Carta CIDH

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Bolivia, 23 de noviembre de 2019
D.E. 147/19
Señor
Paulo Abrau, Secretario Ejecutivo
Comisionados
Esmeralda Arosemena de Troitiño
Joel Hernández García
Antonia Urrejola Noguera
Margarette May Macaulay
Francisco José Eguiguren Praeli
Luis Ernesto Vargas Silva
Flávia Piovesan
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Estimados/as Señores/as:
Como organizaciones de Derechos Humanos, con larga trayectoria en el país y relacionamiento
con la CIDH, en el marco de nuestro mandato institucional, nos dirigimos a ustedes para
expresarles nuestra inquietud respecto a la posición de la Comisión sobre la crisis social y
política que vive Bolivia, a fin de contextualizar mejor el escenario de conflictividad y el rol que
jugamos los distintos actores en la actualidad.


Bolivia, 23 de noviembre de 2019
D.E. 147/19
Señor
Paulo Abrau, Secretario Ejecutivo
Comisionados
Esmeralda Arosemena de Troitiño
Joel Hernández García
Antonia Urrejola Noguera
Margarette May Macaulay
Francisco José Eguiguren Praeli
Luis Ernesto Vargas Silva
Flávia Piovesan
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Estimados/as Señores/as:

Como organizaciones de Derechos Humanos, con larga trayectoria en el país y relacionamiento
con la CIDH, en el marco de nuestro mandato institucional, nos dirigimos a ustedes para
expresarles nuestra inquietud respecto a la posición de la Comisión sobre la crisis social y
política que vive Bolivia, a fin de contextualizar mejor el escenario de conflictividad y el rol que
jugamos los distintos actores en la actualidad.

La situación de los Derechos Humanos en Bolivia está gravemente afectada ante los
acontecimientos político-institucionales registrados en el país. La crisis política estaba en
proceso, pero el descomunal fraude electoral del 20 de octubre fue el detonante para haber
llegado al grado de convulsión actual. Veamos los orígenes:

Sin remontarnos muy lejos y sin perder de vista la objetividad de esta nota, nos remitimos al
Referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando a través de ese instrumento de consulta
reconocido en la Constitución, el pueblo boliviano determinó no autorizar a Evo Morales y
Álvaro García Linera para postularse a una nueva reelección. La votación por el No obtuvo
51,3%; pero la decisión de la mayoría no se respetó.

Después de aquella consulta popular desfavorable para el Gobierno, el MAS desarrolló
diversas acciones para lograr que seis magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional
emitieran la Sentencia 0084/2017, la cual interpreta que la reelección indefinida se apoya en la
“aplicación preferente” del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH). El art. 23 de la CADH dispone que: “Todos los ciudadanos gozan del derecho de participar en la dirección de asuntos públicos,
directamente o por representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y, de tener acceso en
condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país”.
por encima de los artículos 156, 168, 285.II y 286 de la Constitución boliviana (El art. 168 de la CPE establece:

“El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del
Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.)
.

Otra irregularidad se cometió con la Resolución Administrativa 0645/2018 del Tribunal Supremo
Electoral que desconoce el carácter vinculante de la voluntad expresada por el pueblo boliviano
a través del Referéndum del 21 de febrero del 2016. Estas acciones ilegales e ilegítimas
prueban que el Órgano Ejecutivo sometió a sus intereses a otros órganos del Estado.
El fraude cometido en la última elección fue parte de una estrategia gubernamental para
mantenerse en el poder. El informe preliminar de la auditoría de la OEA menciona que “en los
cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y
proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta
indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la
elección del 20 de octubre pasado” (Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el

Estado Plurinacional de Bolivia. 20 de octubre de 2019. HALLAZGOS
PRELIMINARES, INFORME A LA SECRETARÍA GENERAL, pág. 12.
.
Estos antecedentes explican la convulsión social y la crisis política en Bolivia, acentuada por el
fraude electoral que volvió a vulnerar la voluntad popular.

En el caso específico en torno a la Sentencia Constitucional 0084/2017, se solicitó a la CIDH,
desde tiempo atrás, que agilice la interpretación del art. 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que reconoce el derecho político de votar y ser elegido, este pedido no tuvo
respuesta hasta el momento y advertimos, con verdadera preocupación, cómo el organismo
más importante para velar los Derechos Humanos en la región, por omisión o incumplimiento
de deberes, ha contribuido a profundizar esta crisis institucional y política en nuestro país.
Hoy, a partir del respeto a la Constitución, la normatividad y la institucionalidad, nos
encontramos promoviendo iniciativas que vuelvan a conducir al cumplimiento de las leyes. En
este caso, los bolivianos y bolivianas lograremos soluciones democráticas; pero el citado fallo
constitucional que interpreta un instrumento internacional sobre derechos humanos, sin un
esclarecimiento y aún en silencio por parte de la CIDH, deja un mal precedente para las
democracias del continente americano.

Es importante que ustedes sepan que desde el 21 de Octubre pasado, se han registrado
múltiples muestras de indignación ciudadana, no solo por las irregularidades en las elecciones
nacionales, reflejadas en el informe de la Auditoria de la Organización de Estados Americanos
OEA, sino por el intento del gobierno de Evo Morales de minimizar la dimensión y reacción
ciudadana en los distintos departamentos, el incremento de la violencia y la escasa voluntad
política del MAS para dar solución a la crisis actual. Las denuncias públicas de fraude
electoral, deberían haber sido investigadas de oficio por parte del Tribunal Supremo Electoral y
del Ministerio Público. Ambas instituciones se excusaron, omitiendo los deberes instaurados
por la normativa boliviana.

La movilización de gran parte de la ciudadanía aspiró a un cambio político urgente y profundo
que, más allá de viabilizar las nuevas elecciones nacionales, significa el control y la
participación social para la recuperación de una democracia sustantiva. Las expresiones de
violencia y vandalismo, desvirtuaron el sentido de la movilización social y muestran que 14
años de gobierno no lograron transformar las relaciones sociales en una sociedad que sigue
reflejando actitudes racistas en todos sus estratos y territorios urbanos y rurales; tampoco
dieron frutos para garantizar la convivencia armónica, la independencia de poderes, la

institucionalidad democrática, la transparencia y el respeto y protección de los derechos
humanos, principalmente los derechos civiles y políticos. Las reacciones violentas luego de la
renuncia de Evo Morales han evidenciado prácticas nocivas de clientelismo e
instrumentalización de ciertas organizaciones sociales, las mismas que deben ser erradicadas
para devolverle al pueblo en su conjunto el derecho de participar libremente y la necesidad de
emprender un proceso de reconciliación nacional. El pueblo boliviano que incluye a pueblos
indígenas, mujeres, jóvenes, campesinos, ciudadanía organizada y otros actores sociales debe
ser visto como una integralidad que habita en áreas rurales y urbanas, sin caer en una falsa
dicotomía campo-ciudad; ese pueblo boliviano en su conjunto exige que las instituciones
democráticas de este país cumplan con su papel de restablecer el orden y la paz, construir un
diálogo sincero y honesto para encontrar una solución pacífica y democrática que culminará en
nuevas elecciones libres, un tribunal electoral probo y transparente, más allá de las diferencias
y las afinidades político-partidarias que serán expresadas en las urnas, bajo reglas claras de la
democracia.

Sobre las declaraciones del expresidente Morales y sus seguidores, es imperante recalcar que
para que un golpe de Estado se configure como tal, debe realizarse al margen de las leyes que
regulan un Estado, y debe ser orquestado por un sujeto o un grupo de poder con la finalidad de
tomar el poder. La movilización de la ciudadanía exigiendo la renuncia del presidente se
enmarcó en la legalidad, ejerciendo su derecho a la protesta de manera pacífica, registrándose
episodios de violencia solamente cuando los grupos afines al M.A.S. se organizaron para ello.
Tras la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado, se activó la sucesión constitucional
basada en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que en la
línea de sucesión presidencial están los presidentes de las Cámaras de Senadores y de
Diputados, en caso de que renuncien, pueden asumir los vicepresidentes de las directivas.
Jeanine Añez asume el cargo, a la luz del artículo 41 del Reglamento General de la Cámara de
Senadores. Vale decir que, considerando que el presidente no fue obligado a renunciar, el
cambio de mandatario se enmarcó en la legalidad, dada la sucesión del mandato de manera
constitucional.
El ejercicio del derecho de reunión pacífica amparado por el art. 21.4 de la Constitución posee
una finalidad determinada relacionada con la puesta en común de ideas, la defensa de
determinados intereses, o la manifestación pública de problemas o pretensiones. En ese orden,
el derecho de reunión no solamente comprende la posibilidad de que un grupo de personas se
congreguen, sino que los concurrentes no sean acosados, detenidos o maltratados en razón de
su asistencia, ya sea por la fuerza pública o por particulares opuestos a los intereses de la
reunión. Este derecho fue vulnerado por el gobierno del ex Presidente Morales cuando se
dispersaron movilizaciones ciudadanas al momento de llevarse a cabo, a través del uso de la
fuerza por parte de agentes del orden, y de grupos de choque que disponían de dinamitas con
aquiescencia de las autoridades de ese momento, infringiendo las disposiciones de la Ley 400
y el DS 2888.

Ya en años anteriores, la intención del MAS de habilitar por tercera vez consecutiva al
presidente Evo Morales para las elecciones presidenciales de 2019, trajo consigo una serie de
movilizaciones y protestas de parte de varias organizaciones sociales y políticas que
rechazaron la intención de desconocer el referéndum del 21 de febrero de 2016 cuando la
población dijo “No” en un 51.34 por ciento. Sin embargo, para el MAS, estas movilizaciones 
fueron calificadas como antidemocráticas y hasta subversivas porque no se estaría respetando
el “derecho humano” que tiene Evo Morales a repostularse una vez más a la Presidencia de
Bolivia.

El Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión,
protegiendo incluso la celebración de la reunión frente a terceros y exige la Constitución que
esta libertad se ejerza con fines lícitos. Sin embargo, luego de la renuncia voluntaria de
Morales, se puso en jaque a uno de los derechos básicos de participación política con el
consiguiente perjuicio al Estado democrático, al haber sido organizados por el MAS grupos
vandálicos contra toda aquella movilización celebrada de forma pacífica y sin armas, con la
finalidad de poner en peligro a las personas y los bienes de ciudadanos, principalmente de La
Paz, El Alto y Cochabamba. La población solicitó la intervención de las fuerzas militares al
haber sido rebasada la Policía en las tres ciudades, cuestión que se viabilizó con el Decreto
4078 que señala en el artículo tres: “el personal de las fuerzas armadas que participe en los
operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de
responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en
legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta
necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el artículo 11 y 12 del código penal, Ley
1760 y el Código de Procedimiento Penal”. Tengan ustedes la seguridad de que no hubiéramos
querido que esta medida se aplique, sin embargo la situación de convulsión pudo ser mayor en
caso de no dictarse al haber evolucionado el ejercicio de la libertad de reunión hacia fines
ilícitos, con nuevos actores sociales movilizados para cometer delitos bajo la consigna “ahora
sí, guerra civil” y digitados por dirigencias afines al partido de Evo Morales.

Queda claro que la Constitución establece, en el art. 21, que toda asociación (agrupaciones
ciudadanas, partidos políticos, sindicatos, entre otros) será lícita siempre que no persiga fines o
medios tipificados como ilegales, entendiéndose como tales la comisión de delitos, la
realización de actos de violencia política, o de terrorismo. Sin embargo, es preciso señalar que
existen evidencias de que la población boliviana necesita una interpretación más amplia de la
CIDH sobre los derechos y libertades fundamentales, al haber puesto los grupos de choque del
MAS en riesgo la forma democrática del Estado y el pluralismo político, al incitar a la violencia
armada, actos de terrorismo como el intento de tomar y hacer explotar la planta de
hidrocarburos de Senkata en El Alto (con un posible saldo de 300.000 víctimas), la explosión
del gasoducto entre La Paz y Cochabamba impidiendo la distribución de gas, o instruir el cerco
a las ciudades para impedir el ingreso de alimentos. Al tratarse de una manipulación colectiva,
surge la necesidad de determinar las responsabilidades de las dirigencias de dicho partido en
aras de que estos delitos no queden en la impunidad.

La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 21.4 el derecho a la libertad de
expresión bajo la fórmula de “derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u
opiniones”. Se trata, como se sabe, de un derecho básico en todo Estado democrático, pues a
través del mismo se permite la realización de la libertad ideológica y por tanto del pluralismo,
que está también recogido en la Convención de San José. Sin libertad de expresión se falsea la
legitimidad democrática, pues este derecho posibilita al ciudadano la formación libre de sus 
opiniones sobre asuntos públicos. En ese sentido, el derecho que garantiza la emisión y
difusión de opiniones, juicios de valor, pensamientos o ideas, facultando al ciudadano para
comunicarse en libertad sin que los poderes públicos o, incluso, los medios de comunicación
puedan obstaculizarlo o impedirlo, fundamentalmente mediante la censura previa, ha sido
violado sistemáticamente en los últimos años de gobierno de Evo Morales, y aún luego de
haber salido del país, él sigue emitiendo juicios de valor sobre los últimos acontecimientos y
faltando a la verdad en reiteradas oportunidades, generando una contra-información
internacional que no garantiza una opinión pública libre (de propios y ajenos) ni contribuye a la
realización de la pluralidad democrática ni a la pacificación del país. Luego de años de haber
ejercido el control de la mayoría de los medios de comunicación, es inaceptable que ahora se
acuse a los mismos de ser cómplices de un golpe de estado y que se siga incitando a la
violencia y confrontación entre hermanos bolivianos.

El derecho de cada ciudadano a su libertad de expresión, y la garantía de una opinión pública
democráticamente formada supone que las personas dedicadas a la política tienen un deber de
soportar la crítica; no obstante lo anterior, la libertad de información que sólo ampara la
comunicación de datos y hechos ciertos y que exige veracidad, está siendo contrarrestada por
un aparato informativo desde medios de comunicación, a nivel internacional, y por redes
sociales que difunden información no adecuada a la verdad, con errores e interpretaciones que
afectan al sentido de la información, reproduciendo mensaje de odio y racismo, apología del
terrorismo, violencia y crímenes de lesa humanidad.

En el marco descrito, solicitamos que la CIDH cumpla su mandato de manera independiente y
autónoma, evitando cualquier influencia externa en la ejecución de sus funciones, realizando
acciones de manera transparente bajo el deber de conciliar la seguridad jurídica del Estado
Boliviano, conforme a la exposición de motivos de la reforma de su reglamento en 2013. Toda
acción realizada por la Comisión debe enmarcarse en la búsqueda de la justicia social y el
ejercicio pleno de todos los derechos de los que la ciudadanía goza, incluyendo el derecho a
elegir a sus autoridades y a vivir exenta del temor y la miseria, como indica el Pacto de San
José.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos apelamos a ustedes en distintas
oportunidades, con el fin de denunciar los atropellos y violaciones de los derechos humanos de
la población boliviana, durante los últimos años. Hoy nuestro compromiso sigue siendo el
mismo, bajo criterios de defensa de principios innegociables que garanticen la transparencia, la
verdad de los hechos, la independencia de la sociedad civil, la democracia plena y el respeto a
los derechos humanos de toda la población boliviana.

Agradecemos su visita y su amplitud para comprender la complejidad de un país que tiene la
oportunidad de reconstruirse desde las bases de participación ciudadana que han resurgido en
todo el territorio boliviano, de vivir en democracia en un Estado de Derecho.
Con este motivo, saludamos a ustedes con las consideraciones más distinguidas