¿Es necesaria y posible la Injerencia Humanitaria en Venezuela?

¿Es necesaria y posible la Injerencia Humanitaria en Venezuela?

Nota: Los editores difundimos el presente material para el análisis y la discusión, no necesariamente compartimos los puntos de vista del autor.
Introducción

En las últimas décadas, dentro del derecho internacional ha tomado forma una corriente que va en contra del derecho internacional clásico, cuestionando específicamente a la no injerencia como uno de sus preceptos fundamentales.



¿Es necesaria y posible la Injerencia Humanitaria en Venezuela?

Introducción

En las últimas décadas, dentro del derecho internacional ha tomado forma una corriente que va en contra del derecho internacional clásico, cuestionando específicamente a la no injerencia como uno de sus preceptos fundamentales.

El uso de la guerra para dirimir controversias entre naciones había quedado atrás después de la segunda guerra mundial y la aparición en ésta de la guerra total.
Según Carl Von Lausewitz, la guerra total, en contraste a la guerra clásica que enfrentaba a los ejércitos en el campo de batalla, consiste en el bombardeo de la población civil para vencer la resistencia del adversario a través del ejercicio de una presión interna en su territorio.

Este nuevo tipo de guerra mostró ser una forma más cruenta y peligrosa para la humanidad en su conjunto, y se formó la idea de que definir la no injerencia como principio fundamental del derecho internacional, reduciría los potenciales conflictos en el mundo, circunscribiéndolos a sus límites territoriales.

Este enfoque ha cambiado con la definición de los derechos humanos y los eventos ocurridos en las últimas décadas del siglo XX. Eventos que han llevado a los pensadores del derecho internacional a priorizar los derechos fundamentales de las personas por sobre los derechos de las naciones.

Referentes conceptuales

Se puede apreciar el enfoque positivo de la no injerencia en el artículo 2.4 de la carta de las naciones unidas que dice:

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Esta postura se muestra más explícita en el artículo 2.7 al expresar:

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta.

Sin embargo, el desarrollo de la política internacional y especialmente el desarrollo de los derechos humanos como bienes jurídicos a ser tutelados por la comunidad internacional, y la violación sistemática de éstos por los gobiernos dictatoriales de la segunda parte del siglo XX han provocado un replanteamiento sobre la visión que debe existir en función a las prioridades de los organismos internacionales.

Si bien el artículo 39 de la misma carta de la ONU dice:

…el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Los artículos 41 y 42 permiten la ejecución cualquier acción militar que se considere necesaria a desarrollar por fuerzas aéreas, navales o terrestres
El consejo de seguridad de las naciones unidas ha ido ampliando la cobertura del artículo 39 al calificar como amenaza a la paz aquellos supuestos en que la situación interna de un país llega obstaculizar una acción de ayuda humanitaria a la población víctima de un conflicto, como así ha ocurrido en Irak, Somalia, Ruanda.

El paso siguiente podría consistir en extender el ámbito del artículo 39 a las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos, lo que en definitiva justificaría la injerencia humanitaria.

En este contexto es que el derecho internacional humanitario aparece como una necesidad y se basa en la minimización de las consecuencias de conflictos bélicos sobre la población civil, tanto como por ataques directos, como por la obstaculización de ayuda humanitaria.

El derecho internacional humanitario se invoca solamente cuando las condiciones normales de convivencia en un estado de derecho no se den, ya sea por un conflicto bélico, o por una situación interna que represente una potencial vulneración de los derechos humanos de la población civil. Es muy importante entender este concepto ya que es en él que vemos que el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, y por esto, no necesariamente condiciona el desenvolvimiento de los asuntos particulares de los países a menos que se presente el riesgo mencionado, saliendo así del conflicto entre la injerencia y no injerencia sobre la soberanía.

Si bien no existe de forma positiva ningún tipo de condicionante que permita objetivamente la injerencia en un país con base exclusiva en principios humanitarios, las corrientes expuestas pueden funcionar como doctrina, y en muchos casos se constituyen como jurisprudencia al tener varios ejemplos en que los diferentes organismos internacionales han participado en la mitigación de la vulneración de los derechos humanos ejercida por estados dictatoriales.

Pese a que la fuente del derecho internacional es mayormente positiva (acuerdos internacionales, resoluciones emitidas por la ONU y similares), estas normas siempre han respondido a la adecuación del pensamiento colectivo sobre cómo debería desarrollarse el mundo, con una visión sistémica de éste.

Bajo este enfoque, no es reprochable la interpretación de los acuerdos internacionales priorizando los derechos humanos fundamentales, sobre los cuales además, la opinión internacional ya se ha puesto de acuerdo.

La situación en Venezuela

Venezuela ha pasado de ser uno de los países más ricos de la región, a ser un país desolado por el hambre y la escasez de todo tipo de productos, incluyendo los productos tan básicos como el pan y el papel higiénico.

Esta situación, fundamentalmente generada por el mal manejo económico del gobierno de Nicolás Maduro y de las altas cargas al erario público, adquiridas durante el mandato de Hugo Chávez, en un tiempo en que la cotización del petróleo excedía los $us 120 por barril, el petróleo es el principal producto de exportación de Venezuela y representa, en la práctica, la totalidad de los ingresos del país, ha llevado a la insostenibilidad de las políticas económicas actuales, en que además de ver mermado el precio del petróleo, ha reducido al 20% su producción de crudo. Ante la reducción de los ingresos, el gobierno de Maduro optó por cubrir el déficit fiscal ocasionado por las políticas asistencialistas, con emisión de papel moneda, situación que puede funcionar bajo condiciones estrictas que Venezuela no asumió, y sobre todo por un periodo corto de tiempo (El tiempo, 21 de enero de 2018).
Con perspectivas de cerrar el año con una inflación de más de un millón de puntos porcentuales (FMI), la situación económica se ha traducido en protestas de la población que ve reducidos sus ingresos, pero sobre todo, sienta la carencia de alimentos y salud por la escasez que existe.

Estas protestas, que han ido incrementándose durante los últimos meses, han sido reprimidas por el gobierno, haciendo uso de la fuerza a su disposición, quebrantando no solamente derechos establecidos en la Constitución Venezolana, como es el derecho a la protesta, sino que también ha vulnerado los derechos humanos básicos establecidos como tales por los organismos supranacionales internacionales, como el derecho a la vida.

Esta situación se evidencia en el estudio desarrollado por la ONU a través del departamento del alto comisionado para las naciones unidas de los derechos humanos, que versa específicamente sobre la situación resultante de las protestas acontecidas entre el 1ro de abril al 31 de Agosto de 2017.

En este informe, no solamente se muestra la vulneración del derecho a la vida, evidente a través de la muerte de 46 manifestantes que fueron muertos por el gobierno de forma confirmada, también existe un número mayor de personas que perdió la vida, pero que no se ha podido confirmar que su deceso haya correspondido a las fuerzas del partido de gobierno, indica que de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27 de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos.

Durante el periodo que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de 1.958 casos de lesiones registrados en el contexto de las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, indica que las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos.

El Alto Comisionado también informa: El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número.

En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas.

Además de que la situación económica ha generado éxodos de gente hacia los países limítrofes de Venezuela, el mantenimiento de las políticas económicas y el recrudecimiento de las protestas, nos llevan a pensar que la coyuntura actual solamente empeorará, manteniendo el riesgo de vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos por parte del gobierno, y el posible contagio de las carencias venezolanas a las naciones vecinas que se han visto rebasadas en su capacidad de asimilar a los migrantes.
El mencionado informe, realizado tomando en cuenta indicadores oficiales, no oficiales y entrevistas a más de cien ciudadanos que participaron en las protestas, nos muestra además la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones.

Conclusiones

Habiendo definido con anterioridad el camino que toma el derecho internacional en este tipo de situaciones, y viendo completamente configurada la situación de excepción definida explícitamente por el derecho internacional humanitario, al evidenciarse las vulneraciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libre asociación y muchos otros, y ser una situación que además muestra una tendencia a empeorar, las condiciones para una injerencia humanitaria en Venezuela están totalmente justificadas.

En función a las circunstancias, los informes oficiales de la ONU, y los medios de prensa, podemos llegar a la conclusión de que se han vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, y que además la situación interna se constituye en una amenaza para los países limítrofes, no solo por el fenómeno de la migración masiva, sino también por la posibilidad de afectar de forma negativa sus economías, generando así coyunturas similares.

Como vemos, además es importante revisar y actualizar los principios de Derecho Internacional que postulan a la No Injerencia como el camino a seguir al buscar la reducción de los conflictos a nivel mundial, ya que si bien es posible que se reduzcan los conflictos bélicos entre naciones, los habitantes de países con regímenes totalitarios se ven vulnerables a la transgresión de sus derechos fundamentales, definidos como tales por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que nos muestran un consenso de la humanidad en general sobre los derechos que deben ser resguardados por sobre cualquier otro principio.

Bibliografía

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Infobae. (09/11/2018). A Colombia le falta el 90% del dinero necesario para atender a la migración venezolana. 11/11/2018, de Infobae Sitio web: https://www.infobae.com/america/colombia/2018/11/09/a-colombia-le-falta-el-90-del-dinero-necesario-para-atender-a-la-migracion-venezolana/