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Modificaciones a los reglamentos ambientales, o cómo limpiarse el culo con los derechos de la madre tierra

Colectivo de Ingeniero s Ambientales :: 29.04.19

Modificaciones a los reglamentos ambientales, o cómo limpiarse el culo con los derechos de la madre tierra

El pasado 3 de abril de 2019 se promulgó en la Gaceta Oficial de Bolivia el Decreto Supremo N° 3856 que modifica al Decreto Supremo N° 3549 que a su vez modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al Reglamento General de Gestión Ambiental y Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente.

Modificaciones a los reglamentos ambientales, o cómo limpiarse el culo con los derechos de la madre tierra

El pasado 3 de abril de 2019 se promulgó en la Gaceta Oficial de Bolivia el Decreto Supremo N° 3856 que modifica al Decreto Supremo N° 3549 que a su vez modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al Reglamento General de Gestión Ambiental y Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley N° 1333 del Medio Ambiente.

Muchos profesionales del medio ambiente y defensores de la naturaleza consideran estas modificaciones como un insulto a los esfuerzos del pueblo boliviano por proteger nuestro patrimonio natural y todas sus formas de Vida, debido a que se trata de una normativa hecha a la medida del gobierno: estricta con algunas actividades cuyo impacto ambiental es reducido, pero muy flexible con otras actividades que van a provocar -a todas luces- impactos ambientales graves y gravísimos.

En la legislación ambiental boliviana existen 4 categorías para evaluar el impacto ambiental de cualquier Actividad, Obra o Proyecto (AOP). La Categoría 1 es la más exigente, para proyectos grandes que generan un severo impacto sobre el medio ambiente, y exige la realización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) analítico integral, que consiste en un “análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental, físico, biológico, socioeconómico, cultural, jurídico-institucional, para cada uno de los respectivos componentes ambientales”. Luego viene la Categoría 2, que exige un EEIA analítico específico, que implica un “análisis detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental, físico, biológico, socioeconómico, cultural, jurídico-institucional, así como el análisis general del resto de los factores del sistema”. Después le sigue la Categoría 3, la cual establece el Programa de Prevención y Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) como instrumentos para “definir acciones precisas para evitar o mitigar efectos adversos”. Finalmente, la Categoría 4 no requiere ni EEIA, ni PPM-PASA; es decir, aquellas AOPs que no están dentro de las anteriores categorías y -supuestamente- generan un impacto ambiental mínimo.

Resumiendo: En Bolivia, las actividades obras o proyectos que pueden ocasionar un daño muy grave al medio ambiente se clasifican en la Categoría 1; las que afectan sensiblemente -pero en menor grado- se encuentran en las Categorías 2 y 3 respectivamente; y las que provocan impactos mínimos son de Categoría 4.

Ahora bien, el Decreto Supremo N° 3856 define las categorías que serán aplicadas a las AOPs de cada sector. Y aquí está el meollo del asunto, pues la clasificación denota claramente las intenciones de un gobierno que se declara “defensor de la Madre Tierra”, pero se contradice en sus propias Leyes. Según el citado Decreto Supremo, entre algunas de las actividades que entran en la categoría de menor impacto ambiental (Categoría 4) son:

▪Comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola (con Licencia Ambiental para Sustancias Peligrosas - LASP).

▪Levantamiento topográfico, cateo, mapeo geológico, prospección geoquímica para el sector minero (con LASP).

▪Habilitación de campamentos (de 20 personas) para proyectos hidrocarburíferos.

▪Intervenciones de pozos hidrocarburíferos (sin adecuación de vías de acceso ni equipo de perforación).

▪Construcción de ductos (de 1km máx.) para transporte de hidrocarburos.

▪Ampliación de instalaciones en estaciones o bases operativas del sector hidrocarburífero (donde no se identifique nuevas Tierras Comunitarias de Origen).

▪Actividades de exploración hidrocarburífera.

▪Centrales hidroeléctricas y termoeléctricas para población menor a 2.000 habitantes.

▪Instalación de transformadores y líneas de distribución de energía eléctrica, hasta 50km y 100KVA.

▪Irradiación a base de aceleradores de energía nuclear (de 700 Kilo Electro Volt o menos).

▪Instalación de antenas para telecomunicaciones.

▪Construcción de establecimientos de salud de primer nivel en zonas urbanas con servicios.

▪Construcción de sistema de alcantarillado sanitario para población entre 10.000 y 50.000 habitantes.

▪Disposición de aguas residuales domésticas en pozos o zanjas de infiltración.

▪Construcción de infraestructura de viviendas multifamiliares hasta cuatro (4) niveles en predios de 500 metros cuadrados.

▪ Todo tipo de infraestructura militar.

No hace falta ser un ingeniero ambiental ni un experto en conservación para darse cuenta que este tipo de AOPs no van a generar impactos ambientales “mínimos”, sino todo lo contrario.

Algunos ejemplos de AOPs clasificadas dentro la Categoría 3 (sólo requieren PPM-PASA), son:

▪Almacenamiento de plaguicidas químicos de uso agrícola.

▪Infraestructura para granjas comerciales de aves, cerdos y otros.

▪Perforación de pozos para explotación de petróleo.

▪Habilitación de campamentos para proyectos hidrocarburíferos.

▪Construcción de centros de medicina nuclear.

▪Construcción de laboratorio de aplicaciones de energía nuclear.

▪Construcción de establecimientos de salud (para todos os niveles y poblaciones).

▪Sistemas de agua potable con captación, aducción y/o impulsión + tanque de almacenamiento, redes de distribución y obras de arte.

▪Plantas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones entre 50.000 a 500.000 habitantes.

▪Cierre técnico de botaderos municipales.

▪Construcción de viviendas multifamiliares (edificios, urbanizaciones y condominios).

▪Construcción y ampliación de cementerios.

▪Construcción de museos o teatros.

▪Construcción de Unidades Educativas con capacidad mayor a 1.000 estudiantes.

▪Construcción de estadios, coliseo y centros deportivos con capacidad menor a 20.000 espectadores.

▪Construcción de villas deportivas y centros de alto rendimiento.

▪Construcción de infraestructura para almacenamiento de sustancias peligrosas (incluye plaguicidas bioquímicos).

En la Categoría 2 (AOPs que requieren EEIA analítico específico) se puede encontrar:

▪Exploración minera en Áreas Protegidas con apertura de sendas, instalación de campamentos y preparación de terrenos para construcción de plataformas de perforación, almacenes y depósitos.

▪Extracción de sal para usos industriales.

▪Extracción subterránea de minerales (en socavón, cuadros, galerías etc.)

▪Actividades de exploración de hidrocarburos.

▪Centrales hidroeléctricas sin regulación dentro de Áreas Protegidas.

▪Centrales de generación termoeléctrica alimentada con combustibles fósiles y/o ciclo combinado.

▪Instalaciones de transmisión eléctrica en extra alta tensión.

▪Proyectos de biomasa con la implantación de cultivos energéticos en extensiones de 50 a 500 hectáreas.

▪Implementación de planta nuclear para acelerador de partículas circulares – ciclotrón.

▪Construcción de estadios, coliseo y centros deportivos con capacidad mayor a 20.000 espectadores.

▪Construcción de carreteras pavimentadas.

Por último, entre las AOPs que requieren un nivel de análisis analítico integral de Categoría 1 encontramos:

▪Minería a cielo abierto.

▪Perforación de pozos hidrocarburíferos exploratorios en Áreas Protegidas o sitios RAAMSAR.

▪Construcción de planta para reactores nucleoeléctricos.

▪Construcción de parques industriales.

Si bien el Decreto Supremo N° 3856 establece que las AOPs ubicadas dentro de Áreas Protegidas deben cumplir con las disposiciones del Reglamento General de Áreas Protegidas y las normas de creación de cada Área Protegida, esto es un “saludo a la bandera” pues el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) es una institución TOTALMENTE SERVIL a los intereses políticos del gobierno, que a su vez responden a los intereses neocolonialistas de los gobiernos de China, Rusia, Venezuela, Cuba y sus demás aliados.

Resulta preocupante notar en esta normativa ambiental, al igual que su predecesora, el nivel de detalle que se brinda a los sectores de hidrocarburos, energía y minería, mientras no se menciona nada sobre el sector maderero (explotación forestal maderera), como si esta actividad fuera inexistente en nuestro territorio.

Éstos son los parámetros que rigen la protección de nuestro medio ambiente (el patrimonio natural que nos queda y heredaremos a nuestros hijos y nietos). Ya no hay discurso sobre la “Pachamama” ni el “Vivir Bien” que pueda sustentar este tipo de políticas favorables al extractivismo hidrocarburífero, minero y energético sin precedentes. Si las sociedades de profesionales, instituciones, organizaciones libres e independientes, los Pueblos Indígenas y la ciudadanía en su conjunto, NO REACCIONAMOS para frenar la depredación irracional de nuestro medio ambiente, con la excusa del progreso, sólo seremos recordados como la generación que permitió el saqueo y destrucción de nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente y toda la Vida que de él depende.


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