de esta sentencia constitucional por vulnerar
principios constitucionales y que además implicará procesos jurídicos contra estos magistrados por el
daño a la institucionalidad constitucional y democrática. Sin embargo, este hecho queda como
precedente importante para que estos casos no se repitan o corrijan en otros países de la región, donde
se ha permitido este tipo de vulneraciones constitucionales ante la omisión de la CIDH.

Por lo tanto, Bolivia demanda ante la comunidad internacional que los derechos humanos tengan un
especial cuidado en su análisis durante el último conflicto en Bolivia, donde existieron grupos irregulares
de choque, fenómeno antes no visto en la conflictividad boliviana que causaron terror en la ciudadanía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá diferenciar entre los grupos irregulares que
protagonizaron actos de terrorismo o de los derechos de la ciudadanía, que con protestas pacíficas
lograron desterrar la dictadura de Evo Morales.

Nuestro país ingresará a un momento político electoral que contribuirá a reducir la conflictividad político
y social en el país, pero no es suficiente ante la gravedad de la ruptura del tejido social boliviano que
demandará procesos de mayor aliento en reconciliación y dialogo entre sectores confrontados, ante
expresiones de intolerancia y discriminación. Necesitamos un país unido, un gobierno legítimo y legal
ante los enormes desafíos que tenemos a futuro.

Bolivia, 24 noviembre 2019