Comunidades de Bolivia se articulan a nivel regional en contra de los megraproyectos

Comunidades de Bolivia se articulan a nivel regional en contra de los megraproyectos

La Mancomunidad de Comunidades del Chepete Bala y otras organizaciones afectadas por megaproyectos fueron parte de congreso de la IV Cumbre Amazónica organizada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).



Comunidades de Bolivia se articulan a nivel regional en contra de los megraproyectos

La Mancomunidad de Comunidades del Chepete Bala y otras organizaciones afectadas por megaproyectos fueron parte de congreso de la IV Cumbre Amazónica organizada por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) celebró su cuarta cumbre “Amazonia viva Segura” en Macapá (Brasil) con la participación de la Mancomunidad de Comunidades del Rio Beni, Quiquibey y Tuichi y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Las organizaciones bolivianas trabajan en la consolidación de articulaciones regionales con otros pueblos indígenas de diferentes territorios que se ven afectados por una serie de mega-proyectos hidroeléctricos y de infraestructura que amenazan la vida y derechos de los pueblos indígenas.

“Estamos en resistencia sobre todo lo que es el mega proyecto hidroeléctrico del Chepete y Bala que el gobierno quieren inplantarlo a capricho, vulnerando nuestros derechos. Queremos denunciar que estan haciéndonos el deplazamiento total de algunas comunidades, somos muchas familias que seremos afectadas. Queremos que todos lo sepan en este importante evento”, señaló el presidente de la Mancomunidad de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Valentín Luna, desde Brasil.

La cumbre de la más grande organización indígena amazónica se realizó en el estado de Amapá al nor-este del vecino país, del 18 al 22 de junio y firmaron un documento denominado “Mandato de Macapá” para ejercer “de hecho” sus derechos colectivos de manera urgente.

Extractivismo, contaminación, criminalización a líderes defensores de territorios indígenas, amenaza a pueblos en aislamiento son solo algunas de las problemáaticas que vulneran la vida y el territorio de los pueblos y movimientos que fueron parte de la cumbre.

El documento surgido del encuentro denuncia los retrocesos en derechos indígenas y legalización de los territorios ancestrales en los países amazónicos, simultáneo al aumento de la destrucción de selvas y pueblos por el extractivismo e infraestructura en el marco del IIRSA-COSIPLAN, agronegocio, minería, hidrocarburos, tala y otras que harán fracasar las metas climáticas del Acuerdo de París de reducción de emisiones.

Del encuentro internacional participaron 55 organizaciones de nueve países que forman parte de la COICA somo son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Guyana Francesa, Suriname y Venezuela quienes debatieron sobre diversidad de temas con los siguientes pilares: Economía indígena y vida plena; gobiernos territoriales; ambición climática, infraestructura y post extractivismo; criminalización de los pueblos indígenas; e Iglesias, Amazonía y pueblos indígenas.

La cumbre de la COICA también impulsó la demanda de titulación para 100 millones de hectáreas de territorios indígenas en los nueve países amazónicos.

Además de las organizaciones indígenas amazónicas y del mundo, el documento firmado en la cumbre de la COICA convocó también a la opinión pública, a con un sentido de urgencia, para la realización de acciones articuladas y colectivas.

“Organizar un equipo de defensa de defensores en la acción jurídica, política e incidencia, juicio a los Estados ante la CIDH, OIT, CERD, ONU por la inseguridad jurídica territorial y la no titulación territorial de 100 millones pendientes”, dice el documento.

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey advirtió que el desastre de HidroItuango en Colombia, se puede repetir en Bolivia con la mega-represa Chepete-Bala.

La hidroeléctrica Hidroituango ubicada en la cuenca del río Cauca en Colombia afectó hasta ahora a 5.000 personas y podría desplazar a otros 120 mil habitantes de cinco municipios que se encuentran en riesgo por fallas geológicas, deslizamientos y posible ruptura de la represa, ubicada a unos 170 kilómetros de Medellín.

La problemática de los mega proyectos hidroelectricos afectan a muchos países de la región, la mancomunidad denunció en la cumbre que si el gobierno de Bolivia insiste en la viabilidad de este proyecto la afectación llegaría a 48 comunidades amazónicas y destruirá un superficie de 750 kilómetros.

El documento final de la cumbre reivindicó a la cuenca amazónica como “un gran ser vivo” por lo cual llamó a la unidad y a la cooperación regional para superar las intervenciones fragmentadas.

“Y que toda acción con COICA sea desplegada en todos los nueve países de la cuenca; y considerando el carácter transfronterizo de la cuenca que supera los límites de los estados nacionales, reiteramos nuestro llamado de septiembre 2017 para conformar una misión de emergencia de Naciones Unidas ante las graves amenazas, que eviten su colapso que ocasionaría una catástrofe global “, dice el documento.

La lucha de los pueblos indígenas en Bolivia

El mega-proyecto hidroeléctrico del Chepete-Bala afectará a seis territorios indígenas de manera directa. Más de 771 kilómetros cuadrados de dos Áreas Protegidas como son Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas serán afectadas. Tres ríos, la principal vía de transporte de las comunidades serán alterados para siempre, 48 comunidades indígenas y campesinas serán inundadas, entre los que se encuentra el pueblo en aislamiento voluntario probablemente Toromonas y más de 5.000 indígenas desplazados de sus territorios.

El Gobierno del Presidente Evo Morales señaló en varias oportunidades la prioridad e interés nacional del proyecto con el argumento de convertir a Bolivia en un centro exportador de energía al resto de Sudamérica. Aunque se promete vender la energía generada por esta hidroeléctrica, ni Brasil ni otro país ha realizado hasta ahora ningún un acuerdo oficial al respecto.

El 2016, la estatal ENDE contrató a la empresa italiana Geodata para realizar estudios de pre factibilidad del proyecto Bala-Chepete sin haberse realizado una consulta previa, esto generó que los afectados directos por el megaproyecto se declarasen en estado de emergencia y empezaron manifestaciones de resistencia desde sus comunidades apoyados por movimientos autoconvocados emergentes en todo el territorio nacional.

En octubre del 2016 instalaron una vigilia de 12 días para expulsar de su territorio a GeoData logrando que la empresa subsidiaria “Servicons” retirara sus maquinarias.

A pesar de este rechazo legítimo de las comunidades ENDE firmó contrato con GeoData para la licitación internacional del mega-proyecto hidroeléctrico El Bala-Chepete, bajo el argumento que la Constitución Política del Estado de Bolivia prevé la consulta previa libre e informada solo para proyectos de energía no renovables, aunque la norma establece que se debe realizar la consulta cuando se realizarán acciones legislativas y administrativas que vayan afectar.

Según la experiencia de diferentes países de la región (Brasil y Colombia) y del mundo (EEUU y Canada) este tipo de represas tiene una vida útil de aproximadamente 50 años por lo que no clasifica como energía renovable.

El informe de la Comisión Mundial de Represas, WCD por sus siglas en inglés y con el título: Represas y desarrollo: Un Nuevo Marco para la toma de decisiones indica que a nivel mundial las grandes represas no han entregado los beneficios que sus promotores han predicho.

Al mismo tiempo, los efectos negativos de las grandes represas han sido más cuantiosos de lo que se había antes imaginado. Además de los efectos sociales y económicos causados por los desplazamientos, la WCD estima que quizá entre el 1 y el 28% de las emisiones mundiales de estos gases proviene de las aguas embalsadas. El 20% de los terrenos regados de las represas grandes se pierden por la salinización y el anegamiento, y que el 5% del agua dulce del mundo se evapora de los embalses.

Las represas grandes han sido apenas marginalmente viables en lo económico ya que los costos de las represas exceden de lo presupuestado en un 56% y en el tiempo previsto se retrasa por más de un año. A su vez, más de la mitad de las represas hidroeléctricas revisadas generan menos energía de lo proyectado y en términos de suministro de agua el 70% no llegó a sus objetivos.

El informe encuentra que el status quo es inaceptable; que los sobresalientes problemas sociales y ambientales asociados con las represas existentes necesitan ser confrontados; y que los derechos de todas las gentes, particularmente pueblos indígenas, deben ser respetados.